Publicado el: Mie, Jun 21st, 2017

Ortega Díaz a Bocaranda: “Se está cerrando la última puerta de la democracia que es el Ministerio Público”.

Fiscal: “El Estado puede entenderse como disuelto”

Luisa Ortega Díaz se pronunció la noche de este martes sobre la decisión del TSJ de admitir la solicitud de antejuicio de mérito en su contra y detalló los caso los casos que investiga el MP de los heridos y muertos durante las protestas.

“Esta nueva orden del Tribunal Supremo de Justicia atenta contra la institucionalidad”, expresó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de admitir la solicitud de antejuicio de mérito en su contra; y que ella “va a llegar hasta donde la Constitución se lo permita, pero quizás se está cerrando la última puerta de la democracia que es el Ministerio Público”.

Durante el programa La Cola Feliz, que conduce el Nelson Bocaranda, la autoridad del Poder Moral indicó que desconoce el contenido del texto presentado por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Pedro Carreño, que pidió copia del documento “y nunca fue presentado”.

Aseguró que tampoco conoce la sentencia de la Sala Plena publicada la tarde de hoy. “Solo sé lo que salió en el portal web del TSJ del contenido una supuesta decisión que hoy ha sido pronunciada por magistrados, magistrados cuya designación ha sido cuestionada (…) algunos tienen una parcialidad sospechosa, no hay transparencia”, aclaró.

Recordó que la designación de los actuales magistrados el máximo tribunal del país “está viciada de nulidad” y que “algunos de los magistrados” no posee las credenciales para el cargo” que ocupan, y resaltó que hay una “descomposición del Poder Judicial”.

“Si eso es para la Fiscal General, ¿qué queda para el ciudadano de a pie?”, dijo, y señaló que “hay justicia solo para aquellos casos que amenazan con la estabilidad del oficialismo”.

Resaltó que algunos de los magistrados del TSJ “han sido denunciados por la Comisión de Hechos Punibles y se accionó penalmente contra ellos, yo accioné contra ellos (…) otros han sido condenados por delitos graves”, explicó luego de afirmar que ella viene “haciendo objeciones desde hace mucho tiempo”, no de hace tres meses para acá.

Indicó que ante la actuación del TSJ se “cierne sobre el país un oscuro panorama de destrucción del Estado (…) El Estado puede entenderse como disuelto (…) Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana actualmente”.

“Se anuló el Poder Legislativo, ahora se pretende anular al Poder Moral”, advirtió.

“Yo voy a avanzar hasta donde la legalidad me lo permita. Pero quizás se está cerrando la última puerta de la democracia que es el Ministerio Público”, aclaró, y aseguró estar “preparada” para la posibilidad de un juicio en su contra, así como un posible panorama en el que sea removida de su cargo.

Nuevamente desmintió que hubiera estado presente o firmara la designación de los magistrados del TSJ, “hay pruebas de que no firme y tal reunión no se produjo”, aseveró en cuanto a los documentos que han sido divulgados por el presidente del Poder Moral, Tarek William Saab.

Sobre los muertos durante las protestas de 2017

La fiscal general detalló que desde el Ministerio Público pidieron privativa de libertad para el Guardia Nacional que le pasó la tanqueta por encima al joven Pedro Yammine durante una manifestación en Altamira, pero el ente se negó.

Sobre el caso de Fabián Urbina, quien murió este lunes en Altamira al recibir un disparo en el tórax, precisó que hay tres sargentos de la GN detenidos: sargento primero Raymond Ávila León, sargento segundo Johan Rojas Díaz y el sargento segundo Jesús Alberto Báez Rojas.

“Impunidad es decir que fue el uso desproporcionado de la fuerza, como lo dijo Reverol. Eso fue un homicidio”, recalcó la fiscal general.

Sobre la muerte joven Neomar Lander, la fiscal dijo que “el tamaño del circulo de la franela es del mismo tamaño de una bomba y los restos son de la misma sustancia”, pero que no puede “afirmar nada en el caso,  hasta que tengamos algo concreto”.

Indicó que es casi imposible hablar con un guardia nacional que sirva como testigo.

La titular del Ministerio Público también precisó las cifras de los hechos violentos que han dejado las protestas en los 81 días en el país indicando que “hasta ahora tenemos 74 personas que perdieron la vida”.

Contabilizan 1413 lesionados, de los cuales 1138 son civiles y 275 efectivos de cuerpos de seguridad, 3971 personas procesadas, 532 personas privadas de libertad, 57 acusaciones presentadas y 23 órdenes de captura “que no se han materializado por la muerte de manifestantes”.

“Es grave el caso de violación de derechos humanos en Venezuela. Está desmantelado el Estado de Derecho, estamos en un Estado de terror”, recalcó.

Caso de Leopoldo López

Al ser interrogada por el caso del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, reiteró que el MP actúo con “transparencia”, y que no hay nada que rectificar en ese aspecto, “la sentencia está definitivamente firme”.

Fuente: Tal Cual digital

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