Publicado el: Mie, Mar 29th, 2017

Juristas venezolanos consideran fanfarrona e imprudente la sentencia del TSJ que amplía potestades a Maduro

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Sentencia del TSJ es una “fanfarronería” en el contexto político venezolano

Varios abogados constitucionalistas consideran que fue una imprudencia del TSJ emitir una sentencia que otorga tantas potestades al presidente Maduro durante la discusión del tema Venezuela en la OEA.

La sentencia 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sienta un mal precedente para la justicia venezolana. Al declarar como nulo por inconstitucionalidad un acto de la Asamblea Nacional donde se aprueba la aplicación de la Carta Democrática de la OEA sobre Venezuela, también se dictaron medidas cautelares que favorecen al presidente Nicolás Maduro bajo la excusa de un posible estado de conmoción interno.

El abogado  y profesor universitario Juan Manuel Raffali indicó que lo más grave de dicha decisión del TSJ son las medidas cautelares, pues se le dice a Maduro que puede hacer una revisión de las leyes venezolanas (incluyendo la ley contra la Corrupción, Código Penal o Justicia Militar) por vía de una revisión o estado de Excepción. “Esto puede llevar a la posibilidad de que Maduro se vuelva loco, y atendiendo a ese mandato de la Sala empiece a dictar o considerar cuestiones como un estado de Excepción, reformar leyes penales y dictar medidas que incluso priven de libertad a los diputados”.

Para Raffali, la sentencia del TSJ “es magnífica amenaza pero una realidad pésima. La ejecución de ese fallo depende de lo que haga o no Maduro. Lo peor que podría hacer el Presidente en este momento es hacer lo que dice el TSJ, porque al final termina por ratificar lo que dice Almagro, y por seguir calificándose a sí mismo internacionalmente como un gobierno fuera de los cánones democráticos y que simplemente desconoce a los diputados popularmente electos al punto de ponerlos presos”.

Esto es una especie de fanfarronería, aseguró el profesor universitario, al tiempo que recordó que en este momento el Presidente no cuenta con los votos para una ley habilitante y la Asamblea tampoco estaría en condiciones de aprobarla. “Dado que la vía de la ley habilitante la tienen cerrada, solo le queda revisar estas leyes por estado de Excepción, es lo que hizo con la emergencia económica”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Ramón Guillermo Aveledo indicó que el estado de Excepción no puede ser un pretexto para violar la Constitución. “Es un elemento de particular imprudencia del TSJ justamente cuando se discute si en Venezuela hay estado de Derecho en la OEA. Justamente cuando está en entredicho el comportamiento y carácter democrático del Estado venezolano, viene a darse una sentencia que es una especia de catálogo a violaciones de la convivencia democrática”.

Todas las sentencias dictadas durante el año pasado y este año sientan un mal precedente jurídico en el país, indicó Raffali. “Esto es un palo dentro de una montaña, pero este es uno de los más gruesos, burdos, y además sin ningún sentido de la oportunidad. No se puede dictar una decisión así el mismo día que se debate en la OEA la situación de la democracia en el país. Es una barbaridad”.

Control innominado de la constitucionalidad

Una de las bases para dictar las medidas cautelares que afectan al presidente Maduro fue el control innominado de la constitucionalidad.

Ramón Guillermo Aveledo explicó que este control es una facultad de la sala Constitucional “que no la autoriza para reescribir la Constitución. Este control es aquella facultad que tiene el juez constitucional para determinar cuándo ocurran violaciones a la Constitución, y para producir la correcta interpretación de la Carta Magna”.

El ejercer esa facultad y hacer una lectura abusiva de la Constitución lo que lleva es al abuso y desviación del poder, argumentó Aveledo. “Interferir en el debate político, debilitar el pluralismo y el ejercicio de equilibrio de poderes que tiene la Asamblea Nacional, son todos desviaciones de poder”.

Juan Manuel Raffali calificó como invento el uso del control innominado de la constitucionalidad para dar pie a las medidas cautelares. “No es la primera vez que lo hacen, con el caso de la nacionalidad de Maduro usaron esta figura recursiva, esto no está en ninguna ley. Los amparos, las acciones de nulidad, recursos por intereses colectivos y difusos tienen un respaldo en una ley especial o la Ley Orgánica del TSJ. Pero se creó esa figura para pronunciarse sobre lo que les dé la gana, así sea para pronunciarse sobre la base de acciones judiciales que no están previstas en ninguna ley”.

Esto se ha aplicado varias veces cuando de no existir un recurso disponible o motivo para recurrir, se inventa una acción y se decide sobre lo que interesa, reiteró el abogado. “Van construyendo una especia de figura recursiva a nivel de jurisprudencia que les permite simplemente aplicar la Constitución como ellos creen y en cualquier caso que se les plantee, no importa que no haya un recurso previsto para eso”.

Inmunidad parlamentaria

Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, aseguró que  el TSJ no solo reescribe la Constitución, sino toda la doctrina que existe sobre inmunidad parlamentaria en el mundo, pues la razón de ser de esta institución es la de garantizar la independencia del Parlamento a través de la independencia de actuación de sus miembros. “Lo que se protege con la inmunidad no es sacar a diputados, sino a la institución como tal y su capacidad de actuar con autonomía”.

La sentencia que se ha dictado es contraria a la Constitución, tanto en su letra como el espíritu de la Carta Magna, a juicio de Aveledo, pues justamente su espíritu es que haya un poder público distribuido, no concentrado y que cada rama de ese poder público tenga sus funciones propias.

En el caso de los diputados, no son responsables por los votos y opiniones que expresan en el cuerpo, así lo contempla el artículo 199 de la Constitución, detalló Aveledo. “Es imposible que a través del voto u opiniones de los diputados puedan cometer delito. No son responsables jurídicamente de esos votos (…) Si no pueden cometer delitos por votos y opiniones, también tienen una protección especial de la Cámara que es la petición de allanar la inmunidad parlamentaria, hecho que se da justamente para verificar que no se viole la independencia del Parlamento”.

Aveledo consideró como “particularmente triste” esta sentencia pues es un diputado (Héctor Rodríguez, del PSUV) quien pide este recurso, “lo protege el fuero y debería estar interesado en la independencia del cuerpo, porque hoy está en la bancada oficialista, como mañana puede estar del lado opositor”.

Esto implica que los diputados están como cualquier ciudadano, a merced de la arbitrariedad de la autoridad, afirmó Aveledo, quien también ejerció como diputado del Congreso venezolano. “La inmunidad es una tradición judicial antiquísima, pero viene produciéndose una serie de violaciones que coloca a los diputados en la misma indefensión del resto de la población”.

Fuente: Tal Cual digital

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