Published On: sáb, Abr 28th, 2018

Descentralizacion de servicios a las comunidades y grupos vecinales, por María Auxiliadora Dubuc P.

Cuando estábamos en democracia y como consecuencia del proceso de descentralización que venía avanzando a pasos agigantados, la vida del país había comenzado a cambiar; las regiones encontraron nuevos horizontes; la participación ciudadana igualmente; la concertación entre el sector público y el sector privado se fortaleció; y, en general, emergió a lo largo y ancho del país un nuevo liderazgo todo lo cual produjo cambios sustanciales en un Estado fundamentado en un presidencialismo exacerbado, un estatismo exagerado, partidista y basado en un centralismo insoportable que no permitía, sino que mas allá obstaculizaba la prestación de los servicios públicos de manera eficiente.

Después de una década, en diciembre de 1998, ya en Venezuela se observaban los signos evidentes del inicio de un proceso de redistribución territorial del poder, base fundamental para poner al día a las instituciones mediante un proceso constituyente y así se hizo convencidos como estábamos haciendo realidad la norma constitucional que establece que Venezuela es un Estado federal descentralizado, y que solo a través de la descentralización podíamos fortalecer la maltrecha democracia venezolana, acercando el poder a los ciudadanos, fortaleciendo la participación, y desmontando el exagerado aparato administrativo de un Estado central que pretende monopolizar desde la capital de la República, todas las decisiones que atañen a la vida venezolana, en los más recónditos rincones de nuestra geografía.

Venezuela entonces inicia el nuevo siglo con una renovada tensión entre federalismo y centralismo, pero ahora, con una base poblacional que pareciera estar dispuesta a defender los espacios logrados con la descentralización. La disyuntiva era escoger entre democracia o autoritarismo. Por lo que en la Constituyente finalmente, se impuso una aceptación intermedia de la descentralización: Estado central con mixturas de federalismo, con autonomía reducida para los Estados y con mayor poder al municipio.

Sin embargo, actualmente, la política de descentralización se ha apartado cada vez más del texto constitucional. La tensión política impide el cumplimiento del artículo 136 de la Constitución que no es más que la colaboración entre ramas del Poder Público. De esta forma hemos regresado al proceso de centralización, en abierta contradicción al espíritu de la Constitución y en este sentido la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público pasaron a ser letra muerta.

Lo terrible es que la legislación aprobada, después de entrar en vigencia la Constitución de 1999, está totalmente divorciada de la concepción del Estado federal descentralizado establecida en el artículo 4 de la Constitución, y acercándose a la de un Estado unitario centralizado, esto, pienso que dado el sistema político socialista de gobierno en el que estamos inmersos, todo lo cual ha debilitado la participación ciudadana, y fortalecido una visual autoritaria tanto así que los poderes públicos se encuentran francamente limitados en su desarrollo y acceso ciudadano, todo lo cual impide a las instituciones dar respuesta oportuna a los problemas más críticos de los ciudadanos. Las consecuencias regresivas de estas medidas centralistas son graves, por lo que es nuestro deber ineludible como ciudadanos exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, no solo con relación a sus bienes sino además con relación a los derechos de la población, a través de la garantía del acceso de los ciudadanos a bienes y servicios, sobre todo de los gobiernos municipales, mediante la apertura de espacios de poder para que éstos puedan intervenir en decisiones públicas que respondan a sus necesidades y demandas.

Sin embargo y a pesar de todo, la legislación venezolana quiso retomar la concepción teórica de la descentralización, fortaleciéndola, recogiendo las experiencias acerca de la descentralización de algunos servicios públicos, y mediante el reforzamiento de dicho proceso. De tal modo que el espíritu del legislador en se deja ver a través de la normativa contemplada a este respecto en la LOPPM, a través de la cual se intentó evitar la concentración del poder, mediante la centralización, porque por ejemplo se les reconoce a los Municipios, la prestación de los servicios domiciliarios y se les asignó el impuesto predial, todo ello con el objeto de para acercar el poder público a la población.

