Ortega acusa a ex gobernador por el caracazo del 89 mientras celebra golpe del 4F
El Ministerio Público (MP) acusó al ex gobernador del extinto Distrito Federal, Virgilio Rafael Ávila Vivas (71), por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.
Los fiscales 1° y 4° ante las salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 30° nacional, Néstor Castellanos Molero, María Cristina Vispo López y Roberto Acosta, respectivamente, acusaron al ex funcionario por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional, en grado de complicidad correspectiva, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal vigente para el momento de los hechos.
En el escrito presentado ante el Tribunal 32° del área metropolitana de Caracas, los representantes del MP solicitaron la admisión de la acusación, de las pruebas aportadas y que se ordene el enjuiciamiento de Ávila Vivas, quien para la fecha era el gobernador designado por el presidente de la República de la época, Carlos Andrés Pérez.
Vale destacar que por este caso fueron pasados a juicio el exministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro; el excomandante de la Policía Metropolitana (PM), José Rafael León Orsoni; el exsegundo comandante de la PM, Luis Guillermo Fuentes Serra; y el jefe del comando regional 5º de la Guardia Nacional para la época, Freddy Ventura Maya Cardona, por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía, en grado de complicidad necesaria, y quebrantamiento de pactos internacionales, válidamente suscritos por la República.
De acuerdo con la investigación, entre el 27 y 28 de febrero y primeros días del mes de marzo de 1989, se desarrollaron una serie de protestas y disturbios conocidos como El Caracazo.
El movimiento social se inició en la ciudad de Guarenas y la masacre, donde se manejan un número aproximado de 331 fallecidos, ocurrió cuando fuerzas de seguridad de la PM, del Ejército y de la Guardia Nacional, comandadas por los ahora acusados, salieron a las calles y arremetieron contra la población que se encontraba protestando.
LUISA ORTEGA CELEBRA EL ASESINATO
Miembros de la Mesa de Unidad denunciaron este jueves ante la Organización de Estados Americanos al presidente Hugo Chávez y al ministro de Defensa Henry Rangel Silva, por preparar la celebración, junto a todos los poderes públicos el próximo sábado, del intento de sangriento de golpe de Estado que protagonizó hace 20 años, al considerar que se hace una apología del delito.
“El secretario general, José Manuel Insulza, al menos privadamente, aunque debería ser de manera pública, le debe hacer saber que resulta muy desagradable para un organismo como la OEA, que representa a Gobiernos democráticos”, que el de Chávez conmemore este intento de golpe “como si se tratase de una fiesta patria”, dijo a periodistas el coordinador de la Comisión de Luchas de la MUD, Enrique Ochoa Antich.
Tras entregar la misiva, Ochoa Antich dijo que tal conmemoración “constituye una violación de la letra y del espíritu de la carta Democrática Interamericana”, además de que “es una apología del delito” según el Código Penal venezolano.
Aviones y helicópteros de guerra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) surcan los cielos de Caracas en vuelos de preparación para la parada militar que se efectuará el sábado, en conmemoración de la intentona del 4 de febrero de 1992 contra el Gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
Chávez, entonces como teniente coronel del Ejército, lideró junto a otros mandos bajos e intermedios de la Fuerzas Armadas ese intento de golpe que le costó la carrera militar y dos años de cárcel, de la que salió gracias a una amnistía y fundó un partido político con el cual ganó las elecciones presidenciales de 1998
Los miembros de la Comisión para la lucha social de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Ochoa Antich y Pedro Arturo Moreno, emitieron una carta destinada al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza para denunciar al presidente Hugo Chávez Frías y al general Henry Rangel Silva.
La denuncia obedece a la presunta violación de la Carta Democrática Interamericana por parte del presidente Hugo Chávez Frías y al general Henry Rangel Silva. Asimismo, el texto señala que ambos están cometiendo apología del delito, según lo establecido por el Código Penal venezolano, al conmemorar el 4 de febrero de 1992.
