Publicado el: Dom, Ago 25th, 2013

Maduro entre el poder y la corrupción

¿Maduro busca atacar la corrupción o más poder?

 

En un país donde policías y funcionarios son acusados desde hace años, y con frecuencia, de cobrar coimas por hacer un trámite o adjudicar un contrato o una licencia estatal, el anuncio del presidente Nicolás Maduro de que lanzaba una guerra contra la corrupción, aunque necesario, fue recibido con cierto escepticismo.

Maduro, quien acaba de ganar una elección en la que la oposición denunció un fraude, aseguró que toda persona acusada de robarle al estado, sin importar su rango, sería detenido.

En los últimos dos meses, la campaña llevó a la cárcel a algunos funcionarios por desfalcos a fondos de inversión del Estado, a una empresa minera estatal y a tesorerías de varias provincias. Entre los detenidos figuró un jefe de una agencia de protección al consumidor acusado de extorsión.

En las últimas dos semanas la cruzada puso en la mira al círculo del líder opositor Henrique Capriles en lo que críticos señalan que es una cacería de brujas que podría desembocar en un control total del poder político por parte del gobierno.

“El Ejecutivo tiene suficientes poderes, tiene un control excesivo… demasiado grande”, dijo Mercedes De Freitas, directora ejecutiva para Venezuela de la organización no gubernamental Transparencia Internacional a The Associated Press. “Hay que desconcentrar ese poder para dar la lucha contra la corrupción, no darle más poder”.

En actos oficiales que son difundidos por una amplia red de medios estatales, Maduro y otros dirigentes han dicho que Capriles y miembros de su partido Primero Justicia son corruptos.

“Ellos (la oposición) tapan las pruebas. La prensa burguesa y la televisión burguesa las tapan y pretenden convertir en héroes a los malandros de la derecha… Todos somos Al Capone, o todos somos Pablo Escobar Gaviria, eso es lo que quisiera gritar la derecha”, dijo Maduro este mes durante un acto en un teatro capitalino donde refutó que las acciones iniciadas contra algunos opositores respondan a una “persecución política”, y sostuvo que los procesos están basados en una “investigación seria”.

De las acusaciones pasaron a la acción. Al diputado Richard Mardo le fue retirada la inmunidad parlamentaria en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para que la Fiscalía General lo pudiera investigar por los delitos de “defraudación tributaria” por supuesta evasión del pago de impuestos, y “legitimación de capitales”, que presuntamente habría cometido el congresista al ocultar el origen de algunos ingresos y la transacción con un apartamento.

El propio Maduro acusó al director del despacho de la gobernación de Miranda, Óscar López, de manejar una red de prostitución de travestis luego de decir que era un “maricón”. En esta provincia Capriles funge como gobernador y hoy el funcionario se encuentra en la clandestinidad después de que militares de inteligencia allanaran su apartamento el pasado siete de agosto, luego de que un tribunal emitiera una orden de arresto que no especificaba las acusaciones.

Seis días después del allanamiento, diputados oficialistas difundieron durante una sesión del congreso algunas fotografías, sin precisar como las obtuvieron, de López vestido con prendas de mujer y reunido con otros hombres, y lo señalaron de contratar prostitutas.

Maduro anunció recientemente que estaba dispuesto a llamar a una “emergencia constitucional” y que pediría a la Asamblea Nacional poderes especiales para reformar leyes que tratan con el tema y elevar a 30 años las penas por los delitos de corrupción. Ante la negativa de la oposición de apoyar esa iniciativa, el mandatario dijo que está evaluando otras alternativas para llevar adelante el combate a la corrupción, pero no las precisó.

De Freitas, de Transparencia Venezuela, cree que la corrupción ha proliferado no por falta de leyes, sino por la impunidad y la ausencia de controles sobre el uso de los dineros públicos.

Venezuela es considerado uno de los países más corruptos del mundo, sólo superado por Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Irak, entre otros, según la encuesta de percepción global de Transparencia Internacional de 2012.

Capriles dice que la cruzada le ha servido de “cortina de humo” para tratar de distraer los problemas que afronta la nación como la inflación, que en los últimos doce meses registra un aumento de 42,6%, casi el doble de la de hace un año, y el desabastecimiento de productos esenciales como el arroz, el pollo, la carne, la harina, el café, el papel higiénico y las medicinas para la diabetes y los problemas del corazón, entre otros.

Las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre los casos y los procesos que se le siguen a los funcionarios detenidos ni han dicho si se han tomado correctivos en los organismos donde ocurrieron esos hechos para evitar que se repitan. La AP solicitó al gobierno y a la Fiscalía una reacción sobre las razones que han motivado la escasa información que se ha ofrecido de los casos, pero no hubo comentarios de momento.

Para las autoridades, los logros de su cruzada anticorrupción son contundentes: la detención en las últimas tres semanas de 64 personas y la apertura de procesos contra otras 62, según dijo recientemente la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en una entrevista a la televisora estatal.

En el listado de detenidos figuran el ex gobernador oficialista del estado central de Guárico, Luis Gallardo; el gerente general del ente tributario del estado costero de Vargas, Carlos Sánchez Atencio; el director nacional de inspección del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Tryno Martínez Calderón; el ex presidente de la estatal Ferrominera del Orinoco, Radwan Sabbagh; y el Jefe de la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el estado Bolívar, coronel Juan Carlos Álvarez Dionis.

El propio Maduro anunció en julio pasado al país la captura de ocho personas, cuatro de ellas funcionarios públicos, por su presunta vinculación con el desfalco de más de 84 millones de dólares a un fondo estatal que mantienen Venezuela y China. Ni el gobierno ni la fiscalía dieron detalles del caso.

Analistas consultados notan, no obstante, la ausencia de “peces gordos” entre los acusados, lo que genera dudas sobre las motivaciones de la campaña y sobre sus resultados.

El fallecido presidente Hugo Chávez siempre reconoció que la corrupción, que ha padecido este país petrolero durante décadas, representaba una amenaza para la revolución chavista, pero no fue hasta junio pasado que Maduro, su heredero político, le declaró la guerra.

El Nuevo Herald

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