Publicado el: Dom, Nov 6th, 2016

Caso narcosobrinos: Se inicia el esperado juicio que representa más que tráfico de drogas

NARCOSOBRINOS (900 x 659)

El juicio a los sobrinos de Maduro es más que narcotráfico

El muy esperado juicio que se supone que vinculará a la familia del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores al narcotráfico ilícito comienza el lunes.

La fiscalía federal se propone establecer que dos sobrinos de la familia presidencial venezolana –luchando por mantener a su familia en el poder– trataron de monetizar sus lazos políticos por medio de usar uno de los aeropuertos más grandes de su país para despachar enormes cargamentos de cocaína a Estados Unidos.

Los abogados de la defensa tratarán de presentar a los sobrinos de Flores, Efraín Campo y Francisco Flores, como víctimas de la agenda imperial estadounidense decidida a debilitar a Maduro en un momento crítico en que él está tratando de conservar el control del país.

Ellos alegan que el valor político de arrestar a los dos hombres se fue por encima de la integridad de la investigación, y que el entusiasmo por arrestar a alguien con vínculos de sangre a la familia presidencial venezolana “se apoderó de la narrativa”, en las palabras de alguien familiarizado con el caso.

Campo, de 29 años, y Flores, de 30, enfrentan una condena que puede ir desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua si resultan convictos de cargos de conspirar para entrar de contrabando 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos, aunque es poco probable que reciban el máximo de esa sentencia.

Aun así, cualquier sentencia va a inflamar las ya tensas relaciones entre EEUU y Venezuela. La tía de los primos y esposa de Maduro, Cilia Flores, es una abogada y una influyente diputada, además de ex presidenta de la Asamblea Nacional. Además, ella sirvió de abogada del entonces encarcelado Hugo Chávez antes de que este llegara a la presidencia y encabezara una revolución socialista en Venezuela. Chávez murió en el 2013.

El caso presentado en contra de sus sobrinos, incluyendo a Campo, quien se refiere a ella como su “madre” en las grabaciones, tiene lugar en un momento en que el gobierno de Maduro está luchando por mantenerse durante una crisis política y económica. El mes pasado estallaron protestas luego de que el gobierno anunciara que iba a bloquear un referendo revocatorio encabezado por la oposición, el cual hubiera conducido a la deposición de Maduro.

La administración de Obama apoyó el proceso del referendo y ha expresado preocupaciones de que el gobierno de Maduro este empeorando la crisis económica del país, pero Estados Unidos se ha resistido a tomar cualquier medida unilateral que hubiese provocado acusaciones de imperialismo.

El presidente Barack Obama ha afirmado que Venezuela ha “fallado de manera evidente” en atenerse a sus obligaciones bajo acuerdos internacionales en contra del narcotráfico.

Además, su administración ha reforzado las medidas contra supuestos narcotraficantes en la élite gobernante de Venezuela. Ocho funcionarios o ex funcionarios venezolanos han sido sancionados por actividades de tráfico de drogas desde el 2008. En agosto, la fiscalía federal de EEUU acusó al general venezolano Néstor Luis Reverol Torres, ex director general de Oficina Nacional Antidrogas de su país, de participación en el narcotráfico. Reverol es ahora ministro de Relaciones Interiores.

“El panorama que puede verse aquí es, ¿qué tipo de ambiente está habilitando el estado venezolano?” dijo Brian Fonseca, director del Instituto Gordon de Política Pública (Gordon Institute for Public Policy) en la Universidad Internacional de la Florida. “El caso en sí mismo arroja luz sobre el hecho de que se exista un grado de separación tan leve entre narcotraficantes y el gobierno venezolano”.

El gobierno federal de EEUU tiene un caso sólido en contra de ellos. El mismo incluye supuestas confesiones de los sobrinos y conversaciones grabadas sobre entrar cocaína de contrabando en Estados Unidos.

La DEA afirma que un informante fue contactado con relación a una transacción de drogas con un funcionario venezolano cuyo nombre era el mismo que el del hermano de Cilia Flores.

De acuerdo con transcripciones de las conversaciones grabadas entre los acusados y los informantes confidenciales, Campo planeaba conseguir la cocaína de manos de rebeldes colombianos. El habló de que estaban “en guerra” con Estados Unidos y con la oposición venezolana. El quería el dinero para respaldar la campaña congresual de su “madre”.

“Damas y caballeros, ¿qué más quieren ustedes?”, dijo David Weinstein, ex fiscal federal que supervisaba la división de narcóticos de la fiscalía federal de Miami. “Incluso en el mundo actual a lo CSI, en que todo el mundo quiere ADN, huellas digitales, grabaciones en video de la transacción cuando tiene lugar… Ellos tienen todo eso. Y ellos confesaron”.

Pero los abogados de la defensa, quienes alegan además que sus clientes fueron entrampados, han alegado desde el verano que los mismos carecían de la capacidad y los medios suficientes para llevar a cabo un negocio tan complejo.

Ellos alegan que Campo y Flores fueron entruchados por los informantes, quienes los contactaron para proponerles un lucrativo negocio de narcóticos, y que los informantes dijeron que ellos suministrarían los aviones, la cocaína y el comprador.

El equipo de abogados defensores de los sobrinos, radicado en Nueva York y encabezado por Randall Jackson y David Rody, ha revelado serios problemas de credibilidad en el caso de dos de las fuentes confidenciales de la fiscalía, quienes grabaron algunas de las pruebas más condenatorias.

El dúo de padre e hijo fue convicto más tarde de tráfico no autorizado de drogas. Los dos habían recibido más de $1.2 millones de parte del gobierno de EEUU por su trabajo encubierto al mismo tiempo que seguían llevando a cabo transacciones de drogas no autorizadas.

El padre admitió, durante una audiencia preliminar, haber abusado de la cocaína y haber contratado prostitutas durante una misión de Administración para el Control de Drogas (DEA) en Caracas.

Y los agentes de la DEA nunca confiscaron ninguna de las drogas que supuestamente se iban a vender.

“Ellos han hecho ver como que la fiscalía va a demostrar que los acusados se proponían usar sus lazos políticos para facilitar la exportación de cocaína a Estados Unidos”, dijo una persona cercana al caso quien habló solamente bajo la condición de conservar el anonimato debido a la delicadeza del caso. “Pero ellos no tienen cocaína. No existe prueba real de importación alguna a Estados Unidos. Eso no es típico. Eso es algo muy fuera de lo normal”.

Fuente: El Nuevo Herald

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