Publicado el: Dom, Mar 30th, 2014

Es poco probable un dialogo en Venezuela

-Poco probable un diálogo en Venezuela

-China estaría en proceso de construir en Venezuela una planta para producir gases lacrimógenos

No pareciera acertado el anuncio hecho por el presidente colombiano Juan Manuel Santos sobre la inminencia de un diálogo entre la oposición venezolana y el Gobierno. Santos informó el 27 de marzo que, tras las gestiones de Unasur, el Gobierno de Venezuela “aceptó anoche las “condiciones para iniciar el diálogo”, versión que los hechos desmintieron a las pocas horas. El Diario de Las Americas analiza el posible dialogo en Venezuela en un extenso Informe publicado el dia de ayer.

“Tal como adelantáramos en el Informe pasado, la canciller colombiana María Ángela Holguín presionó para que la comisión de cancilleres de Unasur, de visita en Caracas el 25 y 26 de marzo, celebrara encuentros con voceros opositores. Perú y Paraguay, comprometidos con Colombia en secundarla, extrañamente retiraron a última hora la participación de sus cancilleres. La solicitud de Nicolás Maduro a Unasur se limitaba a un respaldo a la “Comisión Nacional de Paz” creada por el Gobierno sin representación del liderazgo opositor. Pero a pocas horas de iniciarse las actividades de Unasur en Caracas, se acordaron encuentros con la dirigencia opositora centrada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como con líderes estudiantiles y organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.

La llegada de Unasur a Caracas coincidió con un incremento de la militarización de las operaciones contra las protestas. El ministro de Interior, el general Miguel Rodríguez Torres, anunció el 24 de marzo la realización de “operaciones especiales militares” para combatir las barricadas que persistían en cuatro estados del país. Ese día fueron movilizados 1.000 guardias nacionales y 40 vehículos blindados antimotines hacia el estado Bolívar. Desde allí el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, el general Vladimir Padrino, aseguró que en Venezuela se transita de una “subversión violenta no armada, a una insurrección armada”. Igualmente, el jefe militar del estado Bolívar, el general Luis Arrayago, alegó que “hay un cambio en la escalada del conflicto, ya no es sólo una alteración del orden público, sino que ya es una acción terrorista”. Ya en febrero, el Gobierno de Maduro movilizó una brigada de paracaidistas al estado Táchira para actuar en tareas de control de orden público.

El ofrecimiento colombiano como mediador en la crisis política que vive Venezuela fue esgrimido por el presidente Juan Manuel Santos el 14 de marzo. En aquella ocasión Maduro reaccionó agriamente contra el colombiano. Luego, la creación de un esquema internacional para mediar entre el Gobierno y la oposición venezolanas fue tema del encuentro del 28 de febrero en Washington, entre la canciller colombiana y el secretario de Estado de EEUU, John Kerry.

Tras dos días de encuentros con sectores oficiales, oficialistas, opositores y con la Iglesia, la delegación de cancilleres de Unasur se reunió por segunda vez con Nicolás Maduro la noche del 26 de marzo. Al día siguiente emitió un comunicado en el cual se refirió a “la apertura y disposición del presidente de la República de acoger las recomendaciones realizadas”. Tras su regreso a Bogotá, la canciller Holguín afirmó que “Venezuela está dispuesta a desarmar el lenguaje”, mientras Ricardo Patiño, el canciller ecuatoriano, dijo en Quito que la oposición estaba dispuesta a conversar con el Gobierno si “se establecían algunas normas”. En tanto, el canciller boliviano, David Choquehuanca, anunció que sus colegas de Brasil, Colombia y Ecuador estarían encargados del seguimiento. Unasur y Santos habían creado la ilusión de una perentoria negociación Gobierno-oposición. Poco después Maduro se encararía de desinflar el globo.

