Publicado el: Vie, Feb 5th, 2016

El drama de unos 100 mil colombianos que viven escondidos en la frontera

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Por Rosalinda Hernández, desde San Cristóbal.-   En medio de la zozobra y el temor de ser detenidos en cualquier momento por las autoridades venezolanas que al solicitar la documentación comprueben su situación irregular en el país, un número importante de colombianos pasan días de penurias escondidos en zonas rurales y urbanas de la región andina.

Nadie sabe que en el Táchira hay más de 100 mil migrantes colombianos indocumentados, escondidos  en zonas populosas o rurales, con miedo y mucha  incertidumbre pero renuentes a marcharse del país porque ya tienen una vida hecha y se sienten “más venezolanos que nadie”, aseguró Carmelo Trujillo, director de la asociación “Migrantes por el Mundo”.

Trujillo describe la situación que enfrentan miles de neogranadinos residentes ilegales en la frontera del estado Táchira con el departamento Norte de Santander, Colombia, como  el problema de migración más grande que existe en América Latina.

“Viven una verdadera detención inmobiliaria, quienes han cruzado la frontera y permanecen en Venezuela. Son estigmatizados e invisibilidades para el Gobierno nacional al no reconocer que los tiene dentro de su territorio”, precisó Trujillo.

De acuerdo  a Trujillo, si se hace un censo real en coordinación con las comunidades fronterizas se puede constatar que pasan de 100 mil los colombianos indocumentados,“con arraigo, años de vivir en el país,  con esposas, hijos, y nietos venezolanos pero sin documentos legales que amparen su permanencia en territorio venezolano”.

Para el abogado de la asociación de ayuda a migrantes, el grupo social más grande de América Latina que vive en situación de estigmatización está en la frontera del Táchira. “Aunque en el Zulia y Apure se ven situaciones similares, no se compara con lo que vive  Táchira”.

“Hay personas que no saben ni siquiera dónde han nacido. En los consulados también se estigmatiza, pareciera que los colombianos no son seres humanos. La hermandad queda de adorno para los Gobiernos, y los tratados”, afirmó.

Explicó que cuando los problemas no tratan de solucionarse mirando la esencia de los derechos humanos,  la situación es más difícil y se complica.

Escondidos para sobrevivir

Llego al Táchira hace 10 años proveniente de Colombia, específicamente de la región del Catatumbo, él dice que desplazado por el conflicto armado en la zona.

Juan es un hombre sencillo que trabaja como ayudante en una granja ubicada – campo adentro- a dos horas de San Cristóbal. Con mirada tímida y desconfiada,  relató que llegó al país con “el combo”, trajo a Milena, su esposa y a uno de sus hijos. La familia creció, ya suman en total cinco miembros: tres niños, Juan y Milena.

Su gastada vestimenta da cuenta del arduo trabajo que realiza a diario. “Aunque el trabajo es duro, prefiero estar aquí con mi familia, los patrones me tratan bien y me ayudan mucho”, relató.

A pocos metros del lugar de trabajo está su casa, una modesta vivienda rural en la que dice sentirse seguro y resguardado de las autoridades que según él,  lo deportarán si llegan a conseguirlo porque no tiene documentos de identidad que respalden su permanencia en territorio venezolano.

A pesar de llevar una vida aparentemente normal, Juan Carlos no se encuentra tranquilo, ni en paz. El miedo lo paraliza cuando debe salir a realizar algún trámite o para ir a comprar alimentos.

“Aquí en el Táchira somos muchos los colombianos indocumentados que estamos escondidos, conozco a varios. Yo casi no salgo al pueblo porque ver a un militar o a un policía me asusta mucho”.

El problema más grave que afronta Juan se presenta cuando va a comprar productos de primera necesidad o solicitar  atención médica.

“Ni mi esposa, ni yo podemos salir mucho, ninguno de los dos tiene papeles, además sin cédula no nos venden comida. A veces no tenemos nada, nos vemos en apuros, tenemos que repagar la comida o  esperar a que los patrones nos auxilien con algo” explicó el colombiano.

Dos de sus hijos son venezolanos por nacimiento; Jhon y Felipe,.Tienen 4 años y 18 meses respectivamente. Juan Carlos,  el mayorcito es colombiano, tiene 6 años y aun no va a la escuela.

Una vida no es suficiente

Sofía es colombiana, costurera profesional con más de 45 años viviendo en el territorio venezolano. Se casó, tuvo hijos y formó una familia en San Cristóbal, capital del estado Táchira.

Dice que se acostumbró a vivir en San Cristóbal sin ningún apuro,  ni necesidad de obtener una documentación legal, no hacía falta. “Yo iba para todas partes y nadie me pedía la cédula. A Cúcuta  a visitar a la familia viajaba cada 15 días y llegue a pasar varias vacaciones en Caracas”.

