Publicado el: Dom, Dic 7th, 2014

El chavismo desenfunda sus leyes contra los opositores

La reforma penal impuesta por Chávez creó delitos para perseguir políticos. María Corina Machado fue imputada por “conspiración” con base en una reforma legal chavista

La opositora venezolana María Corina Machado, procesada por “conspiración” por el sistema judicial del régimen venezolano, es víctima de la legislación creada por el chavismo en la última década como arma de persecución política. La definición de nuevos delitos con desmedidas penalizaciones es una práctica del chavismo que más recientemente ha comenzado a ser ejecutada por el Gobierno de Rafael Correa en Ecuador, con reformas de la legislación penal y su aplicación con fines políticos.

En su afán por neutralizarla, el régimen imputó a Maria Corina Machado con base en la reforma del Código Penal aprobada en 2005 por un parlamento controlado por el chavismo y presidido por Nicolás Maduro. En aquella oportunidad, mediante la reforma al Código Penal fueron incluidos en la legislación venezolana delitos tales como conspirar “para destruir la forma política republicana”, difamar al presidente, revelar “secretos políticos”, estorbar la acción del Gobierno, alzarse “públicamente en actitud hostil contra el Gobierno”, entre otros. Esa reforma fue impulsada y refrendada por Hugo Chávez, el mismo que en 1992 protagonizó un cuartelazo contra el Gobierno democrático. La reforma Chávez impuso 24 años de prisión para quien se alce “para cambiar violentamente la Constitución de la República”.

Aparte de la reforma penal, el régimen chavista aprobó otras leyes, entre ellas una “Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo”. Las definiciones de “terrorismo” o “delincuencia organizada” facultan a los operadores del sistema legal para imputar a actores políticos e impedir su juzgamiento en libertad. De hecho, esta ley ha sido masivamente utilizada durante el año 2014 contra centenas de jóvenes manifestantes detenidos en las calles de Venezuela. En estos tiempos, protestar contra los Gobiernos de Nicolás Maduro o Rafael Correa pueden acarrear la acusación de terrorismo y ser juzgados en consecuencia.

Diario Las Americas

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