Publicado el: Mie, Ene 25th, 2017

Narcosobrinos piden que se realice un nuevo juicio según lo estipulado en la Regla 33, ya que el veredicto fue en contra del peso de las evidencias.

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Sobrinos de Cilia Flores piden un nuevo juicio ante la corte de Nueva York

Los sobrinos de Nicolás Maduro, hallados culpables de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, piden que se realice un nuevo juicio según lo estipulado en  la Regla 33, ya que el veredicto fue en contra del peso de las evidencias.

Los abogados defensores de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, solicitaron a la corte una sentencia de absolución basada en la insuficiencia de pruebas usadas para el juicio que los declaró culpables el pasado 18 de noviembre de 2016.

La defensa hace la solicitud de conformidad con la Regla 29 (c) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, dice un documento entregado al juez de la causa Paul Crotty.

Los sobrinos de Nicolás Maduro, hallados culpables de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, piden que se realice un nuevo juicio según lo estipulado en  la Regla 33, ya que el veredicto fue en contra del peso de las evidencias.

Aseguran que hubo fallas de procedimiento y de prueba y critican que “para el veredicto se haya mantenido las evidencias suministradas por el testigo confidencial del gobierno CS1”.

El documento señala que el testigo CS1, José Santos Peña cometió perjurio y violó las leyes norteamericanas, y el uso de su testimonio constituye una injusticia manifiesta.

De acuerdo a los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas este “es un caso criminal extraordinariamente raro” ya que el juicio de los demandados fue manchado por el perjurio por parte del testigo principal del gobierno y por la expansiva en la investigación subyacente.

Asimismo, señalan que el juicio de Campo y Flores “es un caso de narcóticos raro”, ya que las drogas nunca fueron obtenidas por los investigadores y el único actor del gobierno que vio los presuntos estupefacientes fueron detenidos durante la investigación y posteriormente juzgados por haber mentido al gobierno.

Recuerdan que el testigo José Santos Peña mintió repetidamente frente al jurado. Estos hechos, por sí solos, considerados en el contexto de la Jurisprudencia, requieren que la Corte adopte alguna medida para remediar lo que era claramente un juicio defectuoso, derivado de una investigación desastrosa.

En el momento de las deliberaciones del jurado en este caso, el jurado había estado expuesto a múltiples días de testimonio de un testigo que mostró desprecio absoluto por las leyes de los Estados Unidos y los requisitos básicos del juramento ante la corte de decir la verdad, dicen los abogados.

El documento señala que el Gobierno introdujo las grabaciones hechas por Santos Peña, quien suscitó numerosas interpretaciones de los argumentos de los acusados en las declaraciones en esas grabaciones.

Como tal, los abogados de los sobrinos de Nicolás Maduro criticaron  el impacto de de las declaraciones de CS-1 sobre el pensamiento del jurado, argumentando que los miembros  del mismo se formaron una impresión errónea de los demandados en base al testimonio del testigo, de las grabaciones y de las presuntas pruebas de drogas y muchos otros aspectos cuestionables usados en el juicio.

La defensa asegura que es imposible evaluar hoy en día el alcance total de su influencia del testimonio de Santos Peña sobre el veredicto del jurado.

Concluyen asegurando que el juicio fue manchado por el testimonio de CS-1 y su orquestación de la investigación en formas que son demasiado multifacéticas para ser plenamente discernidas. En consecuencia,  sólo las infracciones de CS-1 requieren que la corte otorgue a los demandados una sentencia de absolución o como mínimo un nuevo juicio.

Acotan que -inclusive- si la Corte pudiera dejar a un lado estos graves asuntos, el Gobierno simplemente falló en cumplir con su carga de la prueba a través de las grabaciones y otras evidencias presentadas en el juicio.

Dicen que un juez no hubiese podido concluir, más allá de toda duda razonable, que los demandados creían que las drogas objeto de la operación en cuestión estaban siendo introducidos en los Estados Unidos.

Aseguran que las grabaciones revelaron de manera concluyente que, incluso en los momentos antes de su detención, los Demandados seguían planteando preguntas a los informantes que evidenciaron un conocimiento y comprensión insuficientes con respecto a este elemento crítico.

Critican a los miembros del jurado, a quienes consideran que no actuaron de manera razonables, cuando emitieron el veredicto de culpabilidad ignorando que el gobierno había fallado en demostrar más allá de la duda razonable que había una conspiración.

La defensa sostiene que la esencia de la nueva moción es dejar claro que si la Corte puede ignorar de alguna manera los problemas de este caso y permitir que  se produzca una convicción que está contaminada de muchas maneras.

Campo Flores y Flores de Freitas sostienen conjuntamente que la Corte no debería aceptar que sean sentenciados, ya que se les negó el requisitos más básico de justicia, tanto durante la investigación subyacente como durante todo su juicio.

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela considera que el juicio quedó muy por debajo de la abrupta carga del Gobierno, por lo cual piden a la Corte conceder la moción para la absolución del juicio o alternativamente,  ordenar un nuevo juicio.

Fuente: El Nacional web/Maibort Petit

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