Published On: mié, Abr 23rd, 2014

Brewer-Carías: Reflexiones sobre la situación en Venezuela

 “…la violencia o atropello institucional desarrollado por el Estado, es “legal” y “democrático” porque lo avalan todos los poderes públicos, así se abuse del poder”

Por: Allan Randolph Brewer-Carías*

Debo comenzar agradeciendo a Javier Martínez por esta honrosa invitación para participar en estas gratas “Tertulias españolas en Manhattan,” en este Solera, con nuestros entusiastas anfitriones Rufino y Montse. Y entre los contertulios mi especial agradecimiento a Teresa y Fermín Ezquer por haber intermediado en esta invitación para, como me lo pidió Javier, tratar de ayudarles “a encontrar las claves de lo que acontece y nos inquieta” en Venezuela, mi país, tan vinculado a España.

Y para comenzar debe hacerlo con una aproximación institucional –propia de mi deformación académica – partiendo de lo que hace unos días dijo en Caracas la Defensora del Pueblo – cuya función fundamental en la Constitución es la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos – tratando de justificar una inconstitucional sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, también de la semana pasada, que condenó y encarceló a un Alcalde de la oposición, Sr. Scarano, sin debido proceso, usurpando la jurisdicción penal, por el supuesto delito de desacato a un mandamiento de amparo, revocándole de paso su mandato electivo. La funcionaria quiso justificar la inconstitucional decisión diciendo:

“Es imposible que con la presencia de todos los poderes públicos se cometa una ilegalidad.”

Tan simple como eso. O sea, que si el Estado totalitario – que es el que controla la totalidad de los poderes y de la vida de los ciudadanos – viola los derechos humanos, si ello lo hace con la participación de todos los

poderes públicos, así sea contrario a la Constitución, entonces ello es “legal.”

Lo dicho por la Defensora del Pueblo me recordó la terrible conclusión a la cual llegó el senador español por Vizcaya, Iñaki Ianasagasti, nacido en Venezuela por el exilio vasco de sus padres, después de leer la traducción del profesor Carlos Armando Figueredo del libro de Ingo Müller, Los Juristas del Horror, sobre la conducta de los jueces durante el nazismo, y que fue que “los atropellos, las prisiones, las torturas y aún el exterminio en masa se hicieron de manera legal y apegado a la norma,” pues – agrego yo – estaban apoyados por todos los poderes públicos que comandaba el Führer.

Y esa es la terrible conclusión que se puede sacar cuando uno se aproxima a lo que ocurre en Venezuela, que como todo régimen totalitario controla todos los poderes públicos, incluido además, el denominado “cuarto poder” que son los medios de comunicación; todo lo que hace es “legal,” y además, como producto básico de exportación del régimen, es también supuestamente “democrático” porque los funcionarios del régimen fueron electos, así las elecciones hubiesen estado viciadas, sean fraudulentas, e incluso, quien fue electo Presidente el año pasado ni siquiera ha podido a esta fecha comprobar que era elegible, es decir, que es venezolano por nacimiento sin tener otra nacionalidad; como lo requiere una norma constitucional.

La terrible conclusión en Venezuela, en la situación actual, como se deduce de lo afirmado por la Defensora del Pueblo, es entonces que toda la violencia o atropello institucional desarrollado por el Estado, es “legal” y “democrático” porque lo avalan todos los poderes públicos, así se abuse del poder; así se despilfarre el erario público; se cierren medios de comunicación; se discrimine políticamente a la mitad del país; se asesine indiscriminadamente, con total impunidad; se cometan fraudes electorales; se destruya la economía y el aparato productivo; se ahogue la iniciativa privada y se confisque; se prive de libertad a opositores, sin control; así e reprima, se veje, se torture a estudiantes y manifestantes indiscriminadamente; todo ello sin control; pero es legal porque todos los poderes públicos responden al unísono a una misma orden, como si se tratase de un cuartel.

Y dicho sea de paso, no me refiero sólo a los tres clásicos poderes del Estado que conocimos desde la escuela, sino a cinco, pues además del legislativo, el ejecutivo y el judicial, nosotros tenemos – único caso en el derecho constitucional comparado – otros dos poderes: el poder electoral y el poder ciudadano, pero igual, todos debidamente sometidos a un solo poder que es el que controla el aparato del Estado.

