Publicado el: Sab, Ene 16th, 2016

Camino dificil para la Ley de Amnistía en Venezuela

Padre-Leopoldo-Lopez-
La Ley de Amnistía promete una dura pelea entre Maduro y la Asamblea Nacional
Mientras la Unidad Democrática busca la fórmula para incluir en el perdón a la mayor cantidad de víctimas posibles, el chavismo se prepara para bloquear la iniciativa con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia

La llave de la cárcel está en manos de la Asamblea Nacional. Pero el Gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han manifestado que podrían cambiar la cerradura. El proyecto de Ley de Amnistía, bandera electoral de la Unidad Democrática, promete aumentar los decibeles del choque de poderes en Venezuela.

El pasado lunes 11 de enero, organizaciones de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos llevaron a la AN un anteproyecto que busca conceder libertad plena a todos los presos y perseguidos por razones políticas en el país. Sin embargo, la redacción del instrumento representa un desafío para sus promotores.

“Está amnistía va a ir más allá del ámbito penal y beneficiará a personas que han sido perseguidas por el aparato del Estado en sus diversos poderes”, refiere Ana Leonor Acosta, abogada del exalcalde de San Cristóbal (estado Táchira), Daniel Ceballos. El “amplio espectro” de la propuesta, acota la experta legal, obliga a definir con claridad el concepto de “perseguido” para “incluir a la mayor cantidad de víctimas posibles”.

El diputado de Voluntad Popular (VP) por el estado Miranda, Freddy Guevara, observa que el Gobierno imputó delitos comunes con la intención de castigar a la disidencia, situación que impone revisar cada expediente con detenimiento. Cita los casos del exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, y el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, acusados por corrupción, así como el juicio del propio fundador de VP, Leopoldo López, señalado por asociación para delinquir y determinador en daños e incendio . “Utilizaban esos argumentos para criminalizar a la oposición”, resalta Guevara, miembro de la comisión parlamentaria que analiza el texto.

La Ley de Amnistía, entonces, tomaría en cuenta a los afectados por actos administrativos, multas, sanciones, inhabilitaciones y despidos laborales, entre otros. “En Venezuela hay una gran impunidad y seguimos recibiendo casos. La AN decidirá el ámbito de aplicación, pero este anteproyecto es el resultado del trabajo de ONG y abogados que han escuchado a muchas personas que se sienten víctimas de persecución”, enfatiza Acosta.

Cuenta regresiva

El artículo 187 de la Carta Magna es claro. El Poder Legislativo venezolano tiene entre sus atribuciones “decretar amnistías”. Igualmente, el artículo 216 establece que si el Jefe de Estado no firma la ley en un lapso de diez días luego de haberla recibido, la junta directiva de la Cámara “procederá a su promulgación”.

No obstante, el presidente Nicolás Maduro ya declaró que no está dispuesto a admitir esa norma. “No aceptaré ninguna Ley de Amnistía, porque se violaron los derechos humanos y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar”, advirtió el 8 de diciembre de 2015.

Guevara estima que en dos semanas elevarán el proyecto a plenaria. En este momento, la oposición debate si avanza por la vía del decreto o de la ley. El primer camino es más rápido, pero no permitiría regular con precisión el procedimiento. El segundo aunque demandaría un mayor tiempo de discusión, podría estar más blindado. “Estamos ante un escenario de confrontación y esperamos que el Gobierno respete la Constitución”, indicó el legislador de la Unidad Democrática.

En esta pelea, Miraflores no está solo. Al contrario, cuenta con el Poder Judicial como su fiel escudero. “El TSJ tiene la capacidad de controlar judicialmente la actuación de los otros órganos del Estado”, explica Acosta. Partiendo de este principio, Maduro podría solicitar a los magistrados que evalúen si la Ley de Amnistía se ajusta a la Carta Magna y apoyarse en esa sentencia para bloquear las aspiraciones de los diputados.

La abogada reconoce que el Ejecutivo “puede utiliza al TSJ para impedir” que este proyecto se materialice. En este escenario –más político que jurídico- la defensora de DDHH recalca la necesidad de acatar la voluntad popular expresada en las elecciones del 6 de diciembre. “Hemos visto que el TSJ ha estado actuando de forma parcializada, de acuerdo con los intereses del Gobierno. Los magistrados no pueden ir en contra de la voluntad de los ciudadanos, la campaña de los diputados de la Unidad fue por la liberación de los presos políticos y así votó la mayoría”, subraya.

Diairo Las Américas

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