Published On: vie, Dic 7th, 2018

Muere Belisario Betancur el exmandatario conservador que gobernó a Colombia entre 1982 y 1986 y abrió el camino a la paz


Muere Belisario Betancur, el presidente que le apostó a la paz. El exmandatario conservador gobernó a Colombia entre 1982 y 1986. La historia lo recordará por su apuesta a la salida negociada al conflicto, además de los hechos trágicos de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19.

A sus 95 años, afectado por problemas renales, falleció el expresidente Belisario Betancur Cuartas, quien gobernó a Colombia entre 1982 y 1986. La historia dirá que fue el primer mandatario que decidió apostarle a la negociación política como la fórmula para terminar con el conflicto armado entre el Estado y la insurgencia; pero también se recordará siempre como el jefe de Gobierno a quien le correspondió afrontar el hecho judicial más grave ocurrido en el país después de El Bogotazo de 1948: la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Desde esa perspectiva histórica, la evaluación de su paso por el poder quedó signada por los acontecimientos.

Nacido en la vereda El Morro de la Paila, del municipio de Amagá (Antioquia) en febrero de 1923, sus primeros años los pasó becado en el Seminario de Misiones de Yarumal (Antioquia), pero se graduó como bachiller en el colegio de la Universidad Católica Bolivariana de Medellín en 1941. Luego, estudió Derecho y Economía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y obtuvo su grado en 1947 con la tesis titulada “El orden público-económico”. Ya en ese momento incursionaba en la política electoral, al punto de que, entre 1945 y 1947, ejerció como diputado conservador a la Asamblea de Antioquia.

Eran los años en los que la violencia partidista entre conservadores y liberales causaba estrago en varias áreas rurales del país, y el poder político regresaba a los conservadores tras la victoria electoral de Mariano Ospina Pérez en 1946. Además de su intensa actividad política, incursionó con éxito en el periodismo, lo que le permitió proyectarse políticamente a nivel nacional. Tras la caída del gobierno de Laureano Gómez en 1953, inicialmente entró a ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente que sustituyó al Congreso entre 1953 y 1957, pero luego se convirtió en uno de los principales opositores del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, al punto de que le costó la privación de la libertad por un tiempo.

Al iniciarse el Frente Nacional, siempre dentro de la militancia conservadora y de la línea laureanista, saltó a las grandes lides del Poder Ejecutivo cuando fue designado como ministro de Trabajo del presidente conservador Guillermo León Valencia en 1963. En esa misión, Betancur se vio forzado a enfrentar uno de los hechos más polémicos de la época: la denominada ‘masacre de Santa Bárbara’. Por esos días había estallado una huelga de trabajadores de la cementera El Cairo en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), y la Fuerza Pública intervino causando la muerte de 12 trabajadores y heridas a 39. Como ministro de Trabajo, tuvo que afrontar encendidos debates en el Congreso, en momentos en que el orden público empezaba a complicarse.

Para el año de 1970, decidió aspirar por segunda vez a la Presidencia de la República en una accidentada justa electoral que quedó manchada para la historia por la sombra del fraude. Aunque el oficialismo liberal y conservador apoyaron la candidatura de Misael Pastrana Borrero, los candidatos Evaristo Sourdís y Belisario Betancur decidieron sostener sus candidaturas. Ante la división de caminos en el conservatismo, cobró fuerza la aspiración política de Gustavo Rojas Pinilla. La jornada del 19 de abril de 1970 quedó marcada por la declaratoria del estado de sitio y el toque de queda, para garantizar el veredicto de la Registraduría con la victoria de Pastrana. Entonces, Betancur comenzó a distanciarse de su propio partido.

En los años siguientes, fue embajador de Colombia en España y creador de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en espera de una nueva postulación, la cual llegó en 1978. En esta ocasión, con el respaldo del conservatismo, enfrentó al candidato liberal Julio César Turbay Ayala, quien le ganó por un estrecho margen. Por esta razón, en los círculos políticos, fue claro que iba a repetir candidatura cuatro años después. Como finalmente ocurrió. Sin embargo, en 1982 no se presentó como candidato conservador sino como jefe de un movimiento nacional suprapartidista que aprovechó la división liberal entre Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Galán, para alzarse con la victoria en mayo de ese año.

Como lo había prometido, su primera gestión de gobierno fue conformar una comisión de paz de 34 miembros, planteada para iniciar diálogos con los grupos alzados en armas. De manera simultánea, su política exterior marchó por la misma vía, al punto de que decidió impulsar el llamado Grupo de Contadora que apostó por imponer la paz en América Central. Esta iniciativa le significó la concesión del Premio Príncipe de Asturias, en España, además por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con el país europeo. No obstante, en el plano interno, no solo la paz significó de entrada su primer reto como gobernante, sino que tuvo que debutar afrontando las consecuencias de la llamada ‘crisis financiera de los años 80’.