Todo ello lo que evidencia es que el Estado venezolano, por más cinco poderes que tenga y por más que haya habido elecciones, no es un Estado de derecho, ni el régimen político que lo sustenta es una democracia. La democracia es bastante más que elecciones y basta recordar lo que indica la Carta Democrática Interamericana de 2001, que los países latinoamericanos que la adoptaron se niegan a leer siquiera y menos a implementar o exigir que se cumpla, en la cual se precisan cinco elementos esenciales de la democracia: el respeto a los derechos humanos y libertades públicas; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; la separación e independencia de poderes, y la realización de elecciones periódicas, libres y justas mediante sufragio universal. La elección es sólo uno de los cinco elementos, siendo el de la separación de poderes el elemento clave porque la efectividad de todos los otros cuatro depende de éste, en el sentido que sin separación de poderes no puede haber garantía de derechos, ni elecciones libres, no pluralismo, ni Estado de derecho.

Ya hace varios siglos el barón de Montesquieu, – de quien todos hemos oído hablar alguna vez – nos enseño que:

“todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él, y lo hace hasta que encuentra límites, [agregando que] para que no se pueda abusar del poder es necesario que por la disposición de las cosas, el poder limite al poder.”

Ahora, la pregunta clave es ¿Cómo llegamos los venezolanos a esta lamentable situación que nos resume la Defensora del Pueblo? Y ustedes se preguntarán: ¿Cómo llegó Venezuela a esto, sobre todo cuando durante toda la segunda mitad del siglo pasado tuvo la democracia más envidiada de Latinoamérica, por su continuidad y estabilidad; habiendo sido incluso refugio seguro de tantos perseguidos por tantas dictaduras? Un país que gozó de un régimen político que con todos sus defectos, se caracterizó por

tener alternabilidad en el ejercicio del poder, separación de poderes, elecciones libres, partidos políticos fuertes, libertades públicas, libertad de expresión, discusión abierta de ideologías y organizaciones de la sociedad civil, empresariales y sindicales fuertes. ¿Que pasó? ¿Cómo llegamos a esto?

Nada surge de la nada, y en nuestro caso, el autoritarismo – como en tantos otros casos en la historia – fue producto de la crisis del sistema de democracia de partidos, derivada del propio deterioro de los partidos políticos a quienes en ese devenir, simplemente se les olvidó el país, y se les olvidaron las exigencias que imponía la propia democracia que habían creado, siendo su debilidad final o terminal lo que permitió y facilitó el asalto al poder perpetrado en 1998 por un militar golpista que fue Hugo Chávez y sus seguidores, mediante un golpe constituyente; seis años después de haber fracasado en un primer intento de asalto mediante un cruento golpe militar.

Quienes asaltaron el poder fueron los mismos, pero lo único que varió fue el método y la forma. En 1992 fue un intento de clásico golpe militar pero para establecer un Estado comunista, militar y totalitario – lo que resultaba de los documentos que se proponían ejecutar – ; en 1998, en cambio, el asalto fue mediante elecciones y sin proponer proyecto político alguno, sólo la idea del “cambio” – tan atrayente en momentos de crisis – atacando al establecimiento político, mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El proyecto de Estado Comunista aparecería después, a partir de 2007.

En todo caso, en 1998, esa fue realmente la única propuesta de Hugo Chávez en unas elecciones donde sus principales contrincantes eran un anciano del aparato partidista del partido más importante – el socialdemócrata – y una ex reina de belleza y ex alcalde del segundo partido más importante – el demócrata cristiano-. Y ganó quien primero pasó por el pueblo ofreciendo el cambio – como el Melquíades en el país de Macondo de García Márquez, especie de mago y equilibrista que fascinaba a la audiencia, acaparando el descontento.

Pero la propuesta para ejecutar la magia ofrecida – la Asamblea Constituyente que todo lo arreglaría – tenía un inconveniente, y es que simplemente era inconstitucional. Para convocarla había que reformar la

Constitución para regularla, a lo que férreamente se oponía Chávez. Él quería una Constituyente para él, no para el país.

