Publicado el: Mar, Feb 17th, 2015

Etarra buscado en España por 25 homicidios vive tranquilamente en Venezuela

Algunas veces, entre el paraíso y el infierno media la misma distancia que hay entre el amor y el odio: exactamente una suave brisa caribeña. En una rutina afianzada durante semanas, el etarra José Ignacio de Juana Chaos ha adquirido la costumbre de salir temprano de su casa en Chichiriviche, a apenas 20 metros del malecón, y dar un paseo tranquilo hasta llegar a su nuevo negocio, una cochambrosa tienda de licores situada en una cochambrosa calle, apenas a 100 metros de la que ha sido su vivienda en los dos últimos meses y a unos pocos minutos de una de las playas venezolanas más impactantes del mundo, entre dos parques naturales, con aguas tan transparentes que dan vértigo, publica El Mundo de España.

Sin embargo, el terrorista huido -pasea 25 asesinatos por los que cumplió sólo 18 años de prisión- casi ni presta atención a tan fascinante espectáculo. En bermudas, descuidado, con un tripón impropio de sus obsesiones atléticas de pretendido y falso gudari, con el cuerpo flácido y algo de papada, abre las persianas del negocio ayudado por un amigo y después se queda unos minutos en la puerta, con las manos en los bolsillos y gesto indolente. Es 10 de febrero, un día antes de su séptimo aniversario de boda con la joven Irati Aranzabal. Parece fastidiado y preocupado.

Fastidiado, aseguran algunos de quienes le conocen, porque una cosa es irse al Caribe de vacaciones y otra tener que soportar por obligación esa sofocante bolsa de humedad permanente día tras día, sin poder salir del país ni regresar a su querido País Vasco o, quizás, a su añorada Irlanda. Y preocupado a veces, de forma más perentoria, más inmediata, porque no siempre sabe qué le espera durante la jornada.

Por muchos motivos, De Juana y su esposa Irati han tenido problemas para sacar adelante los negocios de restauración que emprenden en Venezuela, y uno de esos motivos es la necesidad -en especial si se vive de determinadas inversiones- de tener que salir todos los días a buscar víveres en un país donde no los hay. La carencia de productos básicos es tan grande que el terrorista, como la mayor parte del pueblo venezolano, se ha visto en mucha ocasiones sin medicinas siquiera y ha tenido que tirar de sus amigos y familiares en el País Vasco para conseguirlas.

Estos días, algunos periódicos como El Nacional llevan en primera página las enormes colas de gente a la puerta de los supermercados intentando conseguir lo que sea, algo de leche, preservativos o papel higiénico, mientras son vigilados por soldados armados. También recogen la detención e ingreso en prisión de los propietarios de cadenas de supermercados o de productos farmacéuticos a quienes el Gobierno, incapaz de controlar una situación económica caótica, acusa de “estar activando una conspiración con metodología de guerra” contra el pueblo.

En las portadas de los diarios viene asimismo anunciado cómo, en previsión de protestas mayores, el Ejecutivo de Nicolás Maduro está preparando la reforma legal para que los funcionarios puedan usar armas en las manifestaciones. Y la situación de inseguridad, descontrol y violencia es tan brutal que, puestos a precisar, una fuente policial consultada por este periódico, muy vinculada al país caribeño, asegura: “En estos momentos, Venezuela es un mal lugar para tener enemigos. Por 20 euros te limpian el forro y te echan a una cuneta. Y si no es por encargo, te pueden matar hasta por unas zapatillas o un móvil”.

Los escondites de De Juana

Ese es el paraíso al que De Juana Chaos acudió a refugiarse cuando se dio cuenta de que Irlanda había dejado de ser un lugar seguro para él y que podía ser entregado en cualquier momento a la justicia española para responder de una acusación de enaltecimiento del terrorismo. Un país duro que, sin embargo y pese a las penalidades, lo está siendo mucho menos para su familia porque cuenta con una red formada por amigos o por etarras influyentes en el entramado chavista -allí se ubica la mayor de las colonias de miembros de ETA, siempre o casi siempre protegidas por el régimen-, o por representantes políticos bien conectados, que hacen que su vida sea más fácil que la del resto de los ciudadanos.

La primera ubicación conocida en Venezuela de la pareja formada por José Ignacio e Irati fue la casa de la avenida General Nicolás Rolando de la ciudad de Nueva Barcelona. Allí tuvieron a su hijo, Amets, y allí, en la planta baja del domicilio cuya propiedad corresponde a la venezolana Rosalba Benet, pusieron en marcha, en 2013, un modestísimo negocio de hostelería al que bautizaron con el nombre especialmente significativo de Restaurante Matalaz, correspondiente a un comando de ETA formado por tres terroristas que fueron detenidos en 1991 cuando se disponían a asesinar a un policía en Baracaldo.

