Published On: lun, Nov 26th, 2012
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El martirio de la jueza Afiuni en una carcel venezolana

Una de las prisioneras emblemáticas de Venezuela denuncia que fue violada en la cárcel.
Este diciembre la jueza venezolana María Lourdes Afiuni cumplirá tres años presa, y su detención cada día se torna más emblemática no sólo por las irregularidades del proceso judicial que se le sigue sino por las crueldades sufridas en su encierro.
La última, confesada al periodista Francisco Olivares para el libro Afiuni: la presa del Comandante, publicado el viernes, es que fue violada en la cárcel de mujeres, mejor conocida como el Inof, en julio del 2010.
El ultraje, además del trauma que todavía trata con psicólogos, también produjo un embarazo que la jueza, que hoy tiene 49 años, perdió un par de meses después. «A raíz de ese episodio fue cuando me enfermé y me sacaron el útero (le encontraron seis miomas). Fue en la famosa enfermería (de la cárcel)», relata en el libro, que ha causado gran consternación entre la opinión pública venezolana. En él también cuenta que fue golpeada y atacada con hojillas en varias ocasiones, y precisa que funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia y de la Guardia Nacional ingresan a la cárcel para abusar de las internas.
Tras esa operación y al detectársele un tumor en el seno, decenas de protestas y exhortaciones (incluyendo varias de diferentes comisiones de Naciones Unidas, colegios de abogados y hasta del escritor Noam Chomsky) Afiuni fue trasladada a su casa. Allí cumple arresto domiciliario custodiada por 16 militares, que cada dos semanas la llevan a presentarse ante un tribunal. La jueza no puede tomar el sol ni declarar a la prensa, pero por Twitter desahoga sus comentarios.
Hasta ahora no ha utilizado esa vía para comentar su confesión en el libro, pero en este asegura que sobre lo ocurrido escribió un informe que sólo envió al presidente Hugo Chávez y a un abogado en Ginebra. Sin dar más detalles, asegura que lo tiene una comisión de Naciones Unidas.
Su abogado, José Amalio Graterol, confirmó a la prensa local que «el Gobierno tenía conocimiento, no sabía que iba a ser público el delito; a las mujeres no les gusta hacer eso público, pero Afiuni tuvo el valor de revelarlo».
La indignación causada por la revelación de la jueza motivó una rápida reacción del Gobierno, que negó rotundamente la denuncia. La directora del Inof durante los años 2009 y 2011, Isabel González, aseguró que Afiuni no fue atacada y prometió demandarla por «difamación e injuria».
La publicación del libro ha coincidido con el ingreso formal de Venezuela a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acordado este 12 de noviembre, instancia que ha exigido al gobierno venezolano que la jueza sea juzgada en libertad y se le garantice su integridad física. La OEA dictó medidas cautelares para protegerla en enero de 2010, año en el que fue atacada.
En julio de 2010, al ser entrevistada telefónicamente por EL TIEMPO, la jueza dijo que fue blanco de ataques que no quiso precisar: «En cuanto a las lesiones físicas que haya podido haber sufrido, eso me lo reservo para las actas. Me mandaron a hacer un reconocimiento físico, tengo el resultado verbal de los médicos forenses y cuando lo tenga por escrito se harán las gestiones que sean necesarias». Sin embargo, nunca hizo pública alguna denuncia hasta ahora. Entonces aseguró que su caso es utilizado por el gobierno venezolano para amedrentar a los jueces.
La jueza Afiuni fue apresada el 10 de diciembre de 2009, horas después de que otorgara la libertad al empresario venezolano Eligio Cedeño, acusado de haber adquirido ilegalmente 27 millones de dólares estafando al sistema de control cambiario nacional.
El presidente Hugo Chávez aseguró en cadena de radio y televisión que la jueza debía estar presa 30 años por esa decisión. Hasta ahora, la Fiscalía no ha presentado pruebas de que la jueza hubiera recibido algún pago con esta liberación.
El caso Cedeño
El empresario Cedeño hacía dos años que estaba preso sin juicio y, según la ley venezolana, al cumplirse esta condición el sujeto debe ser liberado. Esta fue también una recomendación hecha entonces por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que esta semana ordenó al Estado venezolano a indemnizar al empresario, que vive actualmente en Miami, por la detención «injustificada y prolongada”.
El Tiempo

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