En medio del desierto dejado por los confundidos partidos, resultó que fuimos individualidades quienes enfrentamos a Chávez en su propuesta, correspondiéndome a mi hacer un llamado a que se realizara dicha reforma, presentando ante el Congreso un proyecto para regular la Constituyente y poder elegirla. Pero nadie, ni los partidos ni el liderazgo político entendieron el planteamiento; simplemente no asumieron el proceso cuando podían, ni se enfrentaron a la vía rápida de Chávez. Yo asumí el enfrentamiento a titulo personal como académico, siendo como era en ese momento el Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.

Y fue en tal carácter que en plena campaña electoral de 1998 invité a todos los candidatos presidenciales a que expusieran ante la Academia sus propuestas sobre la reforma del Estado; todos acudieron y expusieron, en muchos casos lugares comunes del momento político, siendo Chávez el único que fue directo a lo que quería: la convocatoria de la Asamblea Constituyente para “refundar la República,” a su manera. Al yo presentarlo en la Academia como el candidato golpista con menos tradición democrática, pues venía de intentar un golpe militar y militarista, nuestra relación personal quedó establecida. Allí mismo, de nuevo, fui el único que expresó argumentos rechazando su propuesta, lo que originó su presentación al Congreso del proyecto de reforma puntual de la Constitución para regular la Constituyente.

El Congreso, por supuesto, ignoró el proyecto al igual que los partidos con cuyas directivas me reuní. Me oyeron y mi conclusión fue que simplemente el liderazgo había perdido la brújula y nunca supo que era lo que estaba ocurriendo en el país.

Ello dejó al candidato Chávez la vía libre, sobre todo cuando el nuevo Congreso electo un mes antes que él, tampoco entendió la crisis terminal en la cual estábamos, y al mes siguiente, la Corte Suprema, cuando decidió en forma ambigua sobre el tema, permitió que la prensa sentenciara que si se podía elegir una Constituyente sin reformar la Constitución, lo que la Corte no 5 llegó a decir expresamente. Ambos poderes (legislativo y judicial) la verdad es que creo que pensaron en enero de 1999 que

controlarían o amaestrarían al teniente coronel y sus secuaces. Vana ilusión ¡!

En realidad, lo que hicieron fue facilitarle a Chávez su tarea, de manera que su primer acto político, el día que tomó posesión de la Presidencia, fue cumplir su única promesa electoral, convocando un referendo consultivo sobre la Asamblea Constituyente. De nuevo, impugné el decreto por inconstitucional como también lo hicieron otros abogados, a titulo personal, pues de los partidos ya nada se sabía. Luego de batallas judiciales con las cuales al menos obligamos a Chávez a modificar su decreto, se efectuó el referendo y se eligieron los miembros de la Asamblea. Personalmente sentí que tenía la obligación de participar en ella y me lancé como candidato independiente, habiendo sido electo con un millón doscientos mil votos – lo que no estuvo mal -. Sin embargo, lo que sí estuvo mal fue que solo cuatro constituyentes salimos electos como independientes, en una Asamblea de 141 miembros en la cual todos los demás estuvieron controlados por Chávez. Esa fue la exigua oposición que Chávez encontró para su proyecto.

El primer acto de la Asamblea Constituyente al declararse poder originario, fue concretar el asalto al poder mediante la intervención de todos poderes constituidos, por lo que en seis escasos meses, el Congreso, la Corte Suprema, los poderes regionales y locales fueron inmisericordemente barridos. Las primeras víctimas – como siempre sucede en estos casos – fueron quienes le facilitaron el asalto: los magistrados de la Corte Suprema y los miembros del Congreso.

Luego vino la elaboración del proyecto de Constitución en unas discusiones en las cuales, como comprenderán, participé en todas las sesiones y debates, salvando mi voto en innumerables normas. Al final, a pesar de que muchas de mis propuestas fueron incorporadas, me opuse a la aprobación del texto, liderizando la campaña por el voto NO. En el Manifiesto que hice público en noviembre de 1999, como plataforma para explicar las razones de mi rechazo a la Constitución, destaqué que la misma respondía a:

“un esquema institucional concebido para el autoritarismo, que deriva de la combinación de centralismo de Estado, presidencialismo exacerbado, partidocracia y militarismo que constituyen los elementos centrales diseñados para la organización del poder del Estado.”