Al anochecer del 27 de marzo, Maduro anunció su aprobación a la comisión de tres cancilleres de Unasur. Igualmente aceptó la solicitud opositora para la presencia de un “testigo extranjero”, refiriéndose al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y anterior Nuncio en Caracas. Maduro prometió no referirse a los líderes opositores como “chucky, ni chuky luckis, ni kilúos”, pero Maduro rechazó “condiciones” o “agendas previas” para un eventual diálogo. Un diplomático suramericano comentó que Maduro, en privado, sí colocó una condición previa: el fin de las barricadas. Por su parte, una alta fuente de la MUD aseguró que la alianza opositora no acepta a Unasur como mediadora para un diálogo. La MUD habría presentado una lista de condiciones previas a cualquier reunión de negociación con el Gobierno. Entre esas exigencias estarían la libertad de los presos políticos; regreso de los exiliados; anulación de juicios a la disidencia, que incluye más de 800 procesos iniciados en las últimas semanas; investigación independiente de la represión a las protestas; detención, enjuiciamiento y castigo a los culpables de violaciones de derechos humanos; eliminación de leyes y normas que sabotean la capacidad productiva, entre otras. Como es evidente, las eventuales negociaciones Gobierno-oposición en Venezuela ahora se ven poco probables.

Un sector del chavismo se opone a negociaciones con la oposición y lo califica como “un infame pacto con sus enemigos capitalistas”. El ideólogo Toby Valderrama, viejo militante de la izquierda radical venezolana y quien define al Gobierno de Maduro como “pequeñoburgués”, advirtió en artículo del 27 de marzo que “las declaraciones de los cancilleres de Unasur, la disposición de voceros opositores, la postura de la cúpula de la iglesia, son clara invitación a seguir el camino de la conciliación, del nuevo pacto”, al cual califica como “pacto socialdemócrata”.

ONG de Derechos Humanos entregaron a los cancilleres de Unasur diversos informes sobre muertes y violaciones de derechos humanos a los detenidos durante las recientes protestas en Venezuela. Patrones de torturas, malos tratos, violaciones, robos, declaraciones judiciales sin presencia de abogados, así como la actuación de grupos paramilitares para reprimir protestas fue denunciada. Rafael Uzcátegui, miembro de la organización Provea y participante en el encuentro, aseguró en su cuenta Twitter que el canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, habría restado importancia al tema. Figueiredo habría afirmado: “Yo vengo de un país donde sí se practicó el terror de Estado. En Venezuela eso no ocurre”.

En las últimas semanas la diplomacia brasileña actuó como parte operativa de la estrategia internacional del Gobierno de Maduro. Junto a Argentina, Uruguay y (extrañamente) Paraguay, en un criticado comunicado de Mercosur, Brasil se apresuró el 16 de febrero a calificar como “intentos de desestabilizar el orden democrático” las protestas estudiantiles en Venezuela. Además, según diversas fuentes, la diplomacia brasileña “presionó” al Gobierno paraguayo para que rechazara la convocatoria de una sesión ministerial en la OEA que tratara la situación venezolana.

China estaría en proceso de construir en Venezuela una planta para producción de gases lacrimógenos. El dato habría sido proporcionado por el Ministerio de Defensa brasileño a las empresas del área militar de ese país. La planta que se construiría en Venezuela se abocaría a la producción de Gas CS (clorobenzilideno malononitrilo). La noticia corrió esta semana entre representantes empresariales presentes en la Feria Internacional del Aire y del Espacio celebrada en Santiago de Chile.

El nombre de la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais trascendió en las últimas semanas por el uso masivo de sus granadas y proyectiles de gas lacrimógeno contra manifestantes venezolanos. Incluso, el senador por el estado de la Florida Marco Rubio mostró la imagen de una granada Condor durante su intervención en el Senado de EEUU, el 27 de marzo, al referirse a la situación en Venezuela. Un alto representante de la empresa, consultado para este Informe, aseguró que se trata de material de vieja data ya que las ventas de municiones y equipos a Venezuela fueron suspendidas “hace varios años”, debido a la morosidad en el pago por parte del Gobierno venezolano.”

 

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