Entonces, en octubre de 1982 decretó la emergencia económica y en desarrollo de ella, expidió el decreto 2920 de 1982 que dio vía libre para la nacionalización de empresas afectadas por la crisis, y le dio dientes a la justicia para enfrentar a los banqueros que habían propiciado la crisis. Mientras trataba de darle remiendos a la crítica situación del sector financiero, a través de 10 decretos lanzó el Plan de Rehabilitación, un ambicioso programa de ayuda para las zonas de conflicto. De paso, impulsó en el Congreso la que se convirtió en la Ley 35 de 1982 o Ley de Amnistía, primer paso hacia el proceso de paz, pero también el primer detonante de una dura confrontación pública con sectores cercanos a las Fuerzas Militares.

En virtud de la Ley de Amnistía, la mayoría de los guerrilleros que estaban presos a raíz del Estatuto de Seguridad de la era Turbay Ayala, quedaron en libertad. Esa decisión, sin contraprestación por parte de la insurgencia, provocó airados reclamos de sectores de oposición. En particular el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, declaró públicamente que el país debía acostumbrarse a escuchar a sus generales. Las tensiones crecieron en febrero de 1983 cuando el procurador Carlos Jiménez Gómez reveló que al interior del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), que ya desangraba a Colombia, había miembros activos de las Fuerzas Militares. El país entró en una peligrosa polarización política.

A finales de mayo de ese difícil 1983, renunció a la presidencia de la Comisión de Paz Otto Morales Benítez y su mensaje de dimisión, que pasó a la historia, dejó clara la dificultad para avanzar hacia la concordia. Fue Morales Benítez quien señaló a los “enemigos agazapados de la paz, por dentro y fuera del gobierno”, como los responsables de la crisis. “Esas fuerzas reaccionarias en otros tiempos lucharon, como hoy, con sutilezas contra la paz y lograron torpedearla. Por ello, nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”, escribió Morales. Y como si fuera un hecho premonitorio, eso fue lo que terminó imponiéndose en materia de paz. Desde el gobierno, mucho apoyo, pero en la realidad, demasiada oposición.

En busca de aliados para sacar adelante sus iniciativas de gobierno, en agosto de 1983 Betancur promovió un cambio en su gabinete ministerial, y entró a fortalecerlo el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Con el propósito de enfrentar el otro coloso de la guerra, el narcotráfico, llegó al Ejecutivo, en calidad de ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Apenas dos semanas después ya el Congreso era un hervidero político. El ministro Lara encaró al representante a la Cámara por Antioquia Pablo Escobar Gaviria, señaló a otros narcotraficantes que se habían colado en el fútbol, la política o la economía, y fue Troya. En breve, el enfrentamiento político derivó en la guerra que le plantearon el país los llamados ‘extraditables’.

A pesar de que el ambiente se complicó al extremo, Betancur no declinó en su interés por sacar adelante el proceso de paz. Fue así como en octubre de 1983, durante un viaje por Europa, se reunió con los líderes del M-19 Álvaro Fayad e Iván Ramiro Ospina, con el propósito de avanzar hacia el cese de fuegos. Pero como todo en aquella época de los años 80, las noticias malas seguían causando dificultades adicionales. La de finales del año fue el robo de 13,5 millones de dólares de una cuenta colombiana en el Chase Manhattan Bank, de Estados Unidos. Aunque el autor del robo, Roberto Soto Prieto, lo hizo a título personal, no faltaron los debates contra el gobierno, a quien se responsabilizaba de toda la crisis social o económica.

Y llegó el año 1984 rodeado de contrastes. Primero, con la declaratoria del estado de sitio en los departamentos del Caquetá, Huila, Meta y Cauca debido a los rigores del orden público. Después, con el anuncio de que la Policía Antinarcóticos había desmantelado el laboratorio de Tranquilandia, una gigantesca factoría de producción de cocaína en los llanos del Yarí, en el Caquetá. A pesar de las noticias de guerra, el 28 de marzo de 1984, el gobierno logró el mayor avance en su negociación de paz: la firma de los acuerdos de La Uribe, que permitió el cese al fuego con las Farc. La tregua quedó pactada para iniciarse el 28 de mayo. Lo que no esperaba nadie en el país es que la otra guerra, la del narcotráfico, iba a agregar un detonante mayor.

