Publicado el: Mar, Dic 24th, 2013

Morales quiere expulsar las ONG mientras aumenta la violencia

Morales amenaza con expulsar a las ONG que conspiren en contra de su Gobierno

La danesa IBIS fue expulsada la semana pasada por su injerencia política

El defensor del Pueblo advierte del auge de la violencia en Bolivia

La impunidad, el sistema judicial y la poca “capacidad del Gobierno”, principales motivos del del aumento de la inseguridad

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en Bolivia se encuentran bajo amenaza de expulsión si el Gobierno del presidenteEvo Morales considera que están usando recursos del exterior para desestabilizar su Administración.

“No se va a permitir que las ONG busquen financiamiento exterior y vengan a conspirar contra la democracia y el Gobierno nacional”, ha dicho Morales en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en La Paz.

La advertencia presidencial coincide con los temores expresados por los ejecutivos de algunas ONG de verse en las mismas condiciones que la danesa IBIS, expulsada “de forma inmediata”, tras el anuncio oficial del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la pasada semana.

La danesa IBIS fue expulsada por su injerencia política en las organizaciones sociales, y otras ONG, que hayan o pudieran distorsionar sus objetivos y tareas, van a correr la misma suerte, según la advertencia oficial.

Los directores del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arce, y del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Hernán Ávila, temen que ambas ONG sean cerradas dados los ataques y la persecución que soportan.

La directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana Eróstegui, asegura que sus afiliadas están “viviendo un periodo de persecución política y restricciones de las libertades y no se dan señales de respeto a la pluralidad”.

Las ONG en Bolivia han intentado adecuarse a las exigencias oficiales de asumir los lineamientos de acción gubernamental, especialmente tras la aprobación de la ley de Otorgación de Personería Jurídica y de su reglamentación, que establece causales de revocatoria de la personería de las ONG ante cualquier pedido ciudadano sin medios de apelación.

Esta coyuntura ha determinado que muchas ONG hayan desistido de una posición crítica ante las políticas de Gobierno y optado por la vía de la autocensura. “Es un clima de temor. Por sobrevivir uno a veces se calla; tal vez es el temor a que se les restrinja financiamiento o se las pueda cerrar”, ha explicado Eróstegui en una entrevista al periódico Página 7.

El director del CEJIS, entidad que no solamente ha apoyado sino ha dado recursos humanos al gobierno de Morales, es enfático al señalar que las ONG no han cambiado de línea. “Parece ser que con el mismo trabajo que desarrollamos (para instaurar el cambio liderado por Morales), ahora estamos afectando a aquellos sectores vinculados a prácticas antidemocráticas, de acumulación del poder en desmedro de una mayoría. La gente con la que caminamos juntos en algún momento, ahora, se pone al frente de nosotros”.

Arce, director del CEDLA, está convencido de que el gobierno cree que “lo que antes era bueno ahora es malo; lo que antes era apoyo para fortalecerlo (las ONG), hoy se convierte en conspiración imperialista y derechista”. Arce aludió así al cambio que, considera, se ha producido en la administración de Morales al relegar el discurso indigenista con el que subió al poder y desarrollar políticas adversas a los derechos de los pueblos originarios de tierras bajas y tierras altas.

“Yo creo que la estrategia en realidad es despejar el camino, tener un 2014 electoral donde no haya una voz que pueda cuestionar sus políticas; que pueda poner al desnudo la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen”, declara Arce.

De acuerdo a datos recogidos por el periódico Página 7 en Bolivia operan 2.175 ONG de las que 144 son extranjeras. La danesa IBIS es una de las más importantes y ha desarrollado su trabajo durante las últimas tres décadas en franco apoyo a las reformas constitucionales y a la formación de un Pacto de Unidad de apoyo a Morales, por lo que quedó sorprendida ante la decisión de ser echada del país.

Ha trabajado en estrecha colaboración con los ministerios de Asuntos Exteriores, de Educación y Autonomías y, a través de contrapartes como el CEDLA, la Fundación Wayna Tambo, la Liga de Defensa del Medio Ambiente, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, el Centro Boliviano de Investigación y Acciones Educativas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Según la edición digital de La Razón, el presidente Morales se ha referido a la cadena radial ERBOL que “recibe plata del exterior para que cada día saque la mugre (critique) a Evo Morales”, al anunciar que expulsará a todas aquellas entidades que usen fondos exteriores con el objetivo de desestabilizar su gobierno.

 El defensor del Pueblo advierte del auge de la violencia en Bolivia

La violencia en Bolivia se ha intensificado y se ha extendido “alimentada por la impunidad, la debacle del sistema judicial, la poca capacidad del Gobierno para enfrentarla” y la pasividad de la ciudadanía, concluye el informe del Defensor del Pueblo, que refleja un estremecedor cuadro de la grave afectación a los derechos humanos en sectores vulnerables de la sociedad y, en los cuarteles militares.

La infancia, la niñez y la adolescencia –que representa el 31 por ciento de la población boliviana- es el grupo etéreo que soporta la violencia “de manera insostenible en casi todos los ámbitos de su vida” en sus hogares, las escuelas y en el trabajo. Ocho de cada diez son víctimas de maltrato físico y verbal, de violaciones sexuales, explotación laboral y abandono.