Los integrantes del Matalaz no pudieron matar al agente porque el departamento de Interior, sospechando que éste podía estar en peligro, lo sustituyó por un miembro de los Geo que durante meses hizo de cebo. Sin embargo, salieron de la cárcel apenas cuatro años después de ser detenidos porque agotaron el tiempo de prisión preventiva sin que la Audiencia Nacional se hubiera acordado de juzgarlos. Quizás eso fue lo que le pareció al terrorista lo suficientemente metafórico o divertido o sentimental como para recordarlo con un cartel sobre la puerta de su casa de comidas a miles de kilómetros del País Vasco.

De Juana e Irati se hacían llamar Don Víctor y Doña Teresa en Nueva Barcelona. Su estancia en aquella aparente ciudad del estado de Ansoátegui no les fue, sin embargo, excesivamente provechosa. De aquella época es la borrosa foto en la que el terrorista pasea con su mujer por un centro comercial (se dijo entonces que el Estado venezolano no podía extraditarlo porque no reconocía el enaltecimiento como delito susceptible de recibir esa respuesta). A partir de ese momento, algunos periodistas de la prensa local empezaron a interesarse por un sujeto con un currículum de ese nivel. Visitaron el restaurante y, aunque confundieron a Irati con una empleada del establecimiento, la vida empezó a resultar menos cómoda para la familia De Juana, una circunstancia que se agravó con las dificultades logísticas, el alejamiento del grueso de los etarras influyentes en el país y su situación absolutamente irregular.

El Restaurante Matalaz finalmente se vio abocado al cierre y De Juana, asesorado por su abogada Auribel, decidió echar a la gente a la calle -también a quienes hubieran podido cederle sus tarjetas telefónicas o le hubiesen podido ayudar a realizar gestiones que, por su falta de documentación, le hubiesen resultado imposibles-; y, según las fuentes consultadas, declaró el cese temporal del negocio, no el definitivo, para evitar pagar impuestos. Todavía hoy, sin embargo, el terrorista sigue abonando unos 100 euros al mes a Rosalba, la propietaria del local, debido a que su contrato no vence hasta octubre de 2015.

Chichiriviche, su nuevo destino

El cierre, en cualquier caso, se produjo el día 1 de octubre del año pasado, y apenas un mes después el terrorista había encontrado hueco en Chichiriviche, en el estado de Falcón, donde le esperaba Xabier Arruti Imaz, propietario del Restaurante Txalupa, en primera línea de playa.

Arruti es, o fue, delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Chichiriviche, ex director general de la alcaldía en el estado de Falcón, responsable del llamado Comité de Refugiados de Caracas y activista político fiel, primero a Chávez y, se supone que por extensión, a Maduro. “No hay familia en el País Vasco, ninguna familia, que se haya librado de que alguno de sus miembros haya sido detenido y estigmatizado como etarra”, manifestaba hace unos años en un reportaje realizado por una televisión venezolana que lo presentaba como “disidente vasco” y “refugiado”. “No somos nada, y lo que ocurre es que estamos siendo utilizados por el Gobierno de Madrid para atacar y romper con el Gobierno de Chávez”, añadía.

Esta especie de preboste chavista local huyó a Francia y después, en 1981, a Venezuela tras ser desarticulado el comando del que formaba parte y al que se atribuía el intento de asesinato de un inspector de la Policía Nacional. Algunas fuentes le señalan hoy como el sustituto al frente de los etarras en Venezuela de Arturo Cubillas Fontán -quien pasó también de los pucheros de la Casa Vasca y de constar en el ordenador de los jefes de las FARC a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura chavista-. Sin embargo, otras fuentes precisan que, aunque Arruti haya escalado muchos puestos, Cubillas sigue siendo el máximo referente.

En cualquier caso, Arruti, en cuyo restaurante los dos etarras han mantenido en las últimas semanas largas y frecuentes conversaciones, ha resultado ser, dentro de sus posibilidades, un respaldo indudable para la familia De Juana. En algunas de las guías particulares que animados viajeros cuelgan en internet para contar sus experiencias, hace unos meses venía detallada una exhaustiva carta de platos de pescados diversos a un precio algo superior al de los locales de alrededor. Hace cinco días, el restaurante, acorde con la situación del país, sólo servía un plato porque, al parecer, de la catástrofe venezolana no le libra ni el encendido chavismo de su propietario.

