Publicado el: Dom, Oct 15th, 2017

La inseguridad jurídica que se ha instalado en Cataluña en las últimas semanas ha causado grandes pérdidas económicas también a España

Solo entre el 9 y el 10 de octubre 400 empresas trasladaron su sede desde Cataluña hasta otros lugares de España

El dinero corre mucho más que la política, es miedoso y no entiende de la inseguridad jurídica que se ha instalado en Cataluña en las últimas semanas, y especialmente desde el referéndum ilegal. La biofarmacéutica Oryzon fue la primera. Anuncia su marcha a Madrid dos días después del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y la misma jornada en la que Cataluña celebraba una huelga general. Se mascaba la tragedia.

Uno de octubre. Empieza la cuenta atrás. Cuarenta y ocho horas después la operación salida de Cataluña se pone en marcha y con ello la ruptura del relato con el que el secesionismo había intentado abducir a la sociedad. Una fabulación según la cual la independencia traería más inversión, más prosperidad a medio y largo plazo e incluso, según argumentaban los ideólogos secesionistas, la renta per cápita de la futura república catalana sería más alta.

Desde entonces, el suma y sigue ha sido una constante. Solo entre el 9 y el 10 de octubre 400 empresas trasladaron su sede desde Cataluña hasta otros lugares de España. Un día después la lista era ya de 540. Gas NaturalFenosa, Abertis, Cola Cao, Bimbo, Axa, Planeta, Catalana Occidente, Aguas de Barcelona, Cellnex, Colonial… Un goteo acelerado de huidas de sociedades al que aún se unirán otras tantas, temerosas de quedar atrapadas por el secesionismo.

La situación se recrudecía por momentos. Caixabank y Sabadell perdieron en los días posteriores al referéndum ilegal más de un 10% en Bolsa. Sus accionistas cosecharon así unas minusvalías de más de 3.000 millones solo por la pérdida de valor implícita. Atajar de raíz la retirada de depósitos y la pérdida de clientes ante la prolongación de la inestabilidad en Cataluña era ya acuciante.

El martes 2 de octubre, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, acude a la Fundación La Caixa para mantener un encuentro con su presidente, Isidro Fainé. El banquero catalán intenta conocer los detalles de los planes del Govern tras el referéndum. Es informado entonces de que el lunes 9 —más tarde se trasladaría al martes— el presidente de la Generalitat tenía intención de realizar una declaración unilateral de independencia (DUI).

El pulso iba en serio
Fainé informó entonces a Junqueras de que en ese supuesto el Grupo La Caixa, con todo el dolor de su corazón, tendría que salir de Cataluña. «Es una decisión no querida, tomada con mucho dolor», pero es vital para asegurar el futuro de la entidad, dijo el también presidente de Gas Natural Fenosa al consejo que aprobó la operación para dejar la comunidad autónoma. Fainé y el presidente del Sabadell, Josep Oliu, han actuado de forma coordinada en esta crisis. Como una «entente cordiale». Ambos se dieron cuenta desde que el Parlamento catalán aprobó la norma del referéndum y la ley de «desconexión» el pasado septiembre de que el proceso no tenía marcha atrás. También habían empezado a percibir el temor de los clientes y las dudas de los inversores. La situación no se podría mantener por mucho más tiempo, pensaron.

Fainé llevaba semanas manteniendo contactos con el Rey y con varios miembros del Gobierno, con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro de Economía, Luis de Guindos, a los que había informado de las intenciones de la banca catalana. El banquero fue entonces consciente de que el Gobierno no negociaría en ningún caso con los idependentistas y de que aplicaría el artículo 155 de la Constitución cuando tocara. Tras escuchar el discurso de Don Felipe instando al Gobierno catalán a restablecer el orden constitucional y a Puigdemont y Junqueras reafirmándose en la DUI tras la huelga convocada en Cataluña el martes 3, Isidro Fainé lo tuvo claro.

Junto a Oliu acordaron ese mismo martes actuar de forma conjunta y comenzar la estrategia para anunciar su traslado de las sedes sociales fuera de Cataluña. Sabadell ya había modificado sus estatutos en 2015 para poder cambiar su sede sin necesidad de convocar junta de accionistas. «No va a pasar nada, pero y ¿si pasa? Mejor tener un plan conjunto», le dijo ese año Oliu a Fainé.

Pero el presidente del Grupo La Caixa prefirió esperar. Sus estatutos seguían obligando a convocar consejo de administración y junta para realizar este cambio de sede, lo que retrasaría el proceso de mudanza varias semanas. No se podían correr riesgos.

Fainé y su gente de confianza, entre los que se encuentra el presidente de la patronal, Juan Rosell, comenzaron a diseñar su marcha de Cataluña seis o siete meses antes: la deriva secesionista avanzaba a la velocidad del rayo y el presidente del conglomerado catalán y su equipo sospechaban que la locura radical acabaría mal. Pero deciden esperar acontecimientos. Salir de Cataluña haría saltar todas las alarmas. El financiero temía la repercusión social de preparar su salida y el castigo que podría recibir de los mercados el banco del grupo.

El decreto Caixa
En previsión de la que se avecinaba con el 1-0 Isidro Fainé mantuvo encuentros y conversaciones con el ministro de Economía, Luis de Guindos, para plantear la posibilidad de introducir un nuevo cambio legal que, en la práctica, dejaría sin efecto los estatutos de las empresas que no los hubiesen modificado expresamente para mantener la potestad del traslado en el ámbito de la junta de accionistas.

De Guindos había recibido ya peticiones de otras compañías en los últimos días y se mostró receptivo a poner en marcha el real decreto ley que facilitaría la operación salida de Cataluña. La nueva norma, que De Guindos pactó con PSOE y Ciudadanos, fue aprobada el viernes 6; y, Caixabank la utilizó un día después, cuando entró en vigor, para aprobar su marcha de Cataluña hacia Valencia.

Pero previo a este traslado la actividad había sido frenética en los despachos. El mismo jueves, el director general de la Fundación La Caixa, y hombre de confianza de Fainé, Jaume Giró, comunicó a la Generalitat que el proceso de salida de Cataluña era imparable. Horas antes del consejo que aprobó la marcha de Barcelona del Sabadell, Oliu mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; una vez aprobada la salida, el encuentro fue con el propio presidente de la Generalitat. El mensaje de los dos bancos fue el mismo: «os hemos enviado ya varios avisos, ya no hay marcha atrás. La decisión está tomada». Quedarse fuera del ruedo europeo y dejar de estar bajo el paraguas del BCEera impensable.

Iban de farol
Los anuncios de ambos banqueros sentaron como una bomba en los cuarteles independentistas. La salida de Cataluña era lo último que creían que podía pasar. Siempre pensaron que iban de farol. La decisión era firme y contundente, pero Puigdemont y Junqueras pidieron tiempo a La Caixa y Sabadell. «Esperad 15 días, hay que evitar el efecto dominó, que los dos bancos catalanes se queden es clave para la tranquilidad del resto de las empresas catalanas», imploraron.

El viernes 6 el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto ley de medidas urgentes para facilitar que las empresas cambien su sede social con la sola aprobación del consejo de administración. La medida llegó en pleno éxodo empresarial y muchas compañías la han utilizado para abandonar Cataluña. Pero la operación salida aún no ha terminado.

Fuente:ABC

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