Publicado el: Sab, Jul 8th, 2017

Luisa Ortega, a merced de la justicia chavista, oirá sentencia del TSJ en una semana

Justicia chavista prepara la salida de la Fiscal General

Juristas califican de un sinsentido el enjuiciamiento de Luisa Ortega Díaz celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
 “Esto es un golpe de Estado más grotesco que el decreto (que el empresario Pedro) Carmona (dictó durante los sucesos de abril de 2002)”. Así calificó la fiscal general de la RepúblicaLuisa Ortega Díaz, el antejuicio de mérito que este martes celebró el Tribunal Supremo de Justicia en su contra, a petición del diputado chavista Pedro Carreño, quien la acusa de haber incurrido en “faltas graves” al asegurar que no participó en el polémico proceso de designación de magistrados del máximo juzgado que el anterior Parlamento dominado por el oficialismo celebró en diciembre de 2015.

La funcionaria no acudió a la audiencia oral y pública que el martes el alto tribunal celebró, para decidir si autoriza su enjuiciamiento o no, por considerar que el proceso busca silenciarla para que “no diga verdades como que hay una ruptura del orden constitucional” por culpa de los fallos de la Sala Constitucional contra la Asamblea Nacional, con los cuales prácticamente esta última ha sido liquidada; y para sacarla de su despacho y así manipular investigaciones y conseguir que “muertes como la del joven [Juan Pablo] Pernalete sean causadas por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional, como realmente sucedió”.

Los señalamientos de Ortega Díaz tienen asidero, a menos a criterio de los juristas Enrique Sánchez Falcón y Juan Manuel Raffali, para quienes el proceso contra la funcionaria es “un sin sentido” que ha debido ser rechazado de inmediato.

“Solo el Ministerio Público puede pedirle al TSJ permiso para enjuiciar a un alto funcionario del Estado y si el alto funcionario al que se quiere enjuiciar es la Fiscal General, como en este caso, entonces es el Vicefiscal o quien designe la Asamblea Nacional el que debe hacer la petición”, afirmó Sánchez, quien citó el numeral 5 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Desde el máximo juzgado le salieron al paso a este argumento, aduciendo que había un vacío legal, porque la ley no establece cómo actuar en el caso de que la Fiscal General sea procesada por faltas “éticas y morales” y aclararon que este caso no era por delitos, sino por faltas; y, por lo tanto se permitió que un particular, como el diputado Carreño, pudiera actuar contra actuar contra ella.

“La legitimidad en los casos en que se incurran en presuntas responsabilidades de carácter ético o moral o en los casos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano recae sobre los propios ciudadanos que investidos de su derecho a petición se encuentran legitimados”, soltó el martes el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, al iniciar la audiencia oral y pública, la cual reconoció que este caso era un hecho “histórico e inédito” por ir en contra de quien tiene “la titularidad de la acción penal”; reconociendo así que la Fiscal General es la única que puede perseguir los delitos.

El argumento fue rechazado por el constitucionalista Juan Manuel Raffali, quien acusó al máximo juzgado de pretender “hacer un traje a la medida” para sacar a la ahora díscola Ortega Díaz de su cargo.

“El diputado Carreño no tiene cualidad para solicitar un antejuicio, al menos no a la luz del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, donde se dice que es la Asamblea Nacional y él no es la Asamblea Nacional ni la representa, apenas es un diputado”, afirmó el catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

A oscuras

Otro argumento que alegó Ortega Díaz para dejar plantados a los magistrados es que su derecho a la defensa le fue violado, porque no se le permitió acceder a la querella que Carreño interpuso contra ella.

“Yo desconozco primero el estado de la solicitud no pude tener acceso al expediente. Solicitamos copia y nunca fue atendido, hasta este momento desconozco el contenido de la solicitud”, denunció el 20 de junio cuando se enteró del fallo en su contra.

Para los expertos esto es una violación clara de debido proceso. “¿Cómo prepara su defensa?”, se preguntó Raffali.

Durante la audiencia, Moreno le informó al país que eran cinco los señalamientos del legislador chavista contra la Fiscal General: Incumplir sus funciones y de ser negligente, atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano, hacer ver hechos que no eran ciertos, incurrir en un error grave e inexcusable y desconocer la Constitución, por afirmar que su opinión no fue tomada en cuenta durante el proceso para designar a los 13 miembros principales y 31 suplentes en el polémico proceso de 2015.

Sin embargo, durante el acto el denunciante dejó en claro que busca la cabeza de Ortega Díaz por deslindarse del Gobierno y por supuestamente formar parte de una estrategia para desestabilizar al país.

“Vivimos un golpe de Estado en pleno desarrollo y la metodología que se sigue es similar a la de las primaveras árabes y la de las revoluciones de colores”, dijo Carreño, quien afirmó que las recientes críticas y actuaciones de la Fiscal es “para venderle al mundo que en Venezuela el Estado de Derecho colapsó y que hay un conflicto de poderes”.

Carreño aseguró que Ortega Díaz miente cuando afirma que no participó en las designaciones de los magistrados de 2015 y para ello mostró un acta del 21 de enero de 2016. En la misma tónica se mostraron el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; y el contralor Manuel Galindo, quienes aseveraron que sí se reunieron para evaluar a los candidatos a magistrados y que ninguno de los tres objetó nada de ese proceso, el cual ha sido duramente cuestionado porque no se cumplieron los lapsos, porque algunos de entonces diputados que no fueron electos en las parlamentarias de ese año fueron designados como jueces y porque los nombramientos se hicieron a días de que el nuevo Legislativo dominado por la oposición se instalara.

La Fiscal, por su parte, ha insistido en que no participó y como prueba mostró el acta del día en que supuestamente ella, Saab y Galindo se reunieron para evaluar a los aspirantes y la cual no tiene ni su firma ni la de la entonces secretaria del Consejo Moral, María José Marcano, a quien también han pedido procesar.

La próxima semana el TSJ anunciará su decisión, la cual es más que probable que sea contraria a Ortega Díaz, debido a que 29 de los 32 magistrados del máximo juzgado simpatizan abiertamente con el chavismo; y porque ahora antes de este acto la Sala Constitucional designó a su sustituta.

Fuente: Diario Las Américas

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