Aun así, apenas unos días después de trasladarse a Chichiriviche, el pasado 5 de diciembre, José Ignacio de Juana ya había conseguido la licorería de la que se ocupa ahora, la misma que antes administraba la hermana de Xabier Arruti. Y había conseguido también un lugar donde quedarse, una casa de dos plantas recién acristalada, propiedad de una señora gallega de cierta edad llamada África, que ocupa la parte alta durante seis meses y viaja el otro medio año a España, mientras deja que un empleado cuide de su inmueble.

De Juana Chaos alquiló la parte baja de ese edificio a escasos metros del malecón, sin jardín pero con un gran patio en el que hay instalado un asador mediano, preparado para las fiestas al raso. En aquellos momentos, su mujer y su hijo se encontraban en España, y él se pasó todo el otoño viajando a Caracas, a unas tres horas de camino, para regularizar su situación gracias a las influencias, probablemente, del propio Arruti y de algunos de sus amigos políticos.

En busca del ‘provisional’

Concretamente, De Juana empezó a desplazarse hasta la capital venezolana a comienzos del pasado mes de septiembre para intentar conseguir un documento oficial denominado el provisional, cuya gran ventaja es la de impedir la improbable expulsión del terrorista, de su mujer y de su hijo a España, al menos durante el tiempo en el que Maduro permanezca como presidente de la república. Si se produjese un cambio de gobierno o de liderazgo, el terrorista, según los comentarios que se le escucharon cuando hablaba con los funcionarios que en cierto modo han arriesgado su trabajo al facilitarle las cosas, confía en tener un tiempo suficiente para manejar los hilos de nuevo y mantener la cobertura de la que dispone ahora.

Mientras realizaba las gestiones, su esposa reclamaba en el País Vasco los documentos precisos para regularizar la situación de los miembros de la familia y que les permitiesen abrir cuentas bancarias, poner en marcha negocios y adquirir propiedades en el país caribeño. Durante aquellos días, como publicó este periódico, Irati se convirtió en una especie de embajadora entre algunos dirigentes de la izquierda abertzale y María Guadalupe Rodríguez Zambrano, miembro de la Coordinadora Simón Bolívar y pareja de Juan Contreras Sunbilla, actualmente diputado del partido PSUV-DC de la Asamblea Nacional venezolana.

Fue María Guadalupe precisamente quien, según las fuentes consultadas, tras pasar unas semanas de vacaciones en España, trasladó a su regreso a Venezuela, ya en el mes de octubre, los papeles que Irati había estado aglutinando. Y su eficacia fue tan demoledora en un país que para todo se toma su tiempo que ese mismo mes Don Víctor y Doña Teresa ya habían recuperado sus identidades como Don José Ignacio y Doña Irati.

María Guadalupe está muy acostumbrada a moverse en el mundo de los etarras huidos a Venezuela o de los miembros de la izquierda abertzale que han frecuentado un lugar tan acogedor para ellos. Ella y su marido han recibido en la Coordinadora Cultural Simón Bolívar, también conocida como la de los 23, a representantes abertzales como Joseba Álvarez -miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, responsable internacional de Bildu y coordinador de Sortu-, Asier Altuna -responsable del ámbito internacional en Sortu- o Joseba Agudo Mancisidor -abogado de etarras en libertad provisional-.

Probablemente por eso, conocedores de los planteamientos y los equilibrios internos, las críticas abiertas de José Ignacio de Juana contra la estrategia de Sortu o de Bildu no les parezcan en absoluto desleales. El terrorista, de hecho, y a pesar de lo mucho que la izquierda abertzale maniobró para sacarle de prisión antes de tiempo, y de forma preferencial, durante las negociaciones de 2006 con el Gobierno socialista, suele comentar con sus amigos, también con los del Restaurante Txalupa, lo mal que, a su parecer, lo están haciendo con los presos de ETA sus antiguos compañeros dedicados ahora a la política; y también el Ejecutivo vasco.

Planes apoyados por sus amigos

Solventados los escollos burocráticos, y con su mujer y su hijo de regreso a mediados de diciembre, De Juana está planeando cambiarse de casa en los próximos días y abrir un restaurante, no una mera licorería; aunque la realidad, el día a día, esté lastrándole de forma inevitable.

