Publicado el: Sab, Feb 14th, 2015

Rechazan denuncia de Maduro sobre complot magnicida en Venezuela

Rechazan denuncia de Maduro sobre complot magnicida en Venezuela
La movida parece estar más dirigida a desviar la atención de los mayores problemas sociales y económicos del gobierno

Algunos de los oficiales venezolanos implicados en el presunto complot de magnicidio revelado por el régimen de Nicolás Maduro pretendían distribuir un video que mostraba el descontento dentro de las Fuerzas Armadas ante la situación interna del país, pero ninguno de ellos tenía planes de asesinar al gobernante chavista, mucho menos con un bombardeo aéreo como aseveró el gobierno.

Personas cercanas a la situación dijeron a el Nuevo Herald que solo dos de los 11 militares acusados por el régimen estaban interesados en divulgar el video a los medios de comunicación internacionales, mientras que los otros fueron involucrados en el estrafalario complot debido a que son oficiales críticos del régimen.

Algunos de los implicados en la presunta conspiración ya llevaban cerca de un año bajo arresto, con poco acceso al mundo exterior.

El ex comandante de la Aviación, general retirado Maximiliano Hernández Vásquez, el coronel José Suárez Rómulo, y otros oficiales de los niveles medios y bajos, fueron señalados la noche del jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello, de haber participado en un plan de golpe de Estado.

Durante su programa nocturno “Con el Mazo Dando” que transmite la televisión estatal, Cabello indicó que tres de los militares implicados el caso han sido detenidos y otros dos están prófugos, pero no precisó la situación del resto.

El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, dijo en el programa nocturno que el general de la Aviación Oswaldo Hernández Sánchez, quien también estaría implicado en el nuevo complot, denunció que el diputado opositor Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia, fue la persona que escogió los “objetivos tácticos” que serían atacados en el presunto golpe.

Cabello y Rodríguez también implicaron al dirigente opositor Diego Arria, a la diputada María Corina Machado, al alcalde de Caracas Antonio Ledezma y al empresario venezolano radicado en Estados Unidos, Pedro Mario Burelli.

Horas antes, el propio Maduro había dicho que el propósito era matarlo.

“La estrategia trazada desde Washington” consistía en “artillar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores […] o donde yo participara” en los actos conmemorativos convocados por el oficialismo con motivo del Día de la Juventud, del 12 de febrero, declaró Maduro en un acto de gobierno televisado.

El líder bolivariano dijo que el avión iba a ser traído del exterior, por lo que ordenó “alertar” a gobiernos vecinos, entre ellos Colombia, para que evitaran cualquier incursión desde sus territorios.

“Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento, un atentado, un ataque”, insistió. “Están presos los conjurados […] estamos desmantelando el resto de este atentado golpista”.

Pero personas allegadas a los oficiales implicados dijeron que las acusaciones carecen de fundamento.

“Ellos solo tenían al intención de sacar el video, pero no eran todos los oficiales mencionados, eran solo dos de ellos”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

El video buscaba expresar a la comunidad internacional que dentro de las Fuerzas Armadas conviven sectores que están hartos del descalabro económico y social que se abalanza sobre Venezuela y sobre la presidencia de Maduro.

“Todo lo demás es una fabricación que están sacando porque el gobierno está tan encochinado [enredado], con la crisis que vive el país, el escándalo que reventó sobre los miles de millones de dólares robados que fueron encontrados en el HSBC de Suiza, y ahora con las acusaciones de que Diosdado Cabello es el jefe del narcotráfico en Venezuela”, agregó.

Nelson Rincón, un teniente venezolano que es amigo cercano de los implicados, coincidió con la fuente.

“Todo eso es una patraña del gobierno”, dijo Rincón, quien ahora reside en Orlando.

Agregó que si bien algunos de los acusados sienten simpatía por la oposición, los oficiales que él conoce no estaban conspirando activamente contra el régimen de Maduro.

Para Diego Arria, quien fue ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, las acusaciones en su contra formuladas por Cabello no causan sorpresa.

La presentación de estas quimeras “está muy de acuerdo con su figura pública conocida internacional como el capo del la banda de narcotraficantes conocida como el Cartel de los Soles, es decir como el jefe de los narcos en Venezuela”, dijo Arria en Miami.

“Hacer este tipo de acusaciones, absolutamente falsas, es consecuente con todo lo que él representa. Su reacción es la típica reacción de un capo de las mafias, que es amenazar”, en este caso con el uso del sistema judicial venezolano para la persecución política, agregó.

Cabello, quien es actualmente el segundo hombre en importancia del régimen, ha sido implicado en operaciones de narcotráfico por antiguos colaboradores del chavismo. Algunos de los testigos que colaboran con las autoridades estadounidenses lo identifican como el jefe de las operaciones de droga realizadas por oficiales activos de las Fuerzas Armadas.

Para la activista de los derechos humanos Patricia Andrade, la incorporación de dirigentes de la oposición en el presunto complot es una señal de que pronto enfrentarán cargos ante el sistema judicial.

“Están sacando material de viejas conspiraciones, como para ‘cocinar’ este golpe para luego ir contra los que están acusando ahora, personas como María Corina [Machado] y Ledezma, contra quienes ahora también se está cocinando algo en los tribunales”, dijo Andrade, presidenta de la ONG Venezuela Awareness.

Pero el objetivo central de las “poco creíbles” denuncias presentada esta semana por el chavismo es servir de cortina de humo, dijo Diego Moya-Ocampos, analista de riesgo político senior para la firma IHS.

“La movida parece estar más dirigida a desviar la atención de los mayores problemas sociales y económicos del gobierno, que incluyen el lanzamiento de un nuevo sistema de control de cambio que devalúa la moneda, la intensificación del desabastecimiento de los alimentos y de los productos básicos, y los crecientes manifestaciones de protestas sociales”, dijo Moya en un reporte dirigido a los clientes de la firma.

“El gobierno teme que las protestas puedan pasar desde las áreas comerciales hasta los barrios pobres y escalar a una situación de turbulencia social como el Caracazo de 1989, una semana de descontento social y saqueos de gran escala que dejaron miles de muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden público”, agregó.

El Nuevo Herald/Antonio María Delgado

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