Publicado el: Mar, Jun 27th, 2017

Fiscal general: “En nombre de Chávez se están cometiendo los peores atropellos.


“Diario Las Américas” entrevista a la Fiscal General de Venezuela

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que el fallecido presidente Hugo Chávez respetó el hecho de que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Estamos muy lejos ahorita de lo que el presidente Chávez soñó para Venezuela”

“Hemos solicitado la aprehensión de 46 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, sin embargo, el Ejecutivo solo ha ejecutado 24”

“De consolidarse este proyecto (Constituyente), se terminaría de desmontar definitivamente la democracia en nuestro país”.
Los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta zozobra

CARACAS.- Desde que hace casi tres meses cuestionara los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional, poniendo así tierra de por medio con el Gobierno de Nicolás Maduro, los ojos de los venezolanos están posados sobre la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien se ha convertido en una de las principales críticas con la actuación de las autoridades frente a la ola de protestas que padece el país.

Esta decisión le ha costado que sus otrora aliados la metan en el mismo saco de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que no solo la tengan entre uno de los objetivos a neutralizar por parte de la polémica Constituyente, sino que además le hayan iniciado un proceso para enjuiciarla por supuestamente mentir al afirmar que no participó en el proceso para seleccionar a los actuales integrantes del máximo juzgado.

No obstante estas amenazas, la jefa del Ministerio Público no se amilana y asegura que seguirá adelante.

-El diputado Pedro Carreño llevó al TSJ una petición de antejuicio de mérito en su contra y ella fue aceptada en menos de una semana. ¿Este proceso es legal? ¿Puede un legislador pedir que se procese a un alto funcionario del Estado?

-Esta artimaña es un paso más en este proceso de desmontaje del Estado de Derecho y de sus instituciones. En primer lugar, desde lo jurídico, es un planteamiento que se presenta de manera confusa, en el que se me ha negado el acceso a la solicitud, a la decisión de la Sala Plena, además de un conjunto de vicios que oportunamente señalaré. Uno de ellos, por ejemplo, que esa solicitud no le correspondía a un diputado (…). El antejuicio de mérito en mi contra contraría una vez más el orden constitucional más elemental y acaba con cualquier mecanismo que brinde seguridad jurídica a los ciudadanos, no es porque sea mi caso, sino que este disparate jurídico abriría una situación impensable, y es que cualquier particular pueda querellarse contra el alto funcionario que considere (…) sin pruebas, sin proceso previo, sin investigación, y esos magistrados estarían en la obligación de tramitarlo con celeridad, a espaldas del mismo, tal como lo hicieron conmigo.

-¿Pero ya fue admitido; qué hará usted ahora? ¿Acudirá al TSJ a defenderse aún a sabiendas de que con toda seguridad permitirán que se le procese?

-Si me tocara hacerle frente a esa barbarie, tenga la seguridad de que me defendería con las únicas armas en las que siempre he confiado: la Constitución y las leyes. Soy una mujer respetuosa del derecho, la justicia y la paz.

-¿Por qué decidió pronunciarse en contra de las decisiones del TSJ contra la AN? ¿Por qué no habló antes?

-Antes de ese 31 de marzo había hecho varios señalamientos, por ejemplo, en 2015 desde el Ministerio Público cuestionamos la inconstitucionalidad de la resolución número 8610 del Ministerio de la Defensa, la cual autoriza el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas. Siempre he dicho a los funcionarios de orden público que cuando actúen en manifestaciones tengan en cuenta el respeto a los Derechos Humanos, no como vemos ahora que por el uso desproporcionado de la fuerza ocurren muertes como la del adolescente de 17 años que recibió un disparo el pasado lunes 19 de junio en el distribuidor Altamira, caso por el que ya fueron imputados por el Ministerio Público tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y, más recientemente, la muerte del joven David Vallenilla en el mismo sector del municipio Chacao, ocurrida este jueves 22 de junio. En 2016 también manifesté mis observaciones y repudio a las acciones de la OLP (Operación Liberación del Pueblo) e iniciamos investigaciones por la presunta violación de derechos fundamentales. Estos hechos son un par de antecedentes, entre muchos otros, que evidencian un proceso progresivo de desmontaje del Estado constitucional en Venezuela.

-Desde el Gobierno afirman que su actual postura responde a intereses políticos. ¿Quiere ser la primera Presidenta de Venezuela?

-Mi única aspiración es defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía. No podemos permitir ningún retroceso en los derechos conquistados. Los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta zozobra, en un país donde el futuro cada día es más difuso y donde los jóvenes se van a otros países en busca de mejores oportunidades. Eso es lo más lamentable de todo, estamos perdiendo lo mejor que tiene Venezuela, su juventud preparada y pujante.

