Publicado el: Vie, Jun 17th, 2016

La Sala Constitucional del TSJ y la Asamblea Nacional en conflicto por política exterior de Venezuela

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¿Por qué la Sala Constitucional no quiere que la AN participe en las relaciones exteriores?

La Sala Constitucional, en sentencia N° 478/2016 del 14 junio, ha establecido una nueva limitación a la Asamblea Nacional: le impidió participar en las relaciones exteriores de Venezuela.

La sentencia fue consecuencia de una acción de amparo presentada contra la Asamblea Nacional por el Poder Ejecutivo, en la cual se denunciaba, muy genéricamente, que la Asamblea estaba incursa en un “golpe de Estado con pretendidos y negados visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población”.

En realidad, la Sala Constitucional cambió la demanda intentada por el Poder Ejecutivo. Así, la Sala consideró que lo pertinente era, más bien, formular una demanda por el conflicto constitucional existente entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, iniciando el juicio por medio del cual se conocerá de esa controversia.

Como se dice en criollo: la Sala le enmendó la plana al Gobierno.

Además, la Sala Constitucional decidió acordar medidas cautelares ante lo que consideró era un exceso de la Asamblea Nacional.

Así, la Sala Constitucional suspendió la aplicación de los Acuerdos aprobados los días 10 y 31 de mayo de 2016, en los cuales la Asamblea Nacional:

1. Exhortó al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral a cumplir con la Constitución y

2. Respaldó los esfuerzos realizados por organismos internacionales, como la OEA, en la crisis venezolana.

Para la Sala, la Asamblea Nacional pretendió participar en los asuntos internacionales de Venezuela a través de esos Acuerdos, algo que sólo puede hacerlo el Presidente de la República, de acuerdo con la Sala.

Por ello, igualmente, la Sala Constitucional ordenó a la Asamblea Nacional, a su Presidente, a su Junta Directiva y a sus miembros en general, “abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y, en general, desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden”.

¿Qué implicaciones prácticas tiene esta nueva sentencia?

Lo primero que debo advertir es que la Sala Constitucional parte de un supuesto errado. Ni los Acuerdos, ni ninguna de las decisiones dictadas por la Asamblea Nacional y a las cuales hace referencia la sentencia, suponen que la Asamblea Nacional esté dirigiendo las relaciones exteriores de Venezuela.

Ciertamente, corresponde al Presidente de la República, según el numeral 4 del artículo 236 de la Constitución, “dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Pero eso no quiere decir que la Asamblea Nacional no pueda dictar ninguna decisiones en materia de relaciones internacionales.

Por el contrario, la Asamblea Nacional puede legislar sobre todas las competencias del Poder Nacional, lo que incluye las competencias en materia de relaciones internacionales (artículos 156, numeral 1 y 187 numeral 1 de la Constitución). Y si la Asamblea puede legislar en esa materia, también puede ejercer sus funciones deliberativas y de control sobre las relaciones internacionales. Por ello, precisamente, que le corresponde aprobar los Tratados, por ejemplo. Y de allí que exista, en la Asamblea, la Comisión Permanente de Política Exterior, a través de la cual se canaliza la participación de la Asamblea en las relaciones internacionales.

Además, el artículo 152 de la Constitución señala que “las  relaciones internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo”. Siendo que la Asamblea Nacional es el único órgano que ejerce la representación nacional del pueblo, es lógico que, en tal condición, pueda participar también en las relaciones internacionales.

De hecho, la Asamblea Nacional participa activamente en las relaciones internacionales, en materias relacionadas con el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo.

La Sala Constitucional pretende desconocer todas estas competencias, al sostener que sólo el Presidente de la República dirige la política exterior. Eso es cierto. Pero también es cierto que la Asamblea, como órgano de representación nacional, tiene importantes funciones en materia de relaciones internacionales.

No debemos descartar que esta sentencia de la Sala Constitucional se relacione con la próxima sesión del Consejo Permanente de la OEA, pautada para el 23 de junio, y en la cual podría otorgarse un derecho de palabra al Presidente de la Asamblea Nacional.

La participación del Presidente de la Asamblea Nacional en el Consejo Permanente de la OEA no implicará la usurpación de las competencias del Presidente de la República, pues, al participar en ese Consejo, el Presidente de la Asamblea no estará dirigiendo la política exterior de Venezuela. Todo lo contrario, al participar en esa sesión, el Presidente de la Asamblea Nacional estará cumpliendo con el mandato de representación que se le otorgó, a fin de representar al pueblo venezolano, incluso, en las relaciones internacionales y en un asunto de tanta trascendencia como la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

No está de más recordarlo: quien representa al pueblo venezolano es la Asamblea Nacional, no el Poder Ejecutivo Nacional.

Fuente: Prodavinci

 

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