Published On: dom, Jul 29th, 2018

El expediente contra Uribe


En medio del revuelo político y judicial queda claro que el nuevo proceso contra el expresidente apunta a esclarecer si hubo intento de soborno y fraude procesal de su parte y a través de terceros para buscar la retractación de los testigos que lo acusan.

El 17 de septiembre de 2014, el congresista Iván Cepeda promovió un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia y divulgó los testimonios de dos excombatientes que hicieron señalamientos al expresidente Álvaro Uribe. Ese mismo día, Uribe acudió a la Corte y denunció a Cepeda por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia. Cuatro años después la Corte se abstuvo de investigar a Cepeda y ordenó hacerlo contra Uribe por manipulación de testigos. El pasado martes el asunto terminó en una citación a indagatoria al expresidente en medio de un enorme revuelo político y judicial.

Para entender esta vuelta de tuerca debe quedar claro que se trata de dos expedientes. El que se originó el pasado 16 de febrero contra Uribe por manipulación de testigos sigue su curso. Pero seis días después de que se formalizara, se dio el hecho que originó el segundo. El abogado Reinaldo Villalba, quien apodera a Iván Cepeda, acudió a la Corte para advertir que uno de los testigos contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, estaba recibiendo mensajes y visitas de personas con el propósito de que cambiara su testimonio. Con esa alerta, la Corte Suprema pidió apoyo del CTI de la Fiscalía para investigar lo sucedido.

Según la Corte, esa pesquisa permitió establecer al menos dos rutas de acercamiento al testigo. A través del congresista del Centro Democrático por el Huila Álvaro Hernán Prada Artunduaga y por conducto del abogado Diego Javier Cadena Ramírez. Este último le pidió al testigo Monsalve una retractación para presentarla a la Corte y le ofreció una acción de revisión sin cobro de honorarios y gestión para mejorar sus condiciones de reclusión y seguridad. El testigo se negó y argumentó que no podía incurrir en un delito de falso testimonio. Hoy es claro que estaba grabando el encuentro.

Al tiempo que el congresista Prada intentaba llegar al testigo o Cadena buscaba convencerlo de retractarse, este mismo abogado apeló a otro recurso. Contactó en la cárcel de El Buen Pastor a la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, hoy procesada por favorecimiento a paramilitares, para que se comprometiera a declarar, en el juicio a Santiago Uribe, que altos funcionarios de la Fiscalía se habían confabulado para acusarlo de nexos con el paramilitarismo. Según la Corte, la fiscal accedió, pero a cambio solicitó que, en apoyo a una tutela, se fijara como su nuevo sitio de reclusión la Escuela de Caballería.

Además de las rutas del congresista Prada o el abogado Cadena, la Corte resaltó que, de manera personal y directa, el expresidente ha procurado contactar a personas en el exterior para que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso Sierra, haga un video declarando en su favor. Al parecer, la misma estrategia ha desarrollado para desacreditar al expolicía Juan Carlos Meneses, quien hoy es el principal testigo en la investigación que se adelanta contra Santiago Uribe. Otros exmiembros del paramilitarismo han sido contactados con idénticos fines.

En esencia, esa es la argumentación de la Corte. Sin embargo, desde que estalló el escándalo han aparecido piezas procesales, documentos de puño y letra o testimonios que agregan nuevos puntos de vista. Por ejemplo, trascendió una declaración de la exfiscal Hilda Niño, realizada el pasado mayo, en la cual aseguró que durante su gestión en el ente investigador sí constató presiones, seguimientos ilegales y amenazas de fiscales durante la administración de Eduardo Montealegre a testigos o beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz, para que declararan en contra de los hermanos Uribe Vélez.

Otra declaración tiene como protagonista a Enrique Pardo Hasche, procesado por el secuestro del empresario Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana. Este personaje resultó ser compañero de celda del testigo Monsalve y, gracias a su intervención, fue posible que el abogado Diego Cadena accediera a él. No obstante, en una carta enviada a la Corte Suprema, Pardo aseguró que conoce a Monsalve desde 2009, que siempre culpaba a Uribe de que no lo hubieran aceptado en Justicia y Paz, y que constató cómo en varias oportunidades Monsalve quería retractarse.