Ciertamente al releer este texto, parecería escrito hoy; pero no, fue escrito hace quince años, aún cuando todavía hay muchos que sólo ahora comienzan a descubrir esa realidad. En todo caso, con la nueva Constitución, la mitad de cuya normativa fue

suspendida en su vigencia por disposiciones transitorias inconstitucionales, a partir de 2000 se inició una carrera desenfrenada por consolidar el apoderamiento del Estado asaltado, desmantelando la separación de poderes, y demoliendo, desde dentro, las instituciones democráticas, utilizando para ello los propios mecanismos de la democracia, logrando poner al servicio del autoritarismo todos los poderes del Estado, comenzando con el Tribunal Supremo de Justicia y su Sala Constitucional, que se convirtió en el más diabólico instrumento del Estado Totalitario, particularmente porque como guardián de la Constitución no tiene quien lo controle.

El resultado ha sido que en quince años todo el Poder Judicial está conformado por jueces temporales o provisorios, y por tanto, dependientes del poder central, y los otros poderes de control todos sometidos y neutralizados, de manera que tenemos una Contraloría que no controla, una Defensoría del Pueblo que no protege ni defiende, un Ministerio Público que lo que hace es perseguir a los opositores, dejando impunes los cientos de asesinatos callejeros; y un Poder Electoral que parece ser el agente político de los candidatos del Estado.

Solo ello explica, por ejemplo, que en 2003, cuando la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó una medida cautelar protegiendo a los médicos venezolanos ante la contratación indiscriminada de médicos cubanos sin licencia, para programas médicos populares, el propio Presidente gritó que no acataría la sentencia, calificó de “bandidos” a los Magistrados, ordenó el allanamiento policial de la Corte y la cerró por`10 meses. El caso fue a dar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después de que la misma condenó a Venezuela, el Tribunal Supremo declaró “inejecutable” la sentencia en el país. Tan simple como eso. Todo hecho muy “legalmente.”

Ello también es lo que explica que en 2009 se haya encarcelado a una juez penal, a petición directa pública del Presidente de la República, por habérsele ocurrido a la juez dictar una medida de excarcelación a un detenido acogiendo una recomendación del Comité de Expertos sobre

Detenciones Arbitrarias de la ONU. La Juez Afiuni, así se llama, a esta fecha permanece bajo detención domiciliaria sin juicio. Así de simple.

Ello también es lo que explica que hace sólo un mes el dirigente político y ex alcalde Leopoldo López, uno de los lideres del movimiento de calle que hoy engloba al país, haya sido encarcelado e imputado de los más graves delitos imaginables sólo por haber convocado manifestaciones de protesta y rechazo al régimen. Se lo acusó de homicidio intencional calificado; terrorismo; lesiones graves; incendio de edificios públicos; instigación a delinquir, y asociación para delinquir, sin prueba alguna. Y no importa que dichos delitos efectivamente hayan sido cometidos por militares o grupos de exterminio paramilitares, como está evidenciado en cientos de videos que circulan por las redes sociales, ya que no hay medios de comunicación que las trasmitan. Y la Fiscal General de la República, en lugar de aceptar esas pruebas, lo que hace es calificar de “perversas” las redes sociales, precisamente porque son el único medio de información de las masacres.

Y ese asalto y control absoluto de los poderes del Estado, es también lo que explica, que hoy mismo se amenace con allanarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado, a quien ya se la ha amenazado de enjuiciar y detener por los mismos delitos imputados a López, a los cuales el Presidente de la Asamblea Nacional, quien parece que es el acusador público, ha agregado el de traición a la patria. Pero la última embestida de hoy es por haber acudido ante la OEA por invitación del Embajador de Panamá para hablar en la sesión del pasado jueves, sobre la situación en Venezuela. Ello provocó anoche mismo, que el mismo Presidente de la Asamblea Nacional. Sr. Cabello, militar de oficio, sin procedimiento parlamentario ni proceso judicial alguno, procedió a anunciar al país, él mismo, por su sola decisión, que ya la diputado Machado no era diputado, es decir, le revocó su mandato, pero ahora porque supuestamente había aceptado un “cargo” de un gobierno extranjero al haber sido simplemente acreditada por Panamá para hablar ante la OEA, lo que por supuesto no le da cargo o status diplomático alguno ni de otra naturaleza. Pero así es: basta lo que diga el militar presidente de la Asamblea, sin que nadie lo controle, para que ello sea “legal” y “democrático.”