Veinte mil pequeños, con familia, se encuentran en hogares de acogida y otros diez mil viven en las calles. Cerca de 1.400 acompañan a sus padres en las cárceles mientras que más de 800.000 son trabajadores, cita el informe para dar apenas un pantallazo de la dramática situación y las perspectivas de futuro de un tercio de la población.

Destaca también los esfuerzos gubernamentales por reducir la pobreza de las familias, empeñarse en garantizar la educación de todos los bolivianos menores de edad, entre otros derechos económicos, sociales y culturales, además de los básicos como el acceso al agua potable, energía y alcantarillado.

El otro grupo vulnerable es el de la mujer, que soporta también grados extremos de violencia. En 2013 se ha registrado el asesinato de 139 mujeres, de estos 50 por inseguridad ciudadana y las restantes 89 se consideran  feminicidios.

El capítulo dedicado a la violación de los derechos humanos en recintos militares es el que ha generado reacciones críticas de parte de autoridades civiles, militares y de la Policía, que consideraron “aislados” los casos de una docena de conscriptos y militares que terminaron en muerte, según detalla el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El documento menciona el vano intento de reunirse con el comandante de las Fuerzas Armadas, en dos ocasiones, y otra con el ministro de Defensa para considerar “las muertes en recintos militares, los casos de tortura y el uso de conscriptos para trabajos particulares”. Tampoco ha tenido respuesta una petición similar ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Villena ya no cuenta con las simpatías del Gobierno, molesto por sus observaciones en una serie de situaciones que afectan los derechos ciudadanos. El presidente Morales expresó su desilusión y pesar por haber sugerido a los movimientos sociales y a los asambleístas su apoyo para elegirlo como Defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa.

“La gestión 2013 permitió visibilizar de forma integral y completa la realidad” de casos de grave vulneración de los derechos humanos en recintos militares “asociados fundamentalmente a la impunidad, a la ausencia de mecanismos de prevención, cuidado y protección de la vida y, a hechos de tortura y tratos crueles e inhumanos”, expresa la Defensoría antes de plantear la necesidad de impulsar una investigación transparente e imparcial sobre los casos denunciados y, a la par, la revisión y el cambio de normas y conductas que “avalan y protegen estos actos” que, dice el informe, “parecen responder a patrones culturales e institucionales que tienden a privilegiar la violencia como método de formación” y, a subestimar los valores supremos de la vida y la integridad.

El documento detalla las circunstancias en que se produjeron doce muertes entre octubre de 2012 y noviembre de 2013, después de mencionar que desde 2010 a la fecha se contaron veinte muertes.

En el periodo considerado se citan los decesos de dos soldados mientras desarrollaban labores a favor de particulares; de un cadete y un soldado que se ahogaron al intentar sacar una vagoneta arrastrada por una riada, sin ninguna seguridad para su vida.

En declaraciones a la prensa local, la madre del cadete del Liceo Militar de Sucre lamentó que el dueño del vehículo, presuntamente un jefe militar, no hubiese medido las consecuencias al pedir a los jóvenes el rescate del coche.

Dos jóvenes se ahogaron, el uno en un estanque de una ladrillera de Trinidad y el otro en un río en Cochabamba, en su día libre, según las autoridades.

Otros tres murieron a causa de la mala manipulación de armas y, una enfermera fue encontrada sin vida en las instalaciones del Gran Cuartel de Miraflores de La Paz.

Otros dos miembros del Ejército y la Naval fueron abatidos durante una operación de erradicación de hoja de coca en Apolo. La Defensoría atribuye falta de precaución y de protección a las víctimas, una vez que los dirigentes cocaleros advirtieron a las autoridades que podía suscitarse enfrentamientos.

El alférez Emmanuel Cusi perdió la vida durante un entrenamiento de buceo en el estrecho de Tiquina y el subteniente Ceooly Espinal murió por un traumatismo cráneo encefálico en la Escuela de Cóndores de Sanandita, en circunstancias aún no esclarecidas.

“En ningunos de los casos señalados u otros anteriores existe una condena judicial y actualmente sólo se tiene el proceso que se sigue contra los presuntos responsables del caso Poma”, explica el Defensor.

El subteniente Grover Poma falleció, en febrero de 2011, luego de recibir una “brutal paliza por parte de un instructor y otros camaradas en la Escuela de Cóndores de Sanandita”, donde se prepara a tropas de élite para sobrevivir en condiciones adversas y, a veces, hasta inhumanas, según algunos testimonios recogidos en la prensa local.

El proceso judicial de Poma no ha terminado, pese a que fue derivado de la justicia militar a los tribunales ordinarios, por decisión del Tribunal Constitucional. El padre de la víctima ha acudido a los medios locales para pedir a los jueces que den por cerrado el caso de su hijo a fin de que, tres años después, “haga justicia por propia mano”.

El Defensor considera que, además de la permisividad del Estado y la ausencia de mecanismos internos de control, la cultura de violencia dentro de las Fuerzas Armadas genera “un clima propicio para la vulneración sistemática y recurrente de los derechos humanos, que suele expresarse en diversas formas de tortura y tratos degradantes e inhumanos”.

Este año, la entidad ha recibido y gestionado 117 denuncias contra varias instituciones de las Fuerzas Armadas. Constituye un avance pues pocos son los que se atreven a denunciar los atropellos, verbales o de hecho, y aún en ese caso, se ven muy presionados por sus propios compañeros, y a veces hasta los familiares, para volver a sumirse en el silencio y continuar en un inacabable círculo vicioso de violencia.

El Pais

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