Published On: mié, Sep 18th, 2013

El venezolano Claudio Osorio enfrenta en Miami 10 años de prisión

El venezolano Claudio Osorio, quien vivía en Star Island como empresario de alto perfil de Miami, ha mantenido un perfil discreto tras los barrotes desde su arresto en diciembre del año pasado.

El miércoles, Osorio comparecerá ante un juez federal para recibir su sentencia — probablemente de unos 10 años de cárcel — por robar millones de dólares a inversionistas y gastar ese dinero a manos llenas para vivir por encima de sus recursos.

Osorio, quien se codeaba con Bill Clinton, Hillary Clinton y Barack Obama en cenas de recaudación de fondos en su casa frente al mar, se declaró culpable en febrero de tres ofensas de conspiración relacionadas con fraude de transacciones bancarias y lavado de dinero.

Tras dirigir una compañía de distribución de computadoras que estuvo entre las de Fortune 500 y se fue a la quiebra en el 2000, Osorio lanzó una funesta empresa llamada Innovida Holdings para construir viviendas de bajo costo en Haití y otros países en vías de desarrollo. Esa nueva empresa lo llevó a tener serios problemas con los inversionistas y las autoridades federales.

Osorio, de 54 años, quien ha estado encarcelado sin derecho a fianza en el Centro Federal de Detención de Miami, enfrenta como mínimo 12 años de cárcel. Pero él espera recibir cierto crédito de parte de la fiscalía federal por cooperar contra el ex director de finanzas de su difunta compañía, Craig S. Toll, de 65 años, de Pembroke Pines, quien fue convicto de varios delitos y hallado inocente de otros en juicio este verano.

Se exigirá además a Osorio restituir entre $20 millones y $50 millones a los inversionistas, pero sólo se ha recuperado una fracción de ese dinero hasta el momento en el proceso paralelo de quiebra.

Agentes del FBI consolidaron un caso de fraude en contra de Osorio luego que algunos de sus inversionistas, incluyendo estrellas de baloncesto de la NBA, acusaron al trotamundos empresario de usar su compañía radicada en Miami Beach, Innovida, para estafarlos a ellos y al gobierno federal.

Según una acusación, Osorio conspiró para sacarles $40 millones a 10 inversionistas y otros $10 millones a un programa del gobierno federal entre el 2006 y el 2011. El subsidio del gobierno era para construir 500 viviendas en Haití tras el devastador terremoto de enero del 2010, un proyecto que Osorio usó para promover su compañía pero que nunca construyó nada.

En lugar de eso, Osorio pasó el dinero de los inversionistas a cuentas bancarias extraterritoriales en las Islas Caimán. El síndico de la quiebra de su compañía cerrada, el abogado Mark Meland, dijo que no había podido recuperar dinero alguno porque había sido gastado en el fastuoso estilo de vida de Osorio o despilfarrado.

Meland dijo además que había descubierto pruebas de que Osorio falsificaba correos electrónicos de banqueros en el extranjero en cuanto al saldo de sus cuentas en las Islas Caimán.

El principal inversionista que encabezó la ofensiva legal contra Osorio: el empresario y abogado de Miami Chris Korge, quien invirtió $4 millones en Innovida, incluyendo $3 millones que pidió prestados a su amigo íntimo, el cabildero y empresario de Miami-Dade Rodney Barreto. Korge planea urgir al juez a que dé a Osorio una sentencia severa, diciendo que “él ha arruinado las vidas de muchos”.

Korge, importante recaudador de fondos demócrata que conoció a Osorio y su esposa durante las campañas presidenciales de Clinton y Obama, no fue el único inversionista engañado por el carismático empresario.

Otros vieron ganancias potenciales en la nueva compañía de Osorio, entre ellos el astro de la NBA Carlos Boozer, el ex centro de los Heat de Miami Alonzo Mourning, un empresario de Tanzania, un grupo de inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos y un ex vecino suyo de Star Island.

Aunque Innovida contaba con una fábrica en North Miami-Dade, y prominentes personalidades en su junta directiva como el ex gobernador Jeb Bush y el rey de los condominios de Miami Jorge Pérez, la compañía nunca avanzó.

Osorio fue convicto de usar Innovida, que decía producir paneles de construcción de
alta tecnología, para engañar a los inversionistas y forrarse los bolsillos. Osorio, representado por el abogado Humberto Domínguez, se declaró culpable en febrero ante el juez de distrito federal William Dimitrouleas en el tribunal federal de Fort Lauderdale. Como parte de su acuerdo extrajudicial, la fiscalía federal acordó retirar otros 19 cargos.

Antes de que se presentara la acusación oficial en su contra, un juez de bancarrota ordenó a Osorio que vendiera un importante activo que él y su esposa Amarilis habían comprado en 1997: su casa de dos pisos y un acre de extensión en Star Island con piscina de borde infinito, la cual fue subastada por $12.7 millones.

La mayoría del producto de la venta de la propiedad, que tenía varias hipotecas, fue entregado a bancos y otros acreedores. Los inversionistas de Innovida recibieron $3.4 millones del saldo, según documentos del tribunal de quiebras. Se permitió a Osorio y su esposa conservar alrededor de $1.6 millones.

En julio del 2012, el matrimonio — que tiene tres hijos — pagó casi $924,000 por un condominio de cuatro dormitorios y cinco baños en Aventura. La fiscalía federal acabó pidiendo decomisar la propiedad como parte de la confiscación penal contra Osorio.

Pero su esposa se opuso a la medida ante los tribunales para conservar sus intereses en el condominio, diciendo que su parte de la compra no estaba contaminada por fondos fraudulentos de ningún tipo. El abogado de la esposa, Scott Srebnick, persuadió a la fiscalía que le permitiera conservar su parte y pagar al gobierno federal $382,500 por el interés de su esposo en la propiedad. Ella es ahora la única propietaria del condominio de Aventura.

La acusación contra Osorio se refiere a su esposa como “cómplice no acusado” quien se benefició personalmente de su fraude empresarial, pero no la menciona por su nombre.

La fiscal federal adjunta Lois Foster-Steers decidió no enjuiciar a Amarilis Osorio bajo un acuerdo extrajudicial de que su esposo se declarara culpable de actividad criminal, según documentos judiciales.
JAY WEAVER   jweaver@miamiherald.com

 

 

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