Publicado el: Mar, Ago 30th, 2016

Editorial WSJ: La cuestionable paz de Colombia

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Editorial: La cuestionable paz de Colombia

Los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no pagarán tiempo en la cárcel y tendrán 10 escaños garantizados en el congreso.

El mundo elogia el posible final de 52 años de insurgencia en Colombia anunciado el miércoles por la noche por el presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC. A nosotros también nos gustaría creer en la paz. Pero el escepticismo hacia el acuerdo en Colombia y los detalles que están surgiendo dejan claro que mantener la paz no será tan fácil como anunciarla.

El acuerdo es producto de cuatro años de negociaciones patrocinadas por el régimen de los Castro en Cuba, que por décadas fue un proveedor militar y asesor político de los marxistas-leninistas de las FARC. En el papel, el acuerdo establece un cronograma de seis meses para que el grupo guerrillero deje las armas y se convierta en un partido político. Los representantes de las FARC tendrán garantizados diez escaños en el Congreso por ocho años, una concesión humillante a unos terroristas que pasaron su vida declarando la guerra contra la democracia. Las FARC también han prometido salir del negocio del narcotráfico, su principal fuente de financiación, a cambio de promesas de desarrollo rural.

Aún más controvertido es el hecho de que los líderes de las FARC no pasarán tiempo en prisión, siempre y cuando confiesen sus delitos en tribunales especiales de verdad y reconciliación. Ese es un trago especialmente amargo para millones de colombianos que han tenido algún familiar o amigo asesinado, secuestrado o torturado durante el largo reinado de terror de las FARC.

No sorprende que los colombianos tengan dudas sobre dar su respaldo al acuerdo en un plebiscito nacional que se llevará a cabo en octubre. Los sondeos muestras índices de aprobación declinantes, junto con una gran proporción de votantes indecisos y una tasa de aprobación para Santos que a duras penas llega a 25%. Al frente de la oposición está su predecesor, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el arquitecto de la renovada prosperidad en Colombia y sus victorias militares más contundentes sobre las FARC entre 2002 y 2010.

Otra preocupación es que facciones disidentes de las FARC han anunciado que no dejarán las armas, sin importar lo que hayan decidido los negociadores en La Habana. Parte de la razón puede ser ideológica, pero el mayor incentivo es la lucrativa ganancia que obtiene la guerrilla del negocio del narcotráfico. Es poco probable que asesinos regulares cambien su participación en el negocio de la cocaína por esquemas de desarrollo patrocinados por el gobierno en provincias remotas de los Andes.

Si los colombianos aprueban el acuerdo, el peligro a largo plazo es que la guerrilla explote las concesiones políticas para socavar la democracia. Usarán los tribunales para acusar a oficiales del ejército y la policía de abusos, sin importar si las declaraciones son falsas. Uribe convirtió al ejército en una fuerza más profesional con la ayuda de EE.UU., y las FARC querrán debilitarlo o desmantelarlo.

Ejemplos de acuerdos de paz similares en otros países de América Latina no son un buen augurio. Como lo ha anotado nuestra columnista editorial Mary Anastasia O’Grady, el pacto de Colombia está basado en el que en 1992 firmó El Salvador con su insurgencia marxista, que permitió que los guerrilleros participaran en política e incluyó una amnistía general. Pero ahora esa amnistía ha sido declarada inconstitucional, un problema especialmente complicado dado que el actual presidente de El Salvador es un ex comandante guerrillero.

Después de cinco décadas de guerra, es difícil echarles la culpa a los colombianos por esperar que este acuerdo les dé la mejor oportunidad de lograr una paz duradera. Pero confiar en la esperanza sobre la experiencia significa asumir un riesgo sobre la bondad de los terroristas que nunca han tenido que pagar por sus delitos.

Fuente: The Wall Street Journal

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