Y de nuevo, toda esta situación de control centralizado de los poderes es lo que explica el reciente proceso de judicialización criminal de la libertad

de expresión, al haberse acusado penalmente a la directiva de un diario de oposición (Tal Cual) y a un articulista, el Sr. Genatios, ex Ministro del gobierno de Chávez por cierto, porque escribió que al mismo militar Presidente de la Asamblea Nacional se le atribuía el haber dicho la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse” Ello lo consideró ofensivo y logró que un juez dictara contra los acusados una restricción a su libertad con orden de comparecencia semanal ante un tribunal y prohibición de salida del país.

Y por último es lo que explica mi propio caso. Luego de toda mi oposición a Chávez en la Constituyente, seguí oponiéndome a sus políticas, particularmente en 2001 por la emisión de decretos leyes inconstitucionales, y escribiendo sobre las violaciones a los principios democráticos. La misma Fiscal, jefa hoy del Ministerio Público, fue la encargada de perseguirme, y el motivo para acusarme fue criminalizar el ejercicio de la profesión de abogado, de manera que por haber dado una opinión jurídica que se me requirió en un momento de crisis política luego de anunciada la renuncia del Presidente de la República en 2002, sin prueba alguna de nada, y sólo basándose en opiniones de periodistas que no fueron testigos de nada, fui acusado tres años después de aquellos hechos, nada menos que de “conspiración para cambiar violentamente la Constitución,” es decir, rebelión, para lo cual, por supuesto, sólo pude haber usado la única arma que he tenido: mi verbo y mi pluma de escribir. Y así, estando en el exterior en un viaje académico, en 2006 se me acuso y varios meses después, estando ya dando clases en la Universidad de Columbia, se dictó orden de detención en mi contra, lo que de hecho se convirtió en una orden de prohibición de regreso al país, y aquí en Nueva York ya llevo ocho largos años, no sin haber sido perseguido internacionalmente, para lo cual el Estado ha pretendido usar ilegítimamente hasta los canales de Interpol, que como es sabido, tiene prohibición de intervenir en materia política. Pero no importa, como a todo el Estado le interesa, esa ilegalidad es “legal.”

Y finalmente, para terminar con los ejemplos, el totalitarismo es lo que explica el inconstitucional encarcelamiento antes mencionado, la semana pasada, del alcalde de la oposición Sr. Scarano, que fue lo que originó la frase de la Defensora del Pueblo de que “todo es legal porque en ello participaron todos los poderes públicos.”

Frente a todo ello es que ahora el país todo se ha comenzado a rebelar, y se comienza a encontrar solidaridad en el mundo democrático.

¿Pero que han encontrado los venezolanos en general, en la comunidad internacional? Un silencio inmoral, pues con el argumento de que en el país hubo elecciones, el régimen totalitario, la dictadura militar que padecemos, pareciera entonces que tiene carta blanca para perseguir, porque por haber sido electos los funcionarios, todo lo que haga es “legal.”

En ese panorama, sin embargo, lo más grave y triste es que a veces el silencio tiene precio, que es propio del “comercio de caballos” que tanto caracteriza las relaciones internacionales, basado en muchos casos en la relación “Me apoyaste, te apoyo; me ayudaste, te ayudo, así seas un criminal.” Lo hemos visto en la OEA con la reunión de la semana pasada, donde se votó por tratar el tema de Venezuela a puerta cerrada, que luego se decidió ni siquiera tratar, y ¿Quienes votaron a favor de no ventilar las llagas de la dictadura? Pues los países que dependen del subsidio petrolero de Venezuela que son todos los de la cuenca del Caribe, y aquellos otros “agradecidos por tantos favores recibidos” como el haber participado en el saqueo a que se ha 9 sometido al país durante tres lustros, desde el financiamiento de campañas electorales, el fácil comercio de armas de guerra, hasta la compra de deuda pública; y todo sin obligación alguna de devolución o pago.

