En la prueba -celebrada el 28 de abril- se promediaron tiempo de votación de 56 segundos, mientras la autenticación en las captahuellas demoró hasta 86 segundos.

Los técnicos de la Junta Nacional Electoral aspiran a reducir estos promedios en la segunda prueba del sistema prevista para la tercera semana de junio.

México expresó su preocupación por los recientes actos de violencia que han afectado a diplomáticos en la capital venezolana y especialmente los sufridos por los representantes mexicanos.

En enero, el embajador mexicano en Caracas, Carlos Pujalte y su esposa fueron secuestrados por un período corto de tiempo, durante el cual los delincuentes exigieron dinero por su liberación, y en abril su residencia fue robada

La declaración se basa en la Proclama Presidencial 5377 de la Oficina del Departamento de Estado de Asuntos Consulares cuando que prohíbe en su primer artículo la entrada de funcionarios o empleados del gobierno o el Partido Comunista.

Agrega la nota que “la decisión terrible de la administración para permitir a los agentes del régimen en los EEUU contradice directamente la intención del Congreso y la política exterior de EEUU desde hace mucho tiempo considerando que es imprudente y peligroso dar la bienvenida a los agentes de alto nivel de un Estado patrocinador del terrorismo con una extensa red de espionaje para vender sus propiedades anti-propaganda de los Estados Unidos en territorio de EEUU”.

“Es una vergüenza que la administración de Obama elimine las restricciones establecidas para compensar a la dictadura castrista, una vez más”, concluyó.

La hija de Raúl Castro recibió el permiso de entrada a los Estados Unidos para participar en un simposio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en San Francisco con el tema central “Mirada a la diversidad sexual desde lo político”.

Además de la visa a Mariela Castro, se otorgaron otras dos más a sus escoltas de seguridad, afirmó El País.

Otro alto funcionario del gobierno cubano que recibió una visa de Estados Unidos es el historiador de La Habana, Eusebio Leal.

La hija de Castro estaría en territorio estadounidense entre el 23 y el 26 de mayo para participar en el XXX Congreso de LASA (Latin American Studies Association, Asociación de Estudios Latinoamericanos), una agrupación de investigadores e instituciones dedicados a estudios en la región.

La visa otorgada a  la hija de Raúl Castro generó variadas reacciones.

La congresista cubanoamericana, Ileana Ross–Lehtinen, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, mostrando su desacuerdo por esta decisión del Departamento de Estado, emitió un comunicado de prensa.

“Estoy muy preocupada por los reportes que indican que el Departamento de Estado ha otorgado una visa a la hija del dictador Raúl Castro”, lee  el comunicado; “Mariela Castro es una simpatizante del régimen. Hay reportes que señalan que Eusebio Leal, encargado por el régimen para expandir el turismo a la isla también ha conseguido visa para viajar a Estados Unidos”, indicó la congresista.

La legisladora republicana por el estado de Florida dijo que “si se llegaran a confirmar estos reportes sería la prueba más reciente de que Estados Unidos está abriendo las puertas para que funcionarios y activistas de un estado patrocinador del terrorismo ingresen a territorio estadounidense”.

El senador Robert Menéndez también se unió a las críticas por la decisión de Washington y la calificó como “decepcionante”.

“Ni el Gobierno de los Estados Unidos ni la Asociación de Estudios Latinoamericanos deberían estar en el negocio de dar a un régimen totalitario, como el de Cuba, una plataforma para exponer su torcida retórica”, señaló en un comunicado.

“La señora Castro es miembro prominente el Partido Comunista de Cuba y no creo que exista la autoridad para proporcionarle un visado conforme a la Proclama Presidencial 5377, que prohíbe ofrecer visas de no inmigrante a nacionales cubanos que sean funcionarios o empleados del Gobierno o del Partido Comunista de Cuba”, agregó.

Legisladores envían carta a Hillary Clinton

Asimismo, un grupo de cuatro representantes del Congreso de Estados Unidos, los republicanos por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart y David Rivera, y el demócrata por Nueva Jersey, Albio Sires, enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

En la misiva, los congresistas expresan su indignación por la decisión del gobierno del presidente Barack Obama de extender visas de entrada a Estados Unidos a quienes definen como “operativos de alto rango” del Partido Comunista de Cuba.

El comunicado de prensa emitido por la oficina de prensa del congresista Diaz-Balart, indica que las visas fueron emitidas para Josefina Vidal Ferreiro, Eusebio Leal, y Mariela Castro Espin, mientras el “régimen cubano aún mantiene en prisión al contratista estadounidense Alan Gross”.

El comunicado subraya que la oficina de asuntos consulares del Departamento de estado cuenta con la proclama presidencial 5377 que establece: “Section 1. La entrada de las siguientes clases de ciudadanos cubanos está suspendida: (a) funcionarios o empleados del gobierno de Cuba o del Partido Comunista Cubano con pasaporte diplomático u oficial; y (b) individuos que sin portar tal tipo de pasaportes, sean considerados por la Secretaría de Estado o sus designados, como funcionarios o empleado del gobierno de Cuba o del Partido Comunista de Cuba”.

