Published On: jue, Nov 28th, 2013

Iglesia nicaragüense cuestiona reforma constitucional propuesta por Ortega

– Los obispos acusan al mandatario nicaragüense de querer instaurar un ‘poder dinástico’ en el país

En un país sin una oposición política articulada, los obispos de Nicaragua se han convertido en la voz más crítica contra las ambiciones políticas del presidente Daniel Ortega. La Conferencia Episcopal de la Iglesia de este país centroamericano envió a la Asamblea Nacional un documento en el que rechaza con contundencia la reforma a la Constitución propuesta por Ortega, acusándolo de querer instaurar un nuevo régimen familiar al estilo del somocismo, derrocado en la revolución de 1979.

 

“Consideramos que la actual propuesta de reformas a la Constitución, vista en su conjunto, está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”, escribieron los obispos. “No consideramos conveniente proponer reformas a nuestra Carta Magna, sobre todo cuando estas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua, en un momento de evidente desmantelamiento institucional del país, con una llamada oposición política que se debate en luchas internas y descalificaciones recíprocas sin representar ninguna alternativa para el país; en un momento en que es inexistente la separación de los poderes del Estado y hemos sufrido experiencias continuas de irregularidades electorales y violaciones a la Constitución Política que han alterado el rumbo constitucional y democrático de nuestro país”, agregó la alta jerarquía católica.

En un país profundamente católico como Nicaragua, la voz de los obispos tiene fuerte incidencia entre los nicaragüenses. El mismo Gobierno de Ortega lo sabe, por lo que ha intentado atraer a los católicos a su proyecto político. El Gobierno sandinista se define oficialmente como “cristiano, socialista y solidario” y la primera dama del país, Rosario Murillo, ha incluido en el discurso oficial símbolos del catolicismo. Murillo aparece todos los días en la televisión oficial, a la hora del ángelus de los católicos, haciendo referencias a la Virgen y a los proyectos sociales del Gobierno. El cardenal Miguel Obando y Bravo, depuesto por el Vaticano como arzobispo de Managua, fue fichado por el Gobierno y preside los actos oficiales en los que aparece Ortega y su esposa. Pero todos esos guiños al catolicismo han chocado con la férrea oposición de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que acusa a Ortega y su esposa de manipulación.

“Esa mezcla extraña de política y religión es algo dañino para el país”, dijo uno de los obispo consultado en Managua, quien agregó que “los obispos hemos sido la única voz coherente, con autoridad moral” que se ha enfrentado abiertamente a las arbitrariedades del Gobierno sandinista.

En su carta a la Asamblea Nacional, los obispos advierten que “la Constitución política del país es como un símbolo de integración política, cuya tarea integradora no se realiza solamente en la adhesión emocional a un texto, sino a través del compromiso para que tanto el establecimiento de los derechos y libertades constitucionales como la naturaleza de los poderes del Estado, no rebasen los cauces del Estado de Derecho”. Por eso, agregan, la Constitución no debe ser reformada. “Lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la Constitución Política, sino purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en relación con el ejercicio de la política”.

Dadas las duras críticas que la Iglesia ha vertido contra el Gobierno de Ortega, la institución no había sido tomada en cuenta en el proceso de consultas abierto por el Parlamento para discutir las reformas. Un proceso hecho para lavar la imagen del Gobierno, según indican los analistas consultados en Managua, puesto que solo fueron invitadas instituciones que mantienen relaciones edulcorantes con el Ejecutivo de Ortega, como el sector empresarial del país y los poderes del Estado, que controla el líder sandinista. Fue la pequeña oposición parlamentaria la que exigió que los obispos fueran incluidos en las consultas, reveló Eduardo Montealegre, excandidato presidencial y diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI).

De todas maneras, la posición de los obispos ya ha sido rechazada formalmente por los diputados del Frente Sandinista. Alba Palacios, primera secretaria de la Asamblea Nacional y leal operadora de Ortega en el Parlamento, dijo a los medios el martes que “una pequeña parte de los consultados trajeron posiciones políticas, de rechazo total y no con una actitud de venir a discutir o aportar de cómo adaptar la Constitución a las nuevas necesidades del pueblo de Nicaragua”.

La carta de los obispos ha calado en la incipiente oposición política del país, a decir de algunos diputados. “Orientan no solo a la feligresía, sino al conjunto de los nicaragüenses por un rumbo de sensatez, de paz. Es un mensaje sumamente sustancioso. En este contexto hasta el tema de la oposición es atinado. Nos indican un camino porque el que debemos transitar si efectivamente queremos contribuir a un país con prosperidad, justicia y democracia”, dijo el diputado Enrique Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), conformado por antiguos miembros del Frente Sandinista y fundado en 1995 por el expresidente y escritor Sergio Ramírez.

A pesar de las críticas de la Iglesia, Ortega sigue adelante con sus reformas a la Constitución, las que le garantizan permanecer en el poder sin contrapesos, y co-gobernando con la cúpula empresarial de Nicaragua. La propuesta de reforma elimina los ‘candados’ a la reelección y hasta el porcentaje de votos necesarios para ser declarado Presidente, a la vez que da poderes a los militares para poder ocupar cargos como funcionarios públicos en los Poderes del Estado. De hecho, fuentes consultadas en Managua aseguraron que las únicas consultas que le interesan a Ortega son las que hace con la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial del país, con quienes mantiene una intensa negociación para aprobar una nueva Constitución que beneficie al caudillo sandinista y al gran capital nicaragüense.

El Pais

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