Publicado el: Sab, Sep 17th, 2016

Mercosur muestra base legal para sancionar a Maduro

 

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Informe Otálvora: Mercosur muestra base legal para sancionar a Maduro

Dado que las decisiones en Mercosur deben tomarse por consenso, el Gobierno de Uruguay tratando de ahorrarse choques con sus aliados internos simpatizantes de Maduro, se abstuvo pero no rechazó el pacto propuesto por Brasil, Argentina y Paraguay.

El papa Francisco condicionó fuertemente la participación del Vaticano en un eventual proceso de “diálogo” entre el Gobierno y la Oposición en Venezuela. El hecho se desprende de una carta dirigida por el Secretario de Estado del Vaticano Pietro Cardenal Parolin, al Secretario de Unasur, Ernesto Samper, fechada el 12AGO16 y extrañamente sólo difundida por Samper un mes después en Caracas. En su comunicación, el cardenal Parolín exige que cualquier solicitud de intervención del Vaticano debe partir de los venezolanos y no de Samper. Igualmente exige que la solicitud sea hecha tanto por el Gobierno como por la oposición “una vez que hayan tomado la firme decisión de iniciar formalmente el diálogo”, lo cual la diplomacia vaticana sabe que es poco probable. Además, el Vaticano exige que el Gobierno y la oposición estén “receptivos para acoger las eventuales sugerencias”, con lo cual Parolín claramente deja saber que el Papa no se prestará a servir de un simple correo entre las partes.

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El Gobierno izquierdista uruguayo presidido por Tabaré Vázquez tomó la decisión de abandonar su hasta ahora irrestricto apoyo al régimen venezolano, corroborando el derrumbe de la influencia chavista en el Continente.

El Mercosur, la alianza de libre comercio sureña impulsada por Brasil y Argentina desde la década de los años ochenta y creada en 1991 con la participación de Paraguay y Uruguay, se convirtió en el 2016 en el terreno de confrontación entre el régimen chavista y los gobiernos de Horacio Cartes, Mauricio Macri y Michel Temer los cuales son críticos de la situación política interna venezolana, denuncian la situación de violación de DDHH en Venezuela, se muestran solidarios con la oposición venezolana y han puesto en duda la condición democrática del régimen chavista. Además, Maduro mantiene una política de choque contra Brasil al no reconocer al Gobierno de Michel Temer.

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El ingreso de Venezuela al Mercosur fue suscrito el 04JUL06 pero su materialización dependía de la aprobación del respectivo Tratado por parte de los cuatro parlamentos de los países socios. Se trató de una decisión marcada por la afinidad política e ideológica entre Chávez y Lula da Silva que obvió exigir a Venezuela la adecuación previa de su legislación a la del Mercosur. La aprobación uruguaya y argentina llegó pronto pero en el Congreso brasileño la entrada de Chávez al Mercosur provocó serios rechazos. Fue sólo hasta finales del año 2009 cuando, por fuertes presiones de Lula da Silva, el Protocolo de ingreso de Venezuela fue aprobado en el Senado brasileño por 35 votos a favor y 27 en contra. Previo a la decisión del Congreso brasileño, Chávez se había comprometido a iniciar los trámites para acordar con los técnicos de Mercosur los plazos para la incorporación de la normativa comercial del grupo a la legislación venezolana. Tres años después, Venezuela aún no era miembro de Mercosur ya que en el parlamento paraguayo no existían los votos necesarios para aprobar el Tratado. Si bien Venezuela no era miembro pleno y por lo tanto no tenía mayores compromisos con la organización, Chávez participaba en todas las instancias del Mercosur en razón de estar “en proceso de incorporación”. La alianza sureña controlada por cinco gobiernos de orientación castrochavista, comenzó a operar con un foro político que frenó los aspectos comerciales que le habían dado sentido a su creación.

El 29JUN12, mediante una maniobra diseñada por Chávez y Lula, los entonces presidentes Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y José Pepe Mujica, acordaron suspender a Paraguay de su membresía y, simultáneamente, aprobar el ingreso de Venezuela sin esperar la decisión del parlamento paraguayo. La legalidad de la decisión fue puesta en dudas por el entonces canciller uruguayo Luis Almagro, pero su jefe Pepe Mujica optó por acompañar la artimaña jurídica.