Según el comunicado “la vergonzosa decisión del gobierno de permitir a agentes del régimen entrar a Estados Unidos contradice directamente los intentos del Congreso y la ampliamente extendida posición de política exterior de Estados Unidos”. También el comunicado indica que es “imprudente y temerario dar la bienvenida a agentes de alto rango de un estado que es promotor del terrorismo con una extensa red de espionaje para impulsar su agenda antiestadounidense en territorio de Estados Unidos”.

Incluso subrayan que “mientras el pueblo cubano lucha por su libertad contra la creciente brutalidad de los matones de los Castro, el gobierno de Obama recibe de brazos abiertos a agentes de alto rango de una dictadura asesina. Es vergonzoso que el gobierno de Obama renuncie a las restricciones que están en ejercicio por sentido común para compensar una vez más a la dictadura de los Castro”.

A través de Twitter, el actual gobernador de Miranda se pronunció sobre los hechos de violencia en la urbanización El Paraíso que han obligado a las autoridades a evacuar colegios y suspender las clases hasta nuevo aviso.

“Situación de la Planta en Caracas, otro ejemplo más del fracaso de este Gobierno en el tema penitenciario y la seguridad de los venezolanos”, escribió.

VIOLENCIA EN EL PENAL

DESALOJAN PALACIO DE JUSTICIA

Aproximadamente a las 10:30 am se ordenó el desalojo del Palacio de Justicia en Caracas, luego que un disparo entrara al piso 1 de la sede judicial. Específicamente a un Tribunal de Control de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes (Lopna).

Se presume que el desalojo podría estar vinculado con la situación que se registra en La Planta desde la mañana de este jueves.

Esta es la segunda vez que la sede del Palacio de Justicia es alcanzada por detonaciones cuando se producen tiroteos en La Planta. El martes 8 de mayo una mujer resultó herida de bala, luego que se escucharan varias detonaciones en los alrededores.

Ese mismo martes, un hombre identificado como Henry Molina murió tras recibir un impacto de bala en su vivienda ubicada en Puente Hierro, zona cercana a La Planta. La bala aparentemente salió de la cárcel.

La cantante, ganadora de un Grammy, que saltó a la fama en la década de 1970 con éxitos como “Hot Stuff” y “Bad Girls”, antes de canciones como “She Works Hard for the Money” en la década de 1980, falleció en Florida (sureste de Estados Unidos), indicó TMZ.

Sigifredo López fue uno de los 11 diputados secuestrados el 11 de abril de 2002, por un comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que haciéndose pasar por policías, se tomó la Asamblea de Valle del Cauca en Cali.

Los diputados permanecieron secuestrados durante cinco años hasta que en junio de 2007, las FARC anunciaron que en un confuso incidente habían muerto 10 de los 11 políticos, menos López. En ese momento, las FARC dijeron que López se encontraba castigado en otro campamento y que por eso sobrevivió.

López fue entregado por las FARC, en febrero de 2009, a la ex senadora Piedad Córdoba y a una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El entonces recién liberado, afirmó que la masacre sucedió tras un enfrentamiento entre los guerrilleros que los cuidaban con un grupo armado del frente 29 de las Farc.

“El jefe guerrillero dijo: ‘mátenlos y vámonos’”, relató y les dijo, entre lágrimas, a los hijos de los exdiputados que sus “papás murieron como hombres dignos”.

Sin embargo, el abogado Gustavo Muñoz, director de la no gubernamental Fundación Nueva Esperanza de Secuestrados, denunció a López ante las autoridades.

En entrevista telefónica con The Associated Press, Muñoz explicó que “hace unos cinco años” un guerrillero llamado Reynaldo Valencia se desmovilizó ante él y le dijo que “Sigifredo López había sido parte activa del secuestro de los diputados y que por eso no lo asesinaron”.

Valencia, según Muñoz, hacía parte de la columna móvil Arturo Ruiz que realizó el secuestro de los diputados.

Pero el mismo Muñoz reconoció que el guerrillero Valencia después se retractó de las acusaciones contra López, sin que se tenga claro qué credibilidad le dio la Fiscalía a dicha retractación.

ImpactoCNA.-Prensa UNT Táchira (Especial)

Gustavo Azócar Alcalá, presidente de UNT en el estado Táchira, dio a conocer una carta firmada por José Vicente Rangel el 13 de febrero de 2004, en momentos en que se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo de la República, dirigida al Rector de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago “Jesús María Semprúm”, donde lo insta a “no contratar personal que haya participado en los procesos de Firmazo y Reafirmazo en contra del ciudadano Presidente de la República”, lo cual demuestra que Rangel ordenó aplicar la lista Tascón contra aquellas personas que sólo estaban ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La comunicación, número VPE-5804, de feche 13 de febrero de 2004, cuyo original debe estar en los archivos de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago, fue recibida en esa institución universitaria el 18 de febrero de 2004 a las 10:10 am, según el sello de la oficina del Rectorado y dice textualmente lo siguiente:

“La Comisión Presidencial para la Defensa del Proceso Revolucionario, en su sesión del pasado martes 10 de los corrientes, acordó por unanimidad solicitar a las Universidades del país, comprometidas con el Proceso Revolucionario su cooperación en el sentido de no ingresar ni contratar personal que haya participado en los Procesos de Firmazo y Reafirmazo en contra del Ciudadano Presidente de la República.

