Publicado el: Mar, Mar 31st, 2015

El desgaste moral de la OEA y sus lecciones para Unasur

Mientras se interpreta la situación de Venezuela con estadísticas, los familiares de las víctimas la recordarán como una tragedia

DANIEL CERQUEIRA

“¿Y Cuántas divisiones tiene el Papa?” Al contestar el vituperio de Stalin, Pio XI se limitó a lo eclesiástico, consciente de que en la primera mitad del siglo XX no lograría persuadir al jefe de Estado de una poderosa Unión Soviética con argumentos de orden moral: “Dígale a mi hijo Josef que encontrará mis divisiones en la eternidad”. Cincuenta años más tarde, Juan Pablo II apoyaría las demandas de libertad de asociación de sus coterráneos polacos y lograría influenciar la decisión de Moscú de no intervenir militarmente en la liberalización política en Polonia.

Tras el fin de la Guerra Fría, la consolidación de un orden multipolar trajo consigo no sólo el esparcimiento de la hegemonía de Estados Unidos y de la Unión Soviética, sino la redefinición de formas inmateriales de autoridad. En un escenario en que el poderío político ya no descansa exclusivamente en recursos militares y económicos, son frecuentes los pronunciamientos de líderes de países en vías de desarrollo retando la autoridad de potencias mundiales.

En el continente americano, esta realidad se ha evidenciado en alocuciones de diplomáticos de países del ALBA desafiando a sus pares estadounidenses. Paralelamente, diferentes gobiernos de la región han promovido que Unasur asuma un rol más protagónico en la mediación de crisis políticas internas, procesos de observación electoral y otras funciones que hasta hace una década eran casi privativas de la OEA.

Diferentes gobiernos de la región proponen que Unasur asuma un rol más protagónico en la mediación de crisis políticas internas
Entre las razones de la disminución de la importancia de la OEA, una muy palpable es la memoria de los ciudadanos de América sobre su actuar. El respaldo diplomático que Estados Unidos brindó a dictaduras militares pasó prácticamente inadvertido por sus órganos políticos, por lo que no es exagerado decir que durante el período más álgido de la Guerra Fría la OEA actuó como un apéndice de la política externa estadounidense. Así lo demuestra la intervención de una “fuerza interamericana de paz” en la guerra civil dominicana de 1965. Su composición —decenas de policías costarricenses, cientos de militares brasileños, hondureños, nicaragüenses y paraguayos y 42,000 marines— denota la preocupación de Lyndon Johnson de que una victoria de las tropas constitucionalistas leales al Presidente Juan Bosch podría conllevar a un régimen filocastrista en República Dominicana.

En la década de 1970, los pronunciamientos más visibles de defensa de los derechos humanos por parte de la OEA coincidieron con la llegada de Jimmy Carter a la Casa Blanca. Mientras en la décima Asamblea General de la organización Carter criticó las atrocidades perpetradas por la dictadura militar argentina, el canciller del país sureño amenazó con denunciar la Carta de la OEA, a la cual acusó de infringir el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros.

La dificultad en armonizar el referido principio con la primacía de los derechos humanos parece ser una constante en los esfuerzos de integración regional, habiéndose manifestado recientemente en la actuación de la propia OEA y de Unasur en torno a la crisis de gobernabilidad en Venezuela. A lo largo del 2014, 43 manifestantes fallecieron y centenas resultaron heridos de impactos de armas de fuego disparadas por agentes de seguridad o particulares actuando bajo su connivencia. Luego de un discreto pronunciamiento del Consejo Permanente de la OEA, los Cancilleres de Unasur se posicionaron el 12 de marzo de 2014, un mes después del inicio de los disturbios. Si bien ambos organismos reivindicaron el respeto a los derechos humanos en sus resoluciones, no hicieron ningún llamado a que se investiguen y cesen los abusos ampliamente denunciados.

Unasur prioriza la no intervención en Venezuela y obvia cualquier llamado a que se sancionen las violaciones a los derechos humanos
A comienzos de 2015, un nuevo saldo de fallecidos, torturados y detenidos tuvo lugar tras la reacción, nuevamente en las calles, a la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Mientras esta detención engordó la lista de opositores silenciados bajo rejas, el empleo desproporcionado de la fuerza durante las protestas y la impunidad en torno a estos hechos son sintomáticos del desgobierno en Venezuela. Pese a que la mayoría de las muertes ha sido registrada en marchas de oposición al gobierno, son varios los policías y simpatizantes de Maduro igualmente fallecidos en asaltos armados.

Hasta la fecha Unasur ha priorizado la no intervención en los asuntos internos de Venezuela y obviado cualquier llamado a que se sancionen las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el país. Es cierto que la ingobernabilidad provocada al menos parcialmente por Nicolás Maduro no es comparable con el terrorismo de Estado patrocinado por Jorge Rafael Videla. Pero a los fines de la primera gran prueba de autoridad moral de Unasur no hace falta que los muertos y heridos lleguen a la casa de los miles. Mientras dicho órgano interpreta la situación actual de Venezuela como una estadística, su población y sobre todo los familiares de las víctimas la recordarán como una tragedia.

Daniel Cerqueira es oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso. Twitter @dlcerqueira

El País

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