Publicado el: Lun, Abr 25th, 2016

Caso Ayotzinapa: GIEI cuestiona versión oficial.

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El gobierno mexicano no colaboró con nuestra investigación sobre lo que sucedió en Ayotzinapa: GIEI

CIUDAD DE MÉXICO — Desde noviembre de 2014 —dos meses después de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala— las autoridades mexicanas han insistido en que fueron asesinados por un grupo de narcotraficantes que después quemó sus cuerpos en un basurero y tiró sus cenizas a un río.

Pero el domingo, en lo que constituye el más reciente cuestionamiento a la versión oficial, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó las desapariciones durante más de un año afirmó que cinco de los sospechosos, cuyos testimonios respaldan las conclusiones del gobierno, testificaron “bajo tortura y trato cruel, inhumano o degradante”.

Las confesiones forzadas no son admisibles en el sistema de justicia mexicano.

Las conclusiones del grupo de expertos no solo cuestionan la versión oficial, también son un golpe a la credibilidad del sistema de justicia penal del país. Este ha sido blanco de constantes críticas por su gestión en un episodio que simboliza los fallos y la corrupción del aparato estatal mexicano.

Durante la rueda de prensa del domingo Alejandro Valencia, un abogado colombiano y uno de los cinco miembros del grupo, dijo que “el caso de Ayotzinapa deja al país en una encrucijada de la que aún no ha logrado salir y para hacerlo necesita reforzar el imperio de la ley, el concepto de defensa, el sistema de garantías y el respeto por los derechos humanos”.

La respuesta del gobierno a la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014 se ha convertido en un referendo a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, que asumió el cargo en 2012 con la promesa de reducir la violencia. El caso provocó protestas durante meses, en las que miles de personas le pedían al gobierno que resolviera el misterio de lo que sucedió y pusiera fin a una corrupción que muchos califican como crónica.

El grupo de expertos, invitado por el gobierno a examinar el caso, hizo públicos sus hallazgos en una rueda de prensa en la que presentó un voluminoso informe, el segundo y último de su autoría. El mandato del grupo, seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrado por abogados y activistas de derechos humanos latinoamericanos, se termina esta semana y las autoridades mexicanas anunciaron que no lo extenderán.

Desde la publicación de su primer informe en septiembre, los expertos han cuestionado sistemáticamente la versión del gobierno y su capacidad y compromiso para investigar las desapariciones. También han sembrado dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano.

El grupo “no tiene una sola prueba para modificar sus conclusiones de que los 43 estudiantes no fueron incinerados” en el basurero. Así lo expresó durante la rueda de prensa el abogado chileno Francisco Cox, uno de sus miembros.

En enero de 2015, el gobierno anunció que había resuelto el misterio. Según Jesús Murillo Karam, en ese entonces procurador general, la investigación fue “seria y exhaustiva”. En su versión de los hechos, los estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, Guerrero, habían llegado a la ciudad de Iguala para tomar control de unos autobuses para asistir a una protesta en Ciudad de México. Según el gobierno, el alcalde de Iguala le dio la orden de detenerlos a la policía local.

Según el gobierno, basado en la versión de unos miembros de una pandilla de drogas, la policía se los entregó a la organización Guerreros Unidos que los mató y los quemó en el basurero de Cocula y luego tiró las cenizas a un río.

Sin embargo, en meses recientes un grupo de expertos en tortura trabajó en conjunto con los cinco miembros del GIEI y revisó las pruebas en poder de las autoridades. En línea con las instrucciones de Naciones Unidas para la investigación de la tortura, los expertos determinaron que 17 de los sospechosos interrogados por el gobierno habían sido torturados; entre ellos, cinco que afirmaron haber participado en el asesinato e incineración de los jóvenes. Esa afirmación refuerza los testimonios de algunos sospechosos que ya habían denunciado torturas mientras estaban detenidos meses atrás.
Los expertos también plantearon serios cuestionamientos sobre la manera en la que el gobierno recopiló las pruebas del caso, especialmente un trozo de hueso encontrado en octubre de 2014 que supuestamente estaba vinculado con uno de los desaparecidos.

Carlos Beristain, médico español y miembro del GIEI, dijo que “esto es un problema serio que hay que investigar”.

En el informe de 600 páginas también destaca el descubrimiento de una mayor participación de las fuerzas de seguridad federales en los sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, pese a la insistencia del gobierno de que permaneció en el ámbito local.

Los expertos también lamentaron la poca investigación sobre la implicación de oficiales de mayor rango. El informe dice “hay que investigar no solo a los autores de los hechos, sino a aquellos que dieron órdenes o apoyo e ignoraron las pruebas de violaciones de derechos humanos”.

El GIEI también planteó cuestionamientos acerca de por qué la investigación oficial decidió no analizar los registros de llamadas telefónicas hechas aquella noche que podrían haber arrojado algo de luz sobre el paradero de los estudiantes.

Los expertos reiteraron su crítica frente al hecho de que el gobierno mexicano bloqueó su acceso a testigos importantes, como oficiales del ejército, y afirmaron que no tuvieron permiso para volver a entrevistar a un gran número de testigos. También denunciaron la negativa o el silencio del gobierno frente a sus peticiones de ciertos documentos y testimonios.

Eber Omar Betanzos, subprocurador de derechos humanos, refutó muchos de los argumentos específicos del informe y dijo que las acusaciones de tortura estaban bajo investigación. Según Betanzos, el gobierno dio a los expertos “acceso total a la información necesaria para hacer su trabajo” y respondió al 85 por ciento de las 941 peticiones recibidas. Añadió también que el 15 por ciento restantes estaban cerca de ser completadas.

El GIEI también criticó la burocracia esclerótica y expuso el caso de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes que estuvo en Iguala aquella noche. Durante el caos de la noche se separó de sus compañeros y la mañana siguiente su cuerpo apareció con huellas de tortura tan brutales que llevó tiempo identificarlo.

La primera autopsia fue incompleta, según los expertos, y tuvieron que pedir una segunda. Aunque insistieron en la petición, el gobierno tardó tres meses en aprobarla. En su último informe, los expertos dijeron que la espera agónica de la familia del estudiante equivalía a una nueva victimización, del tipo de las que emergen cuando “la burocracia y sus aspectos formales son más importantes que las víctimas”.

Fuente: The New York Times

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