Published On: dom, Ene 21st, 2018

La criptomoneda española “unete”, estafa que ronda los 228 millones de euros

La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones

La jueza multiplica por cinco el volumen del fraude piramidal ideado por el valenciano Ramírez Marco.

El sueño del valenciano José Manuel Ramírez Marco de poner en circulación una moneda virtual ajena a los gobiernos y a las convulsiones del mercado se ha transformado en una pesadilla en 78 países. Los 22.000 inversores que confiaron sus ahorros en el invento de Ramírez, el unete, una ciberdivisa equivalente a un dólar que prometía una rentabilidad anual del 275 %, perdieron 228 millones de euros entre 2013 y 2015. La cifra multiplica por cinco la estimación inicial de este fraude piramidal, según recientes informes de los investigadores a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Y es que, tras el aparente altruismo del fundador de la criptodivisa, existió un plan para esfumar el dinero de los inversores, según la causa por estafa y blanqueo de capitales que indaga la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional,  Carmen Lamela.

Los últimos avances de la investigación judicial han destapado que -junto a los 48 millones de euros que Ramírez recaudó durante un año y medio- los usuarios del unete movieron otros 180 millones en transacciones entre particulares para adquirir la moneda virtual.

“Los perjudicados por el fraude se han multiplicado y, en algunos casos, el perjuicio ha pasado de unos a otros”, recoge el último auto de la magistrada Lamela, que define así el propósito real de Ramírez: “Vender un sueño de enriquecimiento utópico”.

La jueza intenta ahora recuperar el botín que ocultó Ramírez en paraísos fiscales. La investigación, que dura ya dos años, no ha destapado todavía la suma que escondió el valenciano en San Vicente y las Granadinas, donde los usuarios enviaban su dinero para su conversión en monedas virtuales.

Obsesionado con Internet, Ramírez soñó siempre con ser millonario, según relataron a este periódico quienes le conocieron en los 80 como trabajador del guardarropa de la discoteca Piper’s de Torremolinos (Málaga). Y, en cierto modo, cumplió su fantasía.

Su unete recaudó dos millones de euros mensuales hasta 2015, cuando afloro que la divisa digital era en realidad un esquema Ponzi como el urdido en 2008 por Telexfree, una firma de Massachusetts que esfumó los ahorros de un millón de inversores.

El hundimiento de Ramírez y su moneda  coincidió con el estallido de la Operación Faraón, que culminó con el arresto del valenciano en 2015.

A través de una madeja de 17 empresas en 11 países, Ramírez recibió 7.419 transferencias. Y envió los fondos de sus clientes a un entramado de cuentas bancarias en Malta, Eslovenia, San Vicente y las Granadinas y Letonia.

La magistrada Carmen Lamela ha ordenado una comisión rogatoria –procedimiento de auxilio judicial entre Estados- a Estados Unidos para descubrir el capital que circuló a través de la plataforma de pagos International Payout System, que carece de implicación en los delitos investigados pero que fue utilizada para canalizar 1,2 millones que acabaron en cuentas de la organización, según las pesquisas.

La Policía confía además en el desbloqueo de un depósito en el banco letón Rietumu donde el padre del unete guardó 30 millones de euros. La entidad letona congeló estos fondos ante la sospecha de que fueron usados para el blanqueo.

La red de Ramírez atrapó a pequeños ahorradores –la mayoría sin cultura financiera- de 78 países encabezados por Italia (22 millones), España (12,5), Estados Unidos, Perú y Colombia.

La jueza envió a prisión provisional al padre del unete en octubre de 2015 junto a su pareja, la cofundadora de la empresa, Pilar Otero. Tras abonar una fianza de 150.000 euros, ambos se encuentran en libertad a la espera de un previsible juicio por estafa y blanqueo de capitales.

“Ramírez ideó un sistema que atrapó a miles de inversores con la promesa de dinero fácil”, explica Manuel Carlos Merino Maestre, abogado personado en esta causa en representación de la Asociación Nacional de Afectados de Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec).

Fuente: El País

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