Publicado el: Mie, Feb 25th, 2015

Escandaloso: Venezuela compró aceite de oliva con sobreprecio a un Alcalde “Socialista” de España

El gobierno venezolano habría comprado lotes de aceite de oliva a la compañía andaluza Marinaleda, por el doble de su precio, según se denunció en la revista española Interviú.

El acuerdo fue presuntamente firmado en el año 2013 por el ministro Carlos Osorio cuando el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, viajó a ese país sudamericano.

Según se reseña en Interviú, en ese momento Venezuela se comprometió a comprar hasta 93 millones de dólares en aceite de oliva al doble de su valor.

“El negocio era tan suculento que la cooperativa autogestionada compró 1,4 millones de botellas a una gran aceitera española y las envió a Venezuela con otra etiqueta. Ingresaron al menos 6,7 millones de euros”, se indica en la revista.

Allí también se destaca que la millonaria operación no tiene “lógica comercial”, especialmente cuando Venezuela enfrenta una seria escasez productos básicos, incluyendo el papel higiénico y el Gobierno decide comprar aceite de oliva al doble del precio, siendo -hasta lo que se conoce- la cooperativa de Marinaleda el único beneficiado.

Sánchez Gordillo, quien en sus inicios fue líder sindical, visitó Venezuela en 2013 para impartir charlas sobre el proyecto “anticapitalista” desarrollado en la localidad andaluza.

Desembolso

El contrato se indica que el país sudamericano le compraría a la empresa española hasta 12.000 toneladas métricas de aceite a un precio de 6.504 euros por tonelada. En total el encargo, que se estructuró en distintas fases, se rubrica por una cuantía máxima de 81 millones de euros.

En ese momento y según las bases de datos de referencia para mayoristas, el precio del aceite de oliva era de 2.988 euros por tonelada. Menos de la mitad de lo que pagó Venezuela. Durante la vigencia del contrato el aceite de mayor calidad llegó a estar a 2.000 euros por tonelada. Incluso con envío y un beneficio industrial del 15 por ciento, el precio ni siquiera se acerca a lo abonado por el Gobierno latinoamericano.

Como firmantes del contrato por parte de la cooperativa andaluza aparecen dos personas: Antonio Aires, concejal de Izquierda Unida en Marinaleda y gerente de la cooperativa, y un ciudadano venezolano, responsable de la radio pública YVKE Mundial, la misma empresa que pagó unos meses antes y según su propia versión, el polémico viaje de Sánchez Gordillo a Venezuela para explicar la naturaleza de su utopía.

Delito en Sudamérica

Vender un producto muy por encima de su precio no es un delito en España. Pero sí lo es en Venezuela, donde el Gobierno prohíbe de forma taxativa la salida de capitales al extranjero.

Con una inflación anual de 68 por ciento, prohibir la salida de dinero del país es la principal medida para frenar la fuga de capitales. Pero hay una forma de burlarla: vender desde España o cualquier otro país extranjero un producto muy por encima de su precio para mandar la mayor cantidad posible de dinero fuera de Venezuela.

Es lo que se conoce como sobrefacturación, un delito perseguido con la cárcel. En algunos casos, los procesados son narcotraficantes o blanqueadores de la corrupción. En otros, empresarios con voluntad de salvar fuera del país parte de su patrimonio.

Fuente: INTERVIU

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