Publicado el: Lun, Nov 2nd, 2015

Carta para un fiscal en el imperio

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Por: Gustavo Azócar Alcalá

He visto casi todas las entrevistas que le hicieron esta semana en diferentes programas de televisión. Lo vi en CNN con Fernando del Rincón. Luego lo vi en El Venezolano TV, con Carla Angola y Carlos Acosta. Y anoche lo vi en TV Venezuela con Nathaly Salas Guaithero. Mientras escribo estas líneas me entero que usted ha grabado también un programa con Jorge Ramos para Univisión.

Tal como van las cosas, es evidente que su gira de medios en la ciudad de Miami ha sido intensa. Todos los periodistas, especialmente los que trabajan para medios de comunicación hispanos, lo buscan a usted como palito de romero. Usted es, en los actuales momentos, una vedette en el sur de La Florida. He de suponer que sus próximas apariciones, para redondear la faena mediática, serán en el programa de Ismael Cala y en el de Jaime Bayly. No me extrañaría que pasado mañana también le graben un programa con Larry King o con Oprah Winfrey.

Debo decir, sin embargo, y esto no lo hago para restarle méritos a mis excelentes colegas periodistas que lo han entrevistado a usted en las últimas horas, que hasta los momentos, usted no ha dicho absolutamente nada que los venezolanos ya no supiéramos. A decir verdad, todo lo que usted ha dicho, ya lo sabíamos. Sí, señor Nieves, aunque usted no lo crea, todos estábamos enterados, desde hace mucho tiempo, que el expediente y el juicio contra Leopoldo López, y varios estudiantes universitarios, fue manipulado, alterado, y montado en Miraflores. Claro, es muy bueno, buenísimo, que sea usted mismo, uno de los fiscales acusadores, uno de los peones del oficialismo, uno de los ejecutores del macabro plan para aniquilar políticamente a Leopoldo López, quien ahora nos eche el cuento. Su relato sirve para que, una vez más, quede completamente claro, que en la Venezuela socialista, bolivariana y revolucionaria no hay justicia, ni hay estado de derecho. Tampoco hay respeto por el debido proceso, ni por el derecho a la defensa, ni por los derechos humanos. Aquí lo que hay es un Tribunal de la Inquisición, instalado en el Palacio de Miraflores y en la Asamblea Nacional, y dirigido por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Una de las cosas que mejor hizo la pseudo revolución iniciada por Hugo Chávez en 1999, y continuada por Maduro y Cabello, fue convertir en polvo cósmico la poca institucionalidad que existía en el país. El comandante intergaláctico transformó la totalidad de los poderes públicos en apéndices del gobierno, utilizándolos única y exclusivamente para arremeter contra todos aquellos venezolanos que han manifestado un pensamiento distinto al denominado socialismo bolivariano del siglo XXI.

El daño ético y moral que la revolución ha causado en casi todos los sectores de la vida nacional, se ha exacerbado muy especialmente en dos sectores de vital importancia para el país: la Fuerza Armada y el Poder Judicial. A la primera, la convirtieron en un partido político y en el brazo armado de la revolución. Al segundo lo convirtieron en un látigo, con el que se amenaza y se castiga a todo aquel que disiente y manifiesta alguna opinión contraria a los deseos del régimen de turno.

En el año 2011, el gobierno de Chávez dio una clara demostración de la forma tan perversa como el oficialismo manejaba la administración de justicia en Venezuela. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habían hecho duras críticas al gobierno revolucionario al considerar que en el país había demasiados “jueces provisorios” y que estos funcionarios, considerados de “libre nombramiento y remoción” le restaban independencia al Poder Judicial venezolano.

El gobierno respondió a las críticas de la CIDH, nombrando nuevos presidentes en el Tribunal y en la Corte Disciplinaria Judicial, y anunciando que desde ese momento, la destitución de jueces provisorios ya no estaría en manos de la Comisión Judicial del TSJ, sino de estas dos nuevas instancias. Pero el caradurismo gubernamental llegó a su máxima expresión, cuando se procedió a designar a Tulio Jiménez y a Hernán Pacheco, dos ex diputados del PSUV en la AN, al frente de ambas responsabilidades.

El “magistrado” Jiménez, le salió al paso a quienes criticaron su nombramiento, pocos meses después de haberse desempeñado como diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, diciendo que “siempre habrá críticas”; y esgrimió como demostración de su independencia el haber renunciado a seguir militando en la tolda de gobierno. “Haber sido parlamentario (del PSUV) no anula mis otras aspiraciones”, dijo.

El 3 de junio de 2014, la ex magistrada del TSJ Cecilia Sosa Gómez, dijo a medios de comunicación venezolanos que “el número de jueces provisorios ha aumentado en los últimos 15 años y los titulares son pocos (…) un juez provisorio es una persona que está designada a dedo por el Tribunal Supremo y bajo esa debilidad incurre en la mayoría de los casos en los tres elementos que contaminaron el poder judicial: miedo, el temor del juez a ser destituido de su cargo, corrupción que no es solo pagar por una sentencia, sino ceder a las presiones de otros organismos del poder judicial o político y esa corrupción mancha la autonomía de ese juez”.

En el Diario El Universal, del 13 de agosto de 2015, se publicó una información, según la cual, el TSJ ratificaba su potestad de remover jueces provisorios. “La Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 1082, y ratificó su posición de que la jurisdicción disciplinaria judicial no tiene potestad para procesar a los jueces provisorios incursos en alguna irregularidad y mantuvo esa facultad. La sala desechó la oposición de los presidentes de la Corte y del Tribunal Disciplinario Judicial, Tulio Jiménez y Hernán Pacheco respectivamente”.
La misma información sostiene que “las decisiones del TSJ implican que menos de 700 de los más de 2 mil jueces que hay en el país, pueden ser sometidos a juicios en los que se les garantiza el debido proceso, en caso de cometer un ilícito o falta, pues ellos son titulares. El restante 66%, por ser provisorios, podrían ser removidos por la Comisión Judicial de un momento a otro”.
Como puede observarse, el 66% de los jueces que hay en Venezuela, es decir, más de 1300, son provisorios. Es muy difícil que alguno de esos jueces dicte sentencia contra los designios del gobierno. Nadie pondrá su cargo en riesgo. Los restantes 700 jueces, que sí son titulares, muy probablemente tampoco lo harán. La mayoría preferirá acatar las directrices que vienen desde arriba, para garantizar su jubilación.
Y en el Ministerio Público, donde hasta hace poco trabajó usted señor Franklin Nieves, la cosa debe ser mucho peor. Supongo que allí el látigo de doña Luisa debe ser mucho mejor que el que usaba el Zorro contra el sargento García y el cabo Reyes.
Ahora bien: confesar el delito no supone necesariamente que haya perdón o condonación de la pena. Usted, señor Nieves, cometió un delito de lesa humanidad. Violó los derechos humanos de muchas personas. Su testimonio es muy valioso y con toda seguridad, servirá para enjuiciar y poner y tras las rejas a muchos poderosos que gobiernan actualmente en Venezuela.

Señor Nieves: no soy quien para juzgar sus actuaciones. No me corresponde ejercer el papel de juez frente a usted. Valoro el hecho de que haya decidido hablar y contar la verdad, porque su testimonio ayudará muchísimo a los presos políticos. Es probable que muchos venezolanos lo perdonen como acaba de hacer valientemente la madre de Leopoldo López. Pero no le extrañe que haya gente que esté pidiendo su cabeza. Yo sólo se una cosa: nadie se va de este mundo sin pagar sus facturas.

Gustavo Azócar-Alcalá

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