Published On: vie, Ene 11th, 2019

El presidente de Guatemala divide al país al expulsar la misión anticorrupción de Naciones Unidas


Cicig, el experimento anticorrupción de Naciones Unidas que irrita al presidente de Guatemala Jimmy Morales polariza al país al expulsar al organismo que lo investiga por corrupción

La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que lo investigaba por presunta corrupción, ha sumido al país a en una grave crisis política e institucional. El mandatario se enfrenta a la Corte suprema -que exige el regreso de la Cicig- y a una población que lo repudia en las encuestas y en la calle.

En el exterior, el golpe autoritario de Morales ha sido rechazado por la comunidad internacional y Guatemala, uno de los países más desiguales de América Latina, está a un paso de quedarse sin las ayudas de Estados Unidos a modo de castigo. Paralelamente, la polarización amenaza con trasladarse a la calle, donde simpatizantes de unos y otros han radicalizado el discurso.

Esta semana, Morales dio 24 horas a los trabajadores de la Cicig para que abandonaran el país y dio por suspendido el acuerdo que mantenía desde hace 12 años con la institución de Naciones Unidas, que ha servido para desmontar algunas de las estructuras más corruptas y poderosas. El desacato a otro poder del Estado es considerado por algunos analistas como un golpe de estado frío, o “técnico”, describió la exfiscal Thelma Aldana a EL PAÍS.

En medio de un discreto silencio los miembros de la Cicig ha ido abandonando el país durante esta semana sin hacer declaraciones. El Secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres “rechazó enérgicamente la medida” y desde su oficina aseguran que Iván Velásquez seguirá trabajando en la distancia. En una de las pocas entrevistas que ha concedido hasta el momento, el propio Velásquez denunció en este diario el entramado de corrupción que está detrás de su salida y “que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares”. “Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente”, dijo a mediados de diciembre.

Creada en 2006, la Cicig fue un novedoso invento de la comunidad Internacional que se puso en marcha cuando Guatemala, de 18 millones de habitantes, pidió ayuda cuando se asomó a la posibilidad de convertirse en un Estado fallido.

En 1996 el país había puesto fin a la guerra civil y una década después estaba secuestrado por empresarios, militares y políticos corruptos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de abogados e investigadores de primer nivel, financiada por la ayuda internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno.

Desde 2006 ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual, el colombiano Iván Velásquez. Doce años después, el resultado ha sido impensable en un continente escaso de fe en la justicia. Durante este tiempo la Cicig ha identificado 60 carteles delictivos, ha llevado a los tribunales más de 100 casos, ha procesado a 680 personas y ha logrado condenas para 310 de ellos, según su último informe.

La decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) que lo investigaba por presunta corrupción, ha sumido al país a en una grave crisis política e institucional. El mandatario se enfrenta a la Corte suprema -que exige el regreso de la Cicig- y a una población que lo repudia en las encuestas y en la calle.

En el exterior, el golpe autoritario de Morales ha sido rechazado por la comunidad internacional y Guatemala, uno de los países más desiguales de América Latina, está a un paso de quedarse sin las ayudas de Estados Unidos a modo de castigo. Paralelamente, la polarización amenaza con trasladarse a la calle, donde simpatizantes de unos y otros han radicalizado el discurso.

Esta semana, Morales dio 24 horas a los trabajadores de la Cicig para que abandonaran el país y dio por suspendido el acuerdo que mantenía desde hace 12 años con la institución de Naciones Unidas, que ha servido para desmontar algunas de las estructuras más corruptas y poderosas. El desacato a otro poder del Estado es considerado por algunos analistas como un golpe de estado frío, o “técnico”, describió la exfiscal Thelma Aldana a EL PAÍS.

En medio de un discreto silencio los miembros de la Cicig ha ido abandonando el país durante esta semana sin hacer declaraciones. El Secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres “rechazó enérgicamente la medida” y desde su oficina aseguran que Iván Velásquez seguirá trabajando en la distancia. En una de las pocas entrevistas que ha concedido hasta el momento, el propio Velásquez denunció en este diario el entramado de corrupción que está detrás de su salida y “que durante décadas ha puesto al Estado al servicio de intereses particulares”. “Todo está diseñado para mantener y no perder ese control. Y un poder que se siente amenazado responde ferozmente”, dijo a mediados de diciembre.

Creada en 2006, la Cicig fue un novedoso invento de la comunidad Internacional que se puso en marcha cuando Guatemala, de 18 millones de habitantes, pidió ayuda cuando se asomó a la posibilidad de convertirse en un Estado fallido.

En 1996 el país había puesto fin a la guerra civil y una década después estaba secuestrado por empresarios, militares y políticos corruptos. La respuesta fue la creación de una superfiscalía dotada de abogados e investigadores de primer nivel, financiada por la ayuda internacional y blindada del exterior, lejos de las tentaciones de soborno.

Desde 2006 ha estado dirigida por combativos fiscales como el español Carlos Castresana o el actual, el colombiano Iván Velásquez. Doce años después, el resultado ha sido impensable en un continente escaso de fe en la justicia. Durante este tiempo la Cicig ha identificado 60 carteles delictivos, ha llevado a los tribunales más de 100 casos, ha procesado a 680 personas y ha logrado condenas para 310 de ellos, según su último informe.

Fuente:elpais.com

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