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La situación política cambió en Suramérica y en este momento los socios fundadores del Mercosur están reaccionando contra el régimen chavista, no sólo por las consideraciones sobre la situación política interna venezolana sino, además, porque Venezuela no participa del principal interés del grupo: promover el comercio internacional. La vía para sancionar al Gobierno Maduro invocando la “ruptura del orden democrático” fue promovida por Paraguay y enunciada por Mauricio Macri incluso desde sus tiempos de candidato presidencial. Se trataba de invocar la “cláusula democrática” del Protocolo de Ushuaia, pero esta opción no cuenta con el consenso necesario ya que la alianza gobernante en Uruguay no está dispuesta a censurar a sus socios políticos chavistas. El Gobierno de Vázquez ha insistido en que cualquier decisión sobre Venezuela en el Mercosur debe ser jurídica y no política. Las cancillerías de Paraguay, Argentina y Brasil han trabajado intensamente el tema y finalmente presentaron a Uruguay la base legal para sancionar a Venezuela sin aplicarle la “cláusula democrática”.

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El 13SEP16 quedó en evidencia que Uruguay se distanciaba del régimen chavista al pactar con Brasil, Argentina y Paraguay una salida para la crisis que vive Mercosur a raíz de la posición mayoritaria de no aceptar que Maduro asumiera la presidencia temporal del organismo para el segundo semestre del año. Incluso, se anunció que a el 21SEP16 en la sede de la ONU en Nueva York, se producirá a solicitud de Uruguay una reunión entre Tabaré Vázquez y su colega brasileño Michel Temer, para normalizar las relaciones tras la destitución de Dilma Rousseff.

Dado que las decisiones en Mercosur deben tomarse por consenso, el Gobierno de Uruguay tratando de ahorrarse choques con sus aliados internos simpatizantes de Maduro, se abstuvo pero no rechazó el pacto propuesto por Brasil, Argentina y Paraguay. La “Declaración Conjunta” sobre el funcionamiento del Mercosur, firmada por los cancilleres Susana Malcorra, José Serra, Eladio Loizaga y Rodolfo Nin Novoa, al obviar a la canciller de Maduro dejó en evidencia que Venezuela en la práctica no forma parte de Mercosur. El documento confirmó implícitamente que Maduro no ejercería la Presidencia de Mercosur ya que los cuatro países fundadores anunciaron que ellos colectivamente se encargarían de “definir los cursos de acción” y “coordinar” las negociaciones con terceros países.

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La “Declaración Conjunta” igualmente incluye un ultimátum a Maduro. Los compromisos adquiridos verbalmente en 2009 y formalmente en 2012 por Chávez para ajustar la legislación venezolana a la normativa del Mercosur, no se han cumplido. Pese a haber controlado la Asamblea Nacional hasta diciembre del 2015, el régimen chavista no aprobó las leyes necesarias para aprobar acuerdos claves para Mercosur. Entre ellos se encuentra el “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica”, epicentro de los acuerdos comerciales mercosurianos, y el “Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales” que permitiría que los venezolanos obtuvieran residencia legal en los países del Mercosur. El plazo para Venezuela haber cumplido sus compromisos legales venció el 12AGO16 por lo cual Brasil y Paraguay propusieron retirar a Venezuela su condición de “Estado parte” del Mercosur. El Gobierno uruguayo, a cambio de no impedir la Declaración, solicitó a sus socios otorgar a Maduro un plazo adicional el cual vencerá el 01DIC16. Dada la declarada guerra que Maduro mantiene contra la Asamblea Nacional venezolana a la cual no reconoce, es improbable que antes de diciembre sean aprobadas las leyes necesarias para cumplir los compromisos con Mercosur. La salida de Venezuela del Mercosur parece ya un hecho.

El arma legal esgrimida para la suspensión de Venezuela de Mercosur es la “Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados” de 1969, la cual sirve como marco general para el ejercicio de los convenios internacionales y detalla los términos para la terminación de esos compromisos entre Estados. Uruguay pedía que la sanción contra Maduro fuera jurídica y los restantes socios le brindaron la base legal. La Convención de Viena establece que “una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente”, entendiendo como “violación grave”, “la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado”. Según los socios de Mercosur el “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica” es una disposición esencial del grupo y no ha sido cumplida por Venezuela.

La decisión política ya está tomada y ahora cuenta con base legal. Brasil, Argentina y Paraguay se disponen a declarar en diciembre que Venezuela ya no es miembro pleno del Mercosur.

Fuente: Diario Las Américas/ Informe Otálvora

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