En la misma misiva, Pardo añadió que, ante la insistencia de Monsalve de que quería contactar a la familia Uribe, él hizo la gestión y en La Picota se reunieron el abogado Diego Cadena y el testigo Monsalve. En esa reunión, afirma Pardo, Monsalve insistió en los beneficios y Cadena en la retractación. Días después se enteró de que Monsalve había sido trasladado a las casas fiscales de La Picota. En la carta, Pardo agrega que los exparamilitares Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y José Gélvez Albarracín, alias El Canoso, quisieron pescar en río revuelto para tratar de dilatar su extradición.

Por conducto de Pardo, el mismo día del encuentro entre el abogado Cadena y el testigo Monsalve, ingresaron a La Picota los abogados Jaime Lombana y María Mercedes Williamson. Pero no se sentaron en la misma mesa ni tuvieron contacto con Monsalve. La abogada Williamson aclaró a este diario que acudió a la cárcel porque es cuñada de Pardo, lleva años visitándolo y en esa ocasión lo hizo con los requisitos de ley. Tanto ella como el abogado Lombana, que la acompañó porque es amigo de su familia, se han declarado víctimas de un “burdo montaje” para comprometerlos en el escándalo.

Lo cierto es que, en el documento de citación a indagatoria a Uribe, la Corte ordenó recibir los testimonios de Pardo, los abogados Diego Cadena, Jaime Lombana, Héctor Romero y María Mercedes Williamson. Lo mismo que dispuso escuchar a todo el entorno que rodea la gestión del congresista Álvaro Hernán Prada, empezando por el político del Huila Hugo Tovar Marroquín y el ganadero del mismo departamento Rodrigo Vidal Perdomo. De igual modo, deberá acudir Victoria Jaramillo, quien dice que se enteró de que Juan Guillermo Monsalve quería retractarse e intervino para que Uribe pudiera ser el beneficiario.

A todo este entramado, la Corte decidió sumar también al círculo que rodea al otro testigo que señala a Uribe: el excomandante del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Además de este personaje, serán escuchados el abogado Samuel Sánchez -quien también fue apoderado del jefe paramilitar alias Ernesto Báez-; Carlos Enrique Vélez, conocido como el Comandante Víctor en el Cacique Pipintá; Eurídice Cortés, comisaria política de las autodefensas en Caldas, y otro grupo de personajes del mismo escenario de guerra del paramilitarismo.

Aunque el senador Uribe ha dicho que va a renunciar, aún no ha radicado esa dimisión. Sin embargo, en círculos políticos se dice que el expresidente quiere insistir en ella como una forma de demostrar que se somete a la justicia antes que legislar, como no lo han hecho los recién llegados congresistas de las Farc. En otro círculo se interpreta su anunciada renuncia como una forma de rendir cuentas ante la Fiscalía, eludiendo a la Corte. La última palabra respecto a la competencia para procesarlo sigue en las manos de la Corte.

Además, como se deduce de la lista de personas citadas a declarar, es evidente que los contradictores de Uribe también seguirán activos en la investigación. Es el caso del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema e investigador de la parapolítica Iván Velásquez, la excongresista Piedad Córdoba y el senador Iván Cepeda. También concurren a esta encrucijada judicial varios abogados de derechos humanos y exfuncionarios judiciales. Cualquiera sea el desenlace del caso Uribe, sumado al final del juicio a su hermano Santiago, vienen días de definiciones cruciales.

Entre tanto, en el entorno de la Corte se advierte una intensa controversia que no sólo incluye a los magistrados Barceló, Fernando Castro y Luis Antonio Hernández, que impulsaron la citación a indagatoria a Uribe, sino que también suma a magistrados auxiliares encargados de las pesquisas y hasta a los juristas de otras salas. Al magistrado Barceló le quedan pocos meses para terminar su gestión, aunque entre 1994 y 2011 fue magistrado auxiliar de la misma. Según se dice, está determinado a resolver el caso antes de cerrar su tiempo en el alto tribunal.

Fuente:elespectador.com

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