-Usted que compartió con el presidente Hugo Chávez; él fue acusado por sus adversarios de ser un autócrata al que solo le interesaba retener el poder, sin embargo, ¿cree que él habría hecho lo que han hecho las actuales autoridades para seguir gobernando? ¿Habría obstaculizado el revocatorio, no celebrado las elecciones regionales o convocado una Constituyente sin un referendo previo?

-El presidente Chávez siempre consultó a la gente. Su poder era una delegación directa que le hizo el pueblo, a través de múltiples procesos eleccionarios. Su fuerza era la legitimidad y la consulta popular. Por ejemplo, en 1999, llamó a la Constituyente mediante un referendo consultivo, luego sus resultados los sometió nuevamente a consulta a través de un proceso aprobatorio. Él no le tenía miedo al pueblo, incluso se midió en un referéndum revocatorio que gracias a su liderazgo terminó convirtiéndolo en uno ratificatorio. Siempre reconoció los resultados oficiales de todos los procesos electorales, aún en el que perdió en 2007. Fue muy respetuoso de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.

Estamos muy lejos ahorita de lo que el presidente Chávez soñó para Venezuela, tristemente puedo asegurar que se distorsionó su legado y en su nombre se están cometiendo los peores atropellos que registra nuestra historia republicana.

-También ha cuestionado duramente la Constituyente.

-Dime de qué forma, con la Constituyente, los venezolanos pueden adquirir medicamentos y alimentos con normalidad. Parece que la calidad de vida que tiene el pueblo no le importa a los gobernantes, pues cuando los escuchas hablar de la Constituyente solo mencionan venganzas, odios, amenazas contra instituciones y sectores políticos, pero nada dicen del calvario que día tras día sufre el pueblo en la calle.

El asunto no es cambiar la Constitución actual, sino cumplirla. ¿Será por eso que el Gobierno no consulta al pueblo, a través de un referendo, si quiere o no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? (…) De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia en nuestro país.

-En una de sus últimas declaraciones usted cuestionó la “brutal represión” que hay en el país y en los últimos días hemos visto como dos jóvenes más que participaban en manifestaciones han sido asesinados por militares. ¿Por qué pasa esto? ¿Hay una política de Estado represiva?

-Hemos encontrado indicios de violaciones a los derechos humanos durante las actuaciones de los funcionarios policiales y militares; y por supuesto que estamos convencidos de que los responsables deben ser sancionados y hemos actuado en ese sentido. Sin embargo, hace falta mayor voluntad política del Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial. Por ejemplo, hemos solicitado la aprehensión de 46 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, sin embargo, el Ejecutivo solo ha ejecutado 24. Por su parte, el Poder Judicial ha tomado decisiones tales como negar la orden de aprehensión contra el sargento de la Guardia Nacional que conducía la tanqueta que arrolló a un joven de 22 años durante una manifestación. Esos mensajes de estas autoridades son muy negativos.

-¿Cuántas de las 75 muertes ocurridas en estos casi tres meses son responsabilidad de policías o militares?

-Hasta la fecha hemos contabilizado 21 personas fallecidas por la intervención de la fuerza pública durante esta coyuntura.

-El Defensor del Pueblo solicitó al TSJ una aclaratoria de sus funciones que parece destinada a asumir competencias del Ministerio Público. Sin embargo, aunque él, así como usted, ha cuestionado el procesamiento de civiles por tribunales militares, hasta ahora no ha interpuesto ninguna acción para revertir esa situación. ¿Qué le parece la actitud del Defensor en esta crisis?

-En cuanto a la actuación de ese funcionario del Estado, que lo juzguen los venezolanos. Yo te puedo decir que las competencias del Ministerio Público en relación con la tutela de la acción penal están contempladas en la Constitución de 1999, y desarrolladas ampliamente en distintos instrumentos jurídicos como el Código Orgánico Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley del Servicio de Policía de Investigación Penal, entre otros. Además, la estructura del Estado está diseñada, ajustada, de acuerdo con el Sistema Acusatorio, donde quien investiga y tiene el monopolio de la acción penal es el Ministerio Público. Esa es una conquista constitucional y legal de los derechos de la ciudadanía, no se pueden permitir retrocesos en ese sentido. Una simple, errónea o manipulada interpretación que vaya en contra de esto, sería una nueva contribución a la destrucción de la estructura del Estado, la cual ya está bastante lesionada y deteriorada. Lo que hace falta en el país es que cada quien asuma su rol, que ejerza sus funciones de manera eficiente, honrada y apegado a la ley.

-Hablando de honradez. ¿La corrupción en Venezuela es tan grave como algunas organizaciones de Derechos Humanos y expertos afirman? ¿Por qué su despacho no ha actuado con más contundencia en esta materia?

-La honestidad es un valor supremo en la Administración Pública y se necesita para el desarrollo del país. Desde el Ministerio Público hemos realizado esfuerzos denodados para combatir la corrupción, en la cual por cierto hemos encontrado algunos obstáculos en los propios operadores de justicia.

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