Al mismo tiempo, se le solicita remitir a este despacho a la mayor brevedad posible listado de Nómina actualizado de todo el personal que labora en esa institución.

Atentamente.

José Vicente Rangel Vale

Vicepresidente Ejecutivo y Coordinador General de la Comisión Presidencial para la Defensa del Proceso Revolucionario”

Según el Presidente de UNT en el estado Táchira, esta comunicación demuestra, una vez más, que la famosa Lista Tascón, con la que se persiguió y se hostigó a más de 4 millones de venezolanos, no fue como se ha querido hacer ver, una ocurrencia individual de un parlamentario lamentablemente ya fallecido, sino que se trató de toda una estrategia política, concebida y puesta en marcha desde el alto gobierno, al punto que hasta el propio Vicepresidente Ejecutivo de la República ordenó a los rectores de las universidades que no contrataran personas que hubiesen firmado solicitando la activación del Referendo Revocatorio contra Hugo Chávez.

Azócar dijo que “un oscuro personaje como Rangel, que ha sido nombrado para integrar y probablemente presidir el Consejo de Estado no es muy buena señal para los factores democráticos del país. La presencia de Rangel en el Consejo de Estado es precisamente para radicalizar las acciones contra la oposición y para poner en marcha acciones como las que muestra esa carta firmada en el año 2004, la cual estaba dirigida justamente a castigar a quienes firmaron”.

A los sectores de oposición que piensa que la presencia de Rangel en el Consejo de Estado es buena, porque supone el primer paso para un proceso de Transición, les digo que más bien es todo lo contrario: la presencia de Rangel en el Consejo de Estado es para diseñar las políticas y las estrategias destinadas a perjudicar a los sectores democráticos del país y a permitir la continuidad del proceso revolucionario aún sin la presencia física de Hugo Chávez.

Eso reveló un estudio mundial sobre la real situación de los homosexuales que fue publicado en el Informe sobre Homofobia Patrocinada por el Estado, que fue revelado por ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales).

El informe revela que en el mundo, solo diez países (Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Argentina, e Islandia) permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, 113 autorizan la condición homosexual y doce ya aprobaron el derecho a adoptar a parejas del mismo género.

Mientras tanto, las parejas del mismo sexo han logrado que se les reconozcan derechos civiles similares a las de las parejas heterosexuales en 14 países y en nueve se les conceden solo algunos derechos civiles.

El estudio evidencia la preocupación por las situaciones de violencia a las que están expuestas estas personas en Latinoamérica y la falta de una legislación específica, lo que estaría potenciando la impunidad en los crímenes contra homosexuales.

Sin embargo, la mayor preocupación se centra en Asia donde esta condición sexual es considerada como un acto criminal y en África “la homofobia patrocinada por el Estado ha incrementado en la última década”.

Aunque Europa es el continente mejor calificado por garantizar sus derechos a esta comunidad, en Chipre aún se prohíben las uniones entre personas del mismo sexo y la población LGBT no se libra de la discriminación por su condición.

18 países han normativizado ciertas reglas específicas para quienes se han sometido a proceso de cambio de sexo y reasignación formal de género, y 15 tienen normas sobre la edad permitida para sostener relaciones sexuales ya sean heterosexuales u homosexuales.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) aprobaron elevar a la Asamblea General el proyecto de la Carta Social de las Américas y la elaboración de un plan de acción para su implementación.

Según Daniel Cerno, representante alterno de Estados Unidos y presidente del Grupo de Trabajo sobre el proyecto de Carta Social de las Américas, el texto pone de manifiesto “el esfuerzo y el empeño de todos los estados miembros para promover y proteger todos los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales, de los pueblos de las Américas, en un espíritu de buena voluntad y cooperación”.

La Carta Social, que ahora cuenta con el consenso de los estados miembros, parte del reconocimiento de que “los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promoverla. El desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, en tanto son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.

Asimismo, sostiene que la “promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio”. “

Este documento fue respaldado en la Cuarta Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata (Argentina), en noviembre de 2005. Tras alcanzarse un consenso, la aprobación definitiva corresponderá a los Ministros de Relaciones Exteriores del continente, que están convocados a reunirse del 3 al 5 de junio en Cochabamba (Bolivia) en la XLII Asamblea General de la OEA.

La Carta reconoce expresamente “las contribuciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades migrantes” al desarrollo del continente, y constata la necesidad de que los gobiernos adopten “políticas para promover la inclusión, prevenir, combatir y eliminar todo tipo de intolerancia y discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial para resguardar la igualdad de derechos y oportunidades y fortalecer los valores democráticos”.