El 10 de agosto del 2015, -como era costumbre- Sofia viajó con su hija, su yerno y tres nietos a Cúcuta, Colombia a pasar unos días de vacaciones. Con lo que no contaba era que nueve días después la frontera sería cerrada de manera indefinida por orden presidencial.

“Mi hija, el yerno y los muchachos pudieron entrar a Venezuela el 25 de agosto, ellos son venezolanos,  yo no… (Una larga pausa y sollozo), ese día empezó mi drama”.

Los días pasaban y la familia trató por diferentes medios de tramitar el paso de la colombiana de 72 años a territorio venezolano pero no hubo manera de lograrlo y mientras tanto ella se consumía en la depresión y el desespero por retornar a su casa en San Cristóbal.

“Un día me dijeron que  en la madrugada me venían a buscar para llevarme a San Cristóbal. Me dijeron, `tía póngase ropa cómoda´ y yo siempre he usado vestidos y para ese día me compraron un mono deportivo, una franela y botas”.

Según relató Sofía, su hermana la despertó cerca de las tres de la madrugada, le dio una bolsa con comida, un café caliente y la encomendó a Dios y al Niño de Atocha, santo venerado por los colombianos de la zona.

Exactamente faltando cinco minutos para las cuatro de la mañana, tocaron la puerta de la casa y apareció el sobrino de Blanca con otro joven. “Mi  sobrino me dijo: `vieja vaya con confianza que este muchacho la pasa y la lleva hasta su casa. Ya todo está arreglado”.

La distancia entre Cúcuta y San Cristóbal se transcurre en una hora y media. Sin embargo, el viaje de Blanca no se haría por la vía acostumbrada por lo que la travesía se extendió a unas cuatro horas de trayecto.

De acuerdo a la colombiana, lo “duro” empezó cuando de Cúcuta pasaron a la población venezolana de Ureña.

“Me embarré los pantalones y zapatos pero eso fue lo menos. Yo no me sentía bien y en ese momento pensé que me iba a pasar algo malo porque lo que veía a mi alrededor eran muchos hombres que miraban con recelo y cuándo el motorizado pasaba por el lado de ellos, saludaba y a algunos les daba algo en la mano. Lejos veía a otros hombres uniformados y con armas, supe que estaba en Venezuela, eran militares, soldados”.

Al fin llegaron a la población de Ureña y de ahí emprendieron el rumbo a San Cristóbal.

“Cuando llegue a mi casa todo el mundo me esperaba, lloramos, yo temblaba del susto, creía que no iba a sobrevivir ante tanto peligro que encontré en la vía. Mi yerno salió y le pagó al motorizado mucha plata… fueron 50 mil bolívares mija”.

Luego de esta peripecia, Sofía no ha vuelto a su oficio de costurera, a veces inesperadamente rompe en llanto y la familia preocupada la puso en manos de un psicólogo que la visita dos días a la semana.

No quiere hablar con sus antiguas amistades, no sale de la casa porque dice que los militares la van a deportar. Después de muchos años se quiere ir de Venezuela a vivir con su familia a Colombia porque “aquí nos persiguen por no tener cédula”.

Discurso anti-colombiano

Según lo señalado por el Coordinador Regional en el Norte de Santander del Servicio Jesuita para Refugiados, -SJR-,  Oscar Calderón, desde abril de 2014, el -SJR- de Colombia viene denunciando “el incremento en las deportaciones de colombianos y el retorno de connacionales en necesidad de protección internacional sin acompañamiento ni garantías”.

Calderón aseguró que en abril fue denunciado a las instancias correspondientes en Colombia la situación que se estaba presentando con los colombianos en Venezuela, y entre agosto y septiembre de 2015 se completo un total de 19.000 personas deportadas.

“¿Qué nos hizo pensar esto? en primera medida que el fuerte discurso anti colombiano que mantiene el Gobierno venezolano ha impactado en la argumentación popular, generando rechazo y discriminación en las calles. Lo que incrementó las deportaciones”.

De acuerdo al representante del SJR, no existen acciones claras en las políticas migratorias venezolanas, “deportan a personas que ya han tenido cédulas venezolanas, incluso han sufragados en procesos electorales o que tienen 30 años viviendo en Venezuela, con cónyuges e hijos venezolanos pero que no han tenido la oportunidad de regularizar su situación migratoria”.

La restricción a bienes y servicios de primera necesidad o necesidad vital, unido a tratos discriminatorios ha llevado a que un grueso número de personas hayan retornado a Colombia de manera forzada, “decimos forzada por que su voluntad ha sido presionada”, dijo.

Para Oscar Calderón –SJR-, los colombianos indocumentados en Venezuela se mueven entre el miedo a perder la vida si retornan al país de donde salieron huyendo por causa del conflicto armado y la imposibilidad de adquirir alimentos y bienes de primera necesidad, vitales para desarrollar su vida en el país.

http://elestimulo.com/

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