Published On: Lun, Feb 18th, 2013

La “lista negra” de los paraísos fiscales

  Se calcula que medio centenar de territorios ocultan entre 17 y 26 billones de dinero negro

Los paraísos fiscales, que en teoría habrían desaparecido en base a la lista ya suprimida de la OCDE, están de actualidad en la práctica en lo que en relación con España se refiere. El escándalo por las actividades del extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien se ha descubierto una cuenta de 22 millones de euros en Suiza y otra de importe no determinado en las Islas Bermudas ha colocado en primera página de los periódicos el problema de la opacidad del capital depositado en el extranjero. Por otro lado, antes de que estallara el caso Bárcenas, el Gobierno ya había anunciado que entre las nuevas medidas contra el fraude fiscal se incluiría la obligación para los españoles de identificar cuentas en el extranjero antes del 30 de abril.

Un territorio puede considerarse como paraíso fiscal cuando carece de controles sobre el sistema impositivo en relación al capital depositado allí por extranjeros. El régimen tributario de estos estados favorece de forma adicional la evasión impositiva y se caracteriza por proteger el secreto bancario, no colaborar con los convenios fiscales internacionales y carecer de controles de cambio de divisas.

Para luchar contra su proliferación, la OCDE hizo pública una relación de lugares considerados como paraísos fiscales que se comprometió a eliminar si los allí señalados firmaban un documento de cooperación para cambiar la normativa. En la lista negra inicial se incluían los siguientes: Andorra, Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Islas Bermudas, Belice, Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Costa Rica, Dominica, Filipinas, Gibraltar, Granada, Liberia, Liechtenstein, Malasia, Islas Marshall, Mónaco, Montserrat, Nauru, Antillas Holandesas, Nieu, Panamá, Samoa, San Marino, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Turcos y Caicos, Uruguay y Vanuatu. En el informe también se incluían, pero definidos como «otros centros financieros» a Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.

Desde entonces, todos estos territorios se han ido sumando al acuerdo con la OCDE para vigilar las cuentas extranjeras, y en consecuencia, la organización internacional ha eliminado a todos de la lista. Sin embargo, la realidad nos demuestra que los paraísos fiscales no han desaparecido. El año pasado la organización Tax and Justice denunciaba que muchos de estos lugares siguen funcionando a plena opacidad y que mueven entre 17 y 26 billones de euros.

Dentro de España y para intentar atajar la oscura relación de los ciudadanos ricos con los paraísos fiscales, el Gobierno ha incluido dentro de su plan contra el fraude, medidas que obligan a la identificación de las cuentas en el extranjero con importes superiores a los 50.000 euros antes del 30 de abril.

Las sanciones por no declarar los bienes mediante el modelo 720 contemplarán sanciones de hasta el 150% del valor de lo no identificado. Sin embargo, la mera declaración está exenta de tributación adicional al tener un interés simplemente informativo. Los fraudes fiscales tampoco se considerán prescritos en el caso de bienes o derechos situados fuera de España y que no hayan sido identificados, según dispone la nueva legislación.

La medida continuará siendo cíclica a partir de ahora. El contribuyente tendrá que aportar el saldo antes de que finalice cada año sobre el capital y bienes que dispone en el extranjero

ABC

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