Sigue necesitando de sus amigos Miguel Gabilondo Arbulu y Mikel Xabier Aristi para que le traigan los medicamentos de España e incluso le presten dinero. La furgoneta con la que se mueve por las mañanas buscando productos básicos o realizando gestiones es precisamente de este último. Hace poco pidió a su hermana Altamira, la enfermera destinada durante años al Hospital Donostia, 19.000 euros para poder ir tirando, pero se ha tenido que conformar con que ésta le remita, desde principios de enero y de manera indefinida, entre 200 y 250 euros que, dado el cambio infernal que se gasta el país, constituyen una cantidad respetable. Al menos por el momento.

La casa a la que barajaba trasladarse a finales de enero es propiedad de otro de sus socios de organización, Sebastián Etxaniz Alcorta, y de su pareja, Arantza Plazaola, quienes hace unos años se encontraron con un escollo inesperado que les impidió que su estancia en Venezuela discurriese de acuerdo con sus planes. Sebastián Etxaniz es, de hecho, uno de los pocos etarras a los que el Gobierno venezolano ha entregado a España desde que en los años 80 -por acuerdo entre ambos ejecutivos- el país caribeño fuese uno de los designados para acoger a terroristas detenidos en Francia, a quienes los representantes galos se negaban a extraditar porque dudaban de las garantías del sistema democrático español.

Etxaniz fue entregado en 2002, cuando el etarra llevaba 12 años allí y sus abogados, entre los que se encontraba Agudo Mancisidor, interpusieron una denuncia contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “deportación ilegítima”. La denuncia interpuesta por el “concubino” señor Etxaniz y “su concubina” -según la terminología empleada en el informe número 110 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- Arantza Plazaola acabó en un acuerdo sellado en octubre de 2006 por el que el Estado venezolano se comprometió a pagar, por diversos daños -también por daños morales-, una cantidad superior a los 360.000 euros a la familia al completo y una pensión mensual variable, según el IPC, a Arantza Plazaola.

No está claro que los venezolanos realizasen el pago pero sí lo es que el matrimonio es propietario de un hotel y de la casa a la que De Juana, tras negociar con Plazaola, ha pensado trasladar su domicilio y su nuevo negocio. Después de que los alquilados – algunos de los cuales son los trabajadores del hotel- abandonen el lugar y de hacer algunas obras. En Chichiriviche. Venezuela.

La trayectoria de un saco de problemas
Cuando De Juana Chaos escapó a Irlanda recién salido de prisión, miembros del Gobierno de Zapatero respiraron aliviados porque pensaban que era mejor tenerlo lejos. Si se hubiera quedado y hubiera sido absuelto de la acusación de enaltecimiento del terrorismo recién formulada, hubiese sido insufrible verlo pavoneándose por la calle; y si hubiese sido condenado, también hubiese resultado inaguantable con otra de sus huelgas de hambre. Todo ha cambiado bastante desde entonces pero, según el criterio de muchos expertos, como el etarra sigue siendo imprevisible, su decisión de cobijarse en un país caracterizado por proteger a los miembros de ETA resuelve algunos inconvenientes. Lo cierto es que este terrorista siempre ha sido un saco de problemas, incluso para los suyos. Estaban en plenos contactos el Gobierno y la banda cuando De Juana acabó de cumplir condena: sus 3.129 años de prisión por 25 asesinatos habían quedado, por ley, reducidos a 18. El más brutal de sus atentados probablemente fue el perpetrado contra un autobús con 54 agentes de prácticas en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Doce de ellos murieron. El juez Grande-Marlaska retrasó su salida al acusarle de amenazas por unas cartas que remitió desde prisión y el terrorista se puso en huelga de hambre. Ni los abertzales ni ETA tenían interés en un tipo que desafiaba por libre, pero lo utilizaron para chantajear al Gobierno. «Es lamentable que desde septiembre no se haya resuelto la excarcelación de De Juana», reprochó, en diciembre de 2006, uno de los enviados etarras a Gómez Benítez, el representante del Ejecutivo. La condena a 12 años por las amenazas, que finalmente el Tribunal Supremo dejó en cuatro, le hizo retomar la huelga de hambre. La bomba de la T-4 no impidió que se le concediese la prisión atenuada en el Hospital Donostia, de donde salía a pasear con su novia. Sólo cuando acabaron los contactos y ETA anunció el fin de la tregua, regresó a prisión. En 2008 salió en libertad pero la Audiencia le requirió por presunto enaltecimiento basado en una carta que habría enviado a su propio homenaje y huyó. Tiene pendiente ese juicio y adeuda ocho millones de euros a sus víctimas.

EL MUNDO/ ESPAÑA

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