EXTRACTO DEL DOCUMENTO
*La MUD, comprometida como está con la democracia como ruta y fin, tiene por convicción y patrimonio intelectual el rechazo a todo golpe de Estado: no importa que pretenda ser justificado desde el punto de vista del pensamiento de izquierda o del pensamiento de derecha. En tal sentido, los demócratas de Venezuela repulsamos, para hablar de eventos de nuestra historia más reciente, tanto los intentos de golpes de Estado del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992 como el golpe de Estado del 12 de Abril de 2002. Ni Chávez ni Carmona expresan las aspiraciones genuinamente democráticas del pueblo venezolano.
*Esta Comisión de la MUD para la Lucha Social cree que la democracia como ruta se expresa en la acción política y electoral y en la lucha popular pacífica.
*Nada niega más la ruta democrática, es decir, la lucha política y electoral y la lucha social, que un golpe de Estado. De modo que la promoción de un golpe de Estado contradice la democracia como fin y como ruta pues enaltece la sublevación militar contra el orden constitucional establecido como medio para dirimir los asuntos del poder y de la negociación social.
*El gobierno del teniente coronel Chávez Frías, de algunos años a esta parte, celebra, cual si fuera fecha patria, el aniversario de lo que no fue sino una tentativa de golpe de Estado. Es verdad que forma parte de nuestra historia, y que existen causas profundas: políticas, económicas, sociales, morales y militares que explican aquel alzamiento militar (pero no lo justifican), y que corresponderá a la posteridad el juicio definitivo sobre ese hecho. Pero de allí a conmemorarlo con una fiesta oficial por parte del gobierno y de las demás instituciones del Estado, desfile militar incluido, constituye un flagrante quebrantamiento de los más elementales principios democráticos.
*Se reproducen citas de Chávez y Rangel encomiando el 4F.
*Es por todo lo anterior que esta Comisión de la MUD para la Lucha Social impone a esa Secretaría General de estas informaciones y confía en que los Estados miembros puedan evaluarlas adecuadamente.
*Esta conmemoración oficial constituye, a nuestro modo de ver, un quebrantamiento del articulado de la Carta Democrática Interamericana sancionada por el organismo el 11 de septiembre de 2001. Entre otros preceptos, podríamos citar su artículo 1 que dice:
“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
¿Se promueve y defiende acaso la democracia conmemorando oficialmente el intento de un golpe de Estado clásico como fue el alzamiento militar de febrero de 1992?
Y sus artículos 26 y 27 que, acerca de la promoción de los valores democráticos, establecen:
“La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos” y
“Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social”.
¿Acaso se educa en los valores democráticos cuando se enaltece el uso de las armas y de la violencia como medio para acceder al poder político?
*Del mismo modo, esta celebración conmemora un hecho claramente delitual desde el punto de vista del Código Penal venezolano, que en su Título I, referido a “los delitos contra los Poderes Nacionales y de los Estados”, establece en su artículo 144:
“Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:
“1.- Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.
“2.- Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República…”
Por tanto, los actos conmemorativos de un intento de golpe de Estado como el del 4 de Febrero de 1992, constituyen una instigación a delinquir, delito que cometen sus principales promotores: el teniente coronel en situación de retiro Chávez Frías y el general Rangel Silva. En efecto, el Código Penal, en su Título V acerca de “los delitos contra el orden público”, Capítulo II, referido a “la instigación a delinquir”, en su artículo 286, establece que:
“El que públicamente (…) hiciere la apología de un hecho que la ley prevé como delito, de modo que se ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a seis meses”.
¿Qué diría Chávez si se propusiese que la juventud militar actuase hoy con imitando a los oficiales de 1992? ¿Con qué autoridad política, moral y militar podría discutir ese llamamiento? ¿Cómo puede negarles a los militares su supuesto derecho a alzarse en armas contra el orden constitucional establecido si se les obliga a desfilar conmemorando el alzamiento militar del 4 de Febrero? ¿Lo que es bueno en un caso no lo es en el otro? ¿Quién es el supremo y divino juez que establece las diferencias?



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