Publicado el: Vie, Jul 7th, 2017

Maduro presiona a los trabajadores para garantizar su apoyo a la fraudulenta constituyente


Maduro presiona a los trabajadores públicos para garantizar su apoyo en la nueva Constitución
El presidente de Venezuela inicia una gira para obligar a la administración pública a votar en la elección de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente

El régimen de Nicolás Maduro comienza a darle contenido al proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobernante venezolano ha anunciado las dos primeras leyes que pedirá al pleno: una para regular todos los bienes que se comercian en la economía y otra para enjuiciar a las personas que han hecho parte de las violentas protestas ocurridas durante los últimos tres meses. “Será una ley constitucional que le dará poderes plenipotenciarios a la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz para que enjuicie y establezca la verdad de todos los crímenes que se han cometido durante el ‘guarimbeo’ (protestas) del año 2017”, detalló.

El anuncio sugiere que la fiscalía, comandada hoy por la bestia negra del régimen, Luisa Ortega Díaz, ya no tendrá la titularidad de la acción penal. También luce como una vendetta contra quienes responsabiliza de la crispación y la caótica situación que ha vivido Venezuela en varios tramos de su gobierno.

Maduro ya cuenta con una superintendencia encargada de vigilar los controles de precios, los precios de venta máximos, y dispone de leyes que le permiten sancionar a los infractores, pero está convencido de que la Constituyente le pondrá coto a la meteórica escalada de precios. Con la inflación más alta del mundo, con un aparato productivo desmantelado y con apenas divisas para sustituir con importaciones lo que dejó de producirse en Venezuela, el gobierno enfrenta un crónico atolladero que ahora quiere resolver mediante el supremo dictamen de un congreso de 565 integrantes. Varios de los candidatos a diputados creen que la inflación es inducida por agentes especuladores extranjeros.

Esa idea de vender un proyecto como la panacea no es nueva en el régimen bolivariano, pero esta vez buscan con ahínco evitar una masiva abstención. Maduro tiene los niveles más bajos de popularidad para los estándares del chavismo -20,8 por ciento en mayo, según la reconocida encuestadora Datanálisis- debido al desastre económico provocado por la obstinada imposición de un modelo de desarrollo centralista y hostil con la empresa privada. Por eso, la gira que inició el jueves por todo el país busca evitar que el domingo 30 de julio, cuando se escogerán a los diputados, se vea el espectáculo de centros de votación desiertos o con pocos votantes.

En su primera parada, en una asamblea de trabajadores del sector minero y metalúrgico en Ciudad Guayana (suroriente del país), el Presidente ha pedido que se utilicen las listas de los empleados de toda la administración pública para vigilar que todos voten “sin excusas”. Tomen la nómina de todas las instituciones, empresas, y organicémonos desde ya”, exigió Maduro al jefe de campaña, Héctor Rodríguez, a quien ordeno que formara “comités constituyentes” para dar seguimiento por cada empresa. “Si tenemos 15 mil trabajadores deben votar los 15 mil trabajadores sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación y alcaldía por alcaldía”, agregó.

El tamaño del Estado venezolano ha crecido en la última década por la ola de nacionalizaciones iniciadas en 2007 por el fallecido presidente Hugo Chávez. Desde entonces el régimen ha desarrollado un sofisticado sistema para identificar a los trabajadores públicos, a quienes obliga a presentarse en los mítines oficialistas y pone a la disposición todos los recursos del Estado para lograr el objetivo de que lo apoyen en las elecciones. La amplia experiencia acumulada en casi 20 elecciones desde 1999 y la presión que se ejerce sobre los empleados podrían disminuir la abstención que pronostican las encuestas. En junio Datanálisis aseguraba que siete de cada diez venezolanos estaban en contra de la propuesta de escribir una nueva Constitución y el 75,4 por ciento votaría para rechazarla.

La oposición no ha presentado candidatos a la Constituyente y organizará, en cambio, una consulta popular para el próximo 16 de julio. Se espera que ese día las fuerzas congregadas en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) den una masiva demostración de rechazo hacia la propuesta de Maduro. Es un acto político que se inscribe dentro de las distintas manifestaciones de repudio hacia el régimen en los últimos tres meses. Hasta ahora los disturbios han cobrado la vida de cien personas.

El régimen vende la Constituyente como la única forma de lograr la paz. Como suelen decir sus voceros: para ampliar la seguridad jurídica y social para el pueblo con un nuevo sistema de leyes, para perfeccionar y ampliar la Constitución de 1999. Quienes no comulgan con Maduro creen que, a partir del 30 de julio, si finalmente se instala la asamblea, comenzará una etapa sin certidumbres en la historia de Venezuela.

LOS CUATRO ASPECTOS DE LA CONSTITUYENTE
En el comienzo de su gira Maduro explicó cómo va a trabajar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Podrá dictar, en primer lugar, lo que llamó “actos constituyentes”. Para explicárselo a su audiencia evocó un episodio del pasado reciente “La constituyente de 1999 ordenó la reestructuración de todo el poder judicial y del Ministerio Público y su intervención inmediata, por ejemplo”, rememoró el mandatario. El ejemplo fue una alusión directa a lo que podría ocurrir con aquellas instituciones que están enfrentadas con el Ejecutivo.

La ANC también podrá emitir decretos. Maduro siguió recordando: En 1999 limitábamos al Congreso. Cuando se extralimitaban le dábamos su ‘tatequieto” (lo impedían, en el castellano venezolano), recordó.

El tercer aspecto, que no formó parte de las competencias de la asamblea nacional constituyente de 1999, es quizá la diferencia más notable con aquel proceso. Porque los diputados podrán promulgar leyes constitucionales que estarán por encima de las de carácter orgánico. Maduro ha prometido usarlas para hacerle juicios sumarios a quienes encabezan las protestas o remarcan precios.

“El cuarto instrumento”, dijo el Presidente, “será redactar una nueva Constitución y someterla a referéndum para que sea el pueblo y solo el pueblo el que decida si aprueba esa Constitución o no”.

Fuente:elpais.com

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