El 30 de abril de 1984 fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Al día siguiente, en Neiva, durante las exequias del alto funcionario, el presidente Betancur anunció su ofensiva total contra el narcotráfico y la aplicación del tratado de extradición suscrito entre Colombia y Estados Unidos en septiembre de 1979. De ahí en adelante, mientras las comisiones verificadoras de la paz trataban de imponerla en las zonas de violencia, o al tiempo que se lograba firmar acuerdos de cese al fuego con el M-19, el EPL, el Movimiento Autodefensa Obrera, y otros grupos guerrilleros, la guerra del narcotráfico contra la sociedad y el Estado cobró forma. En el río revuelto de la violencia, también la guerra sucia empezó a hacer estragos.

Aunque a través de su comisionado de paz, John Agudelo Ríos, el gobierno quiso darle toda su fuerza a la Comisión de Verificación de los acuerdos de paz, empezaron a caer asesinados líderes de izquierda o amigos del proceso de paz. Entre ellos, el médico, excongresista e ideólogo del M-19, Carlos Toledo Plata, asesinado el 10 de agosto de 1984. Al mismo tiempo, Betancur creó 10 subcomisiones de diálogo para concertar avances en temas agrarios, laborales, educativos, de salud pública y desarrollo económico, siempre pensando en que era el camino para asegurar la paz que había concertado, pero los “enemigos agazapados” resultaron más incidentes y el ambiente se tensionó a tal punto que se precipitó la desgracia.

Sin la fortaleza política de sus tiempos iniciales, el gobierno tuvo que ser testigo de cómo la polarización política se fue convirtiendo en violencia selectiva. Para tratar de darle confianza a los grupos guerrilleros con los que había negociado la paz, Betancur posibilitó la creación de grupos políticos como la Unión Patriótica, el Frente Popular o el movimiento A Luchar. No obstante, casi desde sus orígenes, sus principales dirigentes empezaron a caer asesinados. Luego de un atentado al dirigente del M-19 Antonio Navarro Wolf en mayo de 1985, se rompió la tregua con el M-19. Los otros grupos guerrilleros también se abrieron del proceso. Las Fuerzas Militares se llenaron de argumentos para denunciar el fracaso de la tregua.

El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia, con el propósito de hacerle un juicio público a Belisario Betancur por sus supuestos incumplimientos en el proceso de paz. La reacción de las Fuerzas Militares y lo que ya conoce el país, no solo dejó un saldo lamentable de 97 víctimas mortales, sino la sepultura definitiva de las intenciones de paz del gobierno. Políticamente, el gobierno Betancur quedó sin aliento y el M-19 liquidado. No obstante, ante una denuncia de la Procuraduría, la Comisión de Acusación de la Cámara no encontró razones para evaluar la conducta del presidente, quien públicamente asumió la responsabilidad de todo lo que había sucedido.

Para colmo de males, una semana después del holocausto del Palacio de Justicia, sobrevino la tragedia de Armero, donde perdieron la vida cerca de 30.000 personas. De nuevo, el gobierno de Belisario Betancur quedó en la mira del país ante los señalamientos de que había sido una tragedia anunciada. En el ocaso de su gobierno, Betancur no declinó en sus últimos esfuerzos por tratar de dejar una ruta de paz, y los más importantes de ellos fueron la reforma constitucional que creó la elección popular de alcaldes, que se estrenó en 1988; y la formalización del partido político de la Unión Patriótica, para que iniciara su vida electoral en las elecciones legislativas de marzo de 1986. Con esos actos, selló su obra de gobierno.

En materia de realizaciones, los analistas de su gestión como primer mandatario le añaden haber impulsado reformas a los regímenes departamental y municipal; la creación del Estatuto de Televisión, la expedición del nuevo Código Contencioso Administrativo; la promulgación del Estatuto Básico de los partidos; y el impulso a los canales de televisión regionales. Cuando dejó la Casa de Nariño, como bien lo describió el expresidente Alfonso López, era claro que la historia contemporánea de Colombia tenía desde ese momento un antes y un después. El gobierno de Belisario Betancur partió en dos la vida de las últimas generaciones del siglo XX y la paz con las Farc firmada en 2016, tuvo realmente su primer capítulo con este gobierno.

Después de su paso por la Presidencia de la República, a diferencia de los demás exmandatarios, Belisario Betancur se mantuvo totalmente alejado de la escena política. De vez en cuando rompió su silencio en coyunturas particulares, como el apoyo que le dio al proceso de paz de Andrés Pastrana a partir de 1998, y en general, a todas las iniciativas relacionadas con la búsqueda de la negociación política del conflicto armado. En contraste, con su silencio político, mantuvo una activa vida cultural, a través de la fundación Santillana, el Museo de los Niños, la Casa de Poesía Silva o el Museo de Arte Moderno. Su producción intelectual se mantuvo y hasta su deceso se le vio en importantes eventos de naturaleza cultural.

 

Fuente:elespectador.com

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