Adicionalmente, es importante mencionar que el legislador nacional, igualmente en protección de este proceso de descentralización, contempló como órgano intergubernamental al Consejo Federal de Gobierno, para integrar los tres niveles territoriales de distribución del Poder público nacional, estadal y municipal, con el fin que se encargue de la coordinación de políticas y las acciones necesarias para llevar a cabo, el proceso de descentralización y la transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, esa es su misión. A esos fines se adscribió a este Consejo, el llamado Fondo de Compensación territorial, para el financiamiento de las inversiones públicas de promoción del desarrollo equilibrado de las regiones, al cual corresponde aprobar los recursos que deben destinarse la política de descentralización.

De tal manera que la LOPPM en el Capítulo III del Título VI De la Participación Protagónica consagra lo relativo a la Descentralización de Servicios a las Comunidades y Grupos Vecinales Organizados, en este orden su normativa con apego al texto constitucional así lo establece, de esta forma, el artículo 278 reza:

“Los municipios de acuerdo a su ordenanza y a las leyes que regulan la materia, descentralizarán y transferirán a las comunidades y grupos vecinales organizados la prestación de los servicios públicos municipales, previa demostración de su capacidad para prestarlos”.

Esta norma se refiere a los servicios públicos cuya competencia esta atribuida a los municipios y es el Concejo Municipal quien determinara la capacidad para prestarlos, de este modo en el Municipio Libertador por ejemplo se han constituido en cooperativas para la recolección de la basura. Obviamente para lograr este proceso de transferencia de competencias, las comunidades deben llenar los requisitos establecidos en el artículo 279, textualmente:

“Las comunidades y grupos vecinales organizados que soliciten la descentralización o transferencia de un servicio público municipal deberán demostrar como mínimo:

1. Capacidad legal.
2. Formación profesional o técnica en el área relacionada con el servicio.
3. Experiencia previa en gestión de servicios públicos o en áreas afines del servicio solicitado.
4. Comprobación por certificación emitida por el Municipio, de los planes de formación ciudadana.
5. Comprobación por certificación emitida, de curso en el área.
6. Legitimidad ante la comunidad involucrada.
7. Presentación del proyecto.
8. Cualquier otro que se determine en las leyes, reglamentos y ordenanzas”.

Estos requisitos se consagran a los efectos de establecer de manera concreta y comprobada que quien lo solicita tiene la capacidad para prestar el servicio de manera eficiente, pero igualmente la transferencia de los recursos así como todo lo relativo a la descentralización de los servicios se hará bajo la figura jurídica del convenio, uno firmado entre el Municipio y la comunidad o grupo vecinal solicitante, tal y como reza el artículo 280 de la LOPPM

“La descentralización y la transferencia de servicios y recursos se harán mediante convenios, suscritos entre el Municipio y la comunidad o grupo vecinal organizado legalmente constituido, previa elaboración del programa del servicio solicitado, de acuerdo a lo establecido en las normativas que regulan la materia”.

En el Convenio se establecerá igualmente la reversión del servicio o su intervención en el caso que el mismo se deje de prestar de manera eficiente, todo se somete a la consideración del pleno del Concejo Municipal.

“Artículo 281
El Municipio podrá intervenir el servicio o reasumir la prestación del servicio público transferido o descentralizado a comunidades y grupos vecinales organizados, cuando se deje de prestar el servicio o se preste deficientemente.
Para que proceda esta medida será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Concejo Municipal”.

En este punto juega un papel fundamental el Consejo federal de Gobierno como órgano de coordinación con relación a la transferencia de competencias de los estados y municipios a las comunidades.

“Artículo 282
La transferencia de competencias y servicios de los estados a los municipios, y de éstos a las instancias del Poder Popular, se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno”.

