Published On: lun, Ene 7th, 2013

El chavismo prepara un Golpe de Estado constitucional en Venezuela

  Por: Ignacio Plaz-Juanes

(Especial para ImpactoCNA).-   Un golpe de Estado coup d’État- es la  toma del poder político, por parte de un grupo de poder, que vulnera  la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión  que establecidas con anterioridad rigen dicho Estado. Una de las formas que asume el Golpe de Estado es la de Golpe de Palacio o Golpe de Estado Constitucional, cuando la toma del poder es ejecutado por elementos internos del propio gobierno, incluso de la misma cúspide gubernamental.

Al  leer las diversas interpretaciones  que los más altos personeros del Gobierno Revolucionario de Venezuela han venido dando a lo establecido en la Constitución se llega a la conclusión que existe una abierta intencionalidad de querer burlar esas  normas constitucionales.  El artículo 231 no ofrece dudas interpretativas al establecer que “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional”. Si no puede hacerlo por causas sobrevenidas lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

El Vicepresidente Maduro así como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, declaran que el acto de juramentación el 10 de enero es un mero formalismo. Intentan soslayar que esa es la norma que ordena el inicio pero también el final de un periodo de gobierno. El propio Tribunal Supremo de Justicia sentenció en el año 2009 que el inicio de la función de gobierno comienza con “la juramentación del electo como formalidad esencial para la toma de posesión del cargo”. No es cuestión de formalismos. La ley es siempre formalidad.  Los actos materiales de investidura de la función pública, como la juramentación del cargo, son esenciales para el ejercicio de la función pública.  Si no existen tampoco existe la investidura.

La condición de Presidente Electo es una condición transitoria que se perfecciona con la juramentación. No otorga derechos o prerrogativas especiales que trasciendan lo que está establecido en el  texto constitucional. Subvertir la normativa en función de una persona, aun cuando se trate de una persona elegida para el ejercicio de la Presidencia, es subvertir todo el orden constitucional que está por encima de cualquier circunstancia de índole personal. Ello forma parte esencial de la democracia y la legalidad. “Todas las personas son iguales ante la ley” dice el artículo 21 de la Constitución.

El cumplimiento de los principios constitucionales tiene carácter universal y deben observarse conforme al propio texto constitucional. “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” consagra el artículo 5, pero el pueblo no ejerce esa soberanía de cualquier modo. La ejerce dentro del marco y con apego a los principios normativos que la misma Constitución establece. El texto constitucional es categórico cuando afirma que “la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley”. Y ello es así porque “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”. (artículo 7)

En definitiva, la ausencia del Presidente Electo, es un hecho que fue previsto por el Constituyente y debe observarse el procedimiento establecido. Invocar que “la elección popular es el acto supremo y decisivo” y por tanto toda la normativa constitucional debe acomodarse a ese hecho no es otra cosa que vulnerar la Constitución. Es desatender el mandato que ordena la vida republicana y es asociarse a una asonada para deslegitimizar los principios republicanos.

Cuando la propia Procuradora General de la República considera que “la no presentación del presidente de la República el próximo 10 de enero, no se debe traducir en el desconocimiento de la voluntad del pueblo que el 7 de octubre escogió a Hugo Chávez como el Jefe de Estado”, no se percata que es ella misma quien alienta el desconocimiento de esa voluntad  popular. Esa voluntad popular fue la que aprobó el texto constitucional.  Esa voluntad popular estableció el procedimiento para la sucesión presidencial.

Condicionar los preceptos constitucionales a las circunstancias personales de un ciudadano aun cuando haya sido electo por votación popular no es otra cosa que establecer privilegios inconstitucionales. Debe ser otro ciudadano electo en la forma prevista por el constituyente quien asuma la presidencia.

Existen razones suficientes para la protesta pacífica y democrática. La reverencia al caudillo, al “líder de esta revolución” no puede derribar la ya maltratada republica. El pueblo de Venezuela quien en definitiva es el único responsable debe y tiene que elevar su voz. A buen seguro habrán de confundir esa voz como un intento de desestabilización por quienes si están desmembrando la legalidad. Que ello no conduzca a nada no debe ser obstáculo para la protesta. Lo contrario es el camino al servilismo, la sumisión y la ilegalidad.

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