Published On: dom, Ene 26th, 2014

Los controles de precios en Venezuela fracasaron en la lucha contra la inflación

-Ahora lo intentan con la promulgación de una ley de precios justos que también está llamada a fracasar
El Gobierno nacional insiste en contener la inflación vía decreto. Tras aplicar varias normas en los últimos años y fracasar en el intento, ahora la promesa de estabilizar los precios está en la Ley Orgánica de Precios Justos.
El texto, contenido en la Gaceta Oficial 40.340 de fecha 23 de enero, deroga las anteriores legislaciones con las que el propio Ejecutivo nacional prometió frenar la inflación. Se trata de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), cuya última modificación fue en febrero de 2010, y de la Ley de Costos y Precios Justos, promulgada el 18 de julio de 2011.
La novísima Ley Orgánica de Precios justos fusiona aspectos de las dos anteriores, extrema los controles, eleva las sanciones a quienes incurran en los delitos tipificados y agrega aspectos relacionados con la obtención de las divisas.
¿Qué ocurrió con la inflación desde que se pusieron en práctica la Ley del Indepabis y la Ley de Costos y Precios Justos? La respuesta está en las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
En 2010 la inflación registró un salto y se ubicó en 27,2%. Un año después, en 2011, el indicador se mantuvo y cerró en 27,6%. En 2012 se desaceleró, pero igual se mantuvo alta y cerró en 20,1%. Ese año el Ejecutivo nacional mantuvo represado el ajuste de precios que reclamaban empresarios de diversos sectores para evitar que esa medida incidiera negativamente en la elección presidencial de octubre de 2012.
El año pasado el comportamiento de los precios se disparó y se ubicó en 56,2%, casi el triple del ejercicio anterior.
Estos datos contrastan con las promesas que han acompañado cada una de los textos legales destinados a frenar los precios. «El capitalismo es ladrón, tracalero e inmoral, y estas leyes socialistas son para frenarlo (…) Que se acabe la especulación, que se acabe el acaparamiento y especulación, factores que más inciden en la inflación en el caso venezolano», manifestó Hugo Chávez tras aprobar la Ley de Costos y Precios Justos en julio de 2011.
Más caro y menos cantidad
Estas leyes tampoco han dado buenos resultados si se toma en cuenta el comportamiento de la escasez, otro indicador que mide el BCV. Entre 2010 y 2013 esa curva se ha incrementado mientras la presencia de productos en los anaqueles se ha tornado irregular.
Los puntos más altos de fallas en ese período se observan en octubre, noviembre y diciembre del año pasado cuando la escasez se ubicó en 22,4%, 23,0% y 22,2%, respectivamente. Desde el Gobierno se explica que las causas de esa distorsión obedecen a la «guerra económica», pero los empresarios responsabilizan a la falta de divisas y al efecto nocivo de la congelación de precios que los obliga a producir algunos productos a pérdida.
Las cifras emitidas el pasado jueves por el vicepresidente del Área Económica, Rafael Ramírez, dan la razón a los empresarios. Las cifras mostradas por el funcionario revelan que en 2013 Cadivi aprobó para importaciones del sector privado 15 mil 515 millones de dólares, un 15% menos con respecto a 2012 y hasta 26% por debajo de las asignaciones de 2010.
Al detallar la evolución de la escasez se aprecia que prácticamente desde abril de 2012, fecha a partir de la cual se regularon los precios de productos de cuidado personal y aseo del hogar con la Ley de Costos y Precios Justos, la tendencia ha sido hacia al alza.
La culpa no es mía
La recién publicada Ley Orgánica de Precios Justos parte de la misma premisa que originaron las anteriores regulaciones: la culpa es de los empresarios. En el artículo 1 del texto se señala que uno de los objetos es «proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y trabajadores». Se desprende que los «sujetos de aplicación» de la Ley, esto es, todas las personas naturales o jurídicas que «desarrollen actividades económicas» son causantes del deterioro del poder adquisitivo.
Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas, afirmó que con medidas «policiales» no se frenará la inflación y advirtió que la nueva Ley alimentará los mercados «negros».
El abogado José Ignacio Hernández también es pesimista. «La Ley Orgánica de Precios Justos insiste en el ideal de solucionar problemas económicos a través de un sistema general de control de precios, sin atender por ello a la causa verdadera de esos problemas, un ideal que distintos Gobiernos han perseguido desde 1939 sin resultados positivos», escribió en el portal Prodavinci.
Economistas han repetido que la política fiscal y monetaria del Gobierno, caracterizada por la impresión de billetes en el BCV, es el principal combustible que ha tenido la inflación, a la par de las trabas para que la producción y la oferta de bienes acompañen la demanda.
El Universal

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