Sin embargo y pese a esta normativa el proceso descentralizador se ha debilitado porque, fundamentalmente se han revertido al Poder Nacional algunos servicios públicos anteriormente transferidos, como los de administración de puertos, aeropuertos y autopistas, se ha centralizado aún más el servicio educativo. Por otro lado, el servicio de policía, que forma parte de la autonomía de los Estados y de los Municipios, depende ahora de órganos centrales, y, no funciona el Consejo Federal de Gobierno como tampoco el Fondo de Compensación Territorial, se ha impedido la participación de los Estados y Municipios en los ingresos provenientes de hidrocarburos, al no reconocérseles las asignaciones especiales, y al eliminarse del situado constitucional partidas importantes, como los provenientes de la ganancias petroleras extraordinarias , al no ingresar éstas al Presupuesto nacional sino a presupuestos paralelos, lo que disminuye la cuota de participación de los Estados y Municipios en esos ingresos extraordinarios, derivados del alza de los precios del barril de petróleo. De esta manera ha aumentado la centralización, en materias propias de las competencias estatales y municipales, haciéndolos más dependientes del presupuesto nacional, todo ello porque en realidad no existe, por parte, del Poder Nacional, una voluntad política favorable al proceso de descentralización.

Dentro de las estrategias básicas para promover la descentralización tenemos que asumir plenamente las potestades y competencias emanadas de la Constitución, haciendo prevalecer ante todo los derechos de la gente a la participación efectiva, que los gobernadores y alcaldes electos pueden promover y construir una agenda para el desarrollo de la descentralización, que parta de las potestades y competencias exclusivas y concurrentes establecidas en el marco constitucional. Para ello deben cumplir con sus responsabilidades en la formulación de los planes de desarrollo estadal y municipal, y asumir la defensa de los recursos que por ley corresponden a los estados y municipios para ejecutar estos planes. Es también indispensable rescatar y poner en pleno funcionamiento las instancias de coordinación y planificación intergubernamentales como el Consejo Federal de Gobierno, los CEPLACOP y los CLPP, con participación de la sociedad organizada, además de apoyar y fortalecer el trabajo que vienen haciendo los Consejos Comunales, manteniendo su autonomía como voceros de las comunidades. Impulsar acuerdos políticos y sociales en materia de descentralización ligados al desarrollo de competencias exclusivas y concurrentes

Debe particularmente trabajarse en iniciativas legislativas dirigidas al fortalecimiento de la autonomía financiera de los estados y los municipios, y a la participación ciudadana en espacios estadales y locales de decisión pública. Extender y profundizar los vínculos asociativos entre distintos sectores de la sociedad civil y estados del país para unir esfuerzos de convocatoria ciudadana y redes de movilización de apoyos y generar alianzas con el fin de ampliar las visiones sobre la situación y los escenarios de país, superando la polarización y las actitudes de desconfianza, y acordar acciones conjuntas en temas cuya urgencia, recurrencia y complejidad demandan esfuerzos compartidos.

Ampliar los canales de comunicación y difusión de información hacia los ciudadanos, mediante nuevas estrategias y herramientas, garantizando el acceso a la información pública de manera confiable y oportuna sobre la gestión y los servicios públicos disponibles en cada una de sus jurisdicciones. Es importante crear líneas de comunicación, a través de las cuales puedan tramitarse y resolver solicitudes y difundir información útil, sistemática y oportuna sobre la descentralización jurídica, política, administrativa y financiera tal como está contenido en la Constitución.

Es necesario desarrollar estrategias que permitan aumentar los niveles de incidencia política en situaciones que produzcan discriminación social, económica o política de la población; y el emprendimiento de acciones dirigidas a fortalecer una cultura democrática y participativa basada en la inclusión, la tolerancia, la pluralidad y la cooperación como valores éticos sustantivos, vitales e insoslayables.

En términos políticos, una gestión local descentralizada supone una alianza con los ciudadanos y sus organizaciones, que comprenda el respeto a los valores democráticos, la gestión transparente y eficaz de los recursos públicos y la promoción de la participación popular de una manera efectiva y con objetivos claros; así como el fortalecimiento de la organización autónoma de las comunidades y de los distintos sectores de la sociedad civil en los ámbitos estadales, municipales y parroquiales.

Sólo acercando el poder al ciudadano, tendremos una mayor y mejor democracia, y una justicia social que atienda a los problemas colectivos, respetando por encima de cualquier otra consideración, al pluralismo ideológico y político, que es condición esencial del estado de derecho y de justicia al que todos aspiramos.

MARIA AUXILIADORA DUBUC P.
@mauxi1

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