Publicado el: Mie, Nov 30th, 2016

El chavismo busca ilegalizar a la MUD para que no compita en elecciones

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Mientras la crisis económica avanza, a nivel político el chavismo mantiene su estrategia de poner contra la pared a la oposición

El chavismo pretende convertir las elecciones en una partida de solitario. Valiéndose de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente Nicolás Maduro amenaza con ilegalizar a la oposición para correr sin enemigos en futuros comicios.

El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, lo advierte constantemente. “Los partidos de oposición están ilegales y a punto de desaparecer si no acatan las leyes de la República, la Constitución”, declaró en octubre el vicepresidente de Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

¿Por qué Ameliach lanza esta afirmación? La Sala Constitucional del TSJ dictaminó el 5 de enero que las organizaciones políticas que obtuvieron menos del 1% de los votos o que no presentaron su tarjeta en los dos últimos comicios de carácter nacional (presidenciales 2013 y parlamentarias 2015), están obligadas a inscribirse otra vez ante el CNE para mantenerse con vida. Además, prohibió la figura de la “doble militancia”, es decir, que una misma persona no podrá firmar por agrupaciones diferentes para facilitar su supervivencia.

La resolución judicial –suscrita por el magistrado Juan José Mendoza, ex diputado del PSUV- afecta principalmente a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). ¿El motivo? Todos ellos se midieron el 14 de abril de 2013 y el 6 de diciembre de 2015 utilizando el emblema de la MUD, razón por la cual ninguno compitió con sus propios símbolos ni pudo cosechar por separado el 1% de los sufragios.

La cuenta regresiva ya está en marcha. En un fallo posterior, publicado el 21 de octubre, el TSJ fijó un lapso de seis meses “para la realización de la renovación de los partidos políticos que se encuentran deslegitimados”. Además, estableció que el CNE “debe verificar biométricamente las nóminas que acompañen las solicitudes de renovación o inscripción” de los partidos para evitar la “doble militancia”.

“Por último, debe señalarse que el partido político que no cumpla con el proceso de renovación de su inscripción ante el órgano rector electoral, no podrá participar en ningún proceso electoral interno ni de carácter municipal, estadal y nacional”, sentenció el máximo juzgado del país, bajo control del oficialismo.

Más que un procedimiento legal, esto se asemeja a una carrera de obstáculos. Los partidos nacionales deben recoger el equivalente al 0,5% de las rúbricas de los electores en 12 de las 24 entidades federales de Venezuela. Para remate, el CNE –dirigido por el chavismo- marcará “el lapso, los lugares y las condiciones en las que se realizarán los actos de recolección de manifestaciones de voluntad”.

Con el argumento de combatir la “doble militancia” y la usurpación de identidad, el Poder Electoral publicará las listas de las personas que firmen. Esto significa que el Gobierno podrá conocer los nombres de quienes respalden a los partidos de la oposición. En julio pasado, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, denunció que más de mil funcionarios fueron despedidos por signar en junio la petición de un referendo revocatorio contra Maduro.

Sin escapatoria

La tarjeta de la MUD también está contra la pared. “Nosotros, y esto lo digo como integrante de la Dirección Nacional del PSUV, vamos a hacer respetar la Constitución. Nosotros introdujimos en el CNE un escrito para que cancele la inscripción del partido MUD ya hace tiempo. Si un tribunal de la República determina que un partido cometió ilícitos plasmados en el Código Penal y en la Ley de Procesos Electorales, el CNE debe cancelar la inscripción de ese partido”, espetó Ameliach.

El chavismo acusa a la oposición de haber cometido “fraude” en la recolección de firmas para solicitar la activación del revocatorio contra Maduro, al incluir rúbricas de menores de edad, fallecidos y reclusos. Cinco tribunales penales provinciales del país admitieron esta denuncia y el 20 de octubre ordenaron suspender el proceso que conduciría a la convocatoria del plebiscito.

“Estamos frente al mayor fraude comprobable cometido por un partido político en la historia de Venezuela. En cualquier país del mundo en donde una organización política haya sacado registros viejos de casi 11 mil ciudadanos fallecidos, sería suficiente prueba para inhabilitarla”, ha insistido Ameliach.

Además de ser producto de una ardua negociación política, la tarjeta de la MUD es la más votada en la historia del país. En las presidenciales de 2013, obtuvo 7.363.980 apoyos, mientras que el PSUV alcanzó 6.193.662. Gracias al aporte del resto de los miembros del Polo Patriótico, Maduro conquistó Miraflores con 7.587.579 sufragios.

Venezuela ya tiene pautadas dos elecciones para 2017: las regionales, que debieron celebrarse este año, y las municipales. A su vez, la oposición intenta acordar una “salida electoral” a la crisis política en el marco del proceso de diálogo que inició el 30 de octubre con el Gobierno y que cuenta con el acompañamiento del Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

La MUD denuncia que Maduro rompió el hilo constitucional y secuestró el derecho al voto, principio básico de la democracia. Si el chavismo cumple su amenaza, puede que haya elecciones, pero –pequeño detalle- sin oposición.

diariolasamericas.com

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