El resultado es que hoy tenemos un país solo, abandonado a ser manejado por militares de la peor calaña, manejados desde un país extranjero, que han participado en el saqueo de un Estado manejado por la burocracia más incompetente y corrupta de nuestra historia, pero que en conjunto han provocado un verdadero milagro económico y social. Si un milagro, el de convertir al país más rico de América Latina en el país más miserable de todos, con un aumento generalizado de la pobreza y el deterioro de los servicios sociales incluyendo la salud y educación; al despojar de su grandeza a la que era la empresa petrolera más grande de America Latina, que ahora produce menos petróleo, y está endeudada por décadas; convirtiendo al país con las reservas petroleras más grandes del mundo, en el más endeudado de América Latina, que importa todo, incluso gasolina, precisamente desde el ‘imperio”, con el mayor índice de inflación del mundo y la mayor carestía de bienes en toda su historia. El milagro se ha hecho además, al arruinar al país con mayor ingreso de divisas, que ha sido sometido a un criminal despilfarro – en 15 años han

desaparecido más de 800.000 millones de dólares -; a un impune saqueo, ya que ha sido literalmente vendido y expoliado por funcionarios corruptos. En fin el resultado del milagro es que una ciudad como Caracas que solíamos llamar la “capital del cielo,” la han convertido en la ciudad más peligrosa y violenta del mundo, reino de la impunidad.

El milagro ha sido también de orden institucional: el país con la democracia más reconocida de América latina hasta la década de los noventa se ha convertido en el país con los menores índices de libertad del Continente, con las mayores violaciones a los derechos humanos; un país en el cual incluso, el binomio Chávez / Maduro se dio el lujo de denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, para que ni siquiera haya posibilidad de control supranacional alguno sobre las múltiples violaciones. El último caso sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado fue precisamente mi caso Allan Brewer Carías vs. Venezuela, por violación de todas mis garantías judiciales.

Todo ello es lo que explica, por otra parte, porqué el país hoy esta rebelado, en la calle, con el movimiento estudiantil a la cabeza, que como todo movimiento estudiantil es de corte horizontal, que lucha contra los efectos degradantes y sin futuro del “milagro” económico y social mencionado, desconociendo además al régimen, a la legislación y a la autoridad ilegítimas existentes, que contraría cotidianamente los valores, principios y garantías democráticos y menoscaba los derechos humanos.

Y lo importante de las protestas ya generalizadas en todo el país, es que ya no sólo son protestas de la oposición contra el gobierno, sino que es la sociedad civil la que está reaccionando contra el Estado totalitario. Por ello, si me preguntan, creo que el tiempo de la relación o confrontación nacional, entre gobierno / oposición que permitía pensar que a este Estado forajido se le podía vencer electoralmente está terminando, y está surgiendo otra relación de confrontación distinta, entre sociedad civil / Estado totalitario.

Y en este estadio, a pesar de todas las falsas muestras, lo cierto es que ya no puede haber paz a fuerza de garrote; ni puede haber dialogo a fuerza de estar apuntado con un fusil. Es tan burdo el intento que hace escasos cinco días, quien ejerce la presidencia, el Sr. Maduro, no tuvo mejor ocurrencia que afirmar públicamente que había que “obligar a la

oposición a sentarse a hablar, a dialogar, a abandonar su posición violenta. Los vamos a tener que obligar, en el mejor sentido de la palabra”; si, en el mejor sentido, persiguiendo, amenazando, amedrentando, atacando, encarcelando o matando.

En este estadio de la confrontación, en realidad es al Estado, que es el que monopoliza las armas y desarrolla la política de violencia institucional, al cual se le acabó el tiempo, lo que ha hecho expresar hace unos días al ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, padre Luis Ugalde, que al Estado solo le queda cambiar democráticamente, “estando en ello la vida o muerte para el gobierno y para el país.” Así de trágica es la situación queridos amigos. Y con esto termino, con la esperanza de no haberlos dejado más inquietos.
*Abogado y Doctor en Derecho, con menciones summa cum laude por la Universidad Central de Venezuela (1962-1964). Desde 1963 es Profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde fue Jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo y Jefe del Departamento de Derecho Público. 

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