Publicado el: Lun, Nov 9th, 2015

Ortega procura para Nicaragua leyes represoras como las de Venezuela y Cuba

An anti-government protester shouts slogans during a protest against the re-election of President Daniel Ortega in Managua
Daniel Ortega quiere una ley para callar y espiar a los opositores
La medida propuesta al parlamento nicaragüense considera “ilegal cualquier acto que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”

Mientras las turbas sandinistas, en complicidad con la Policía Nacional, agreguen a sus anchas a cuanta manifestación opositora o independiente ocurre en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega busca, mediante la ley, callar a los movimientos sociales y criminalizar la protesta en un país donde muchos ya dicen vivir en dictadura.

Así opinan políticos opositores y representantes de organismos de derechos humanos, desde que el Gobierno envió el mes anterior al parlamento el proyecto Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua.

El exdiputado opositor y jurista José Pallais, dice que de aprobarse esta ley, se pondría en riesgo la independencia de la Fiscalía general de la República, la cual pasaría a ser parte del Sistema Nacional de Seguridad Soberana.

El inciso 3 del artículo 7 de la iniciativa de ley considera riesgos a la seguridad soberana cualquier factor que “genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense”.

Considera como amenazas el espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria y “cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”, además de “actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales (…)”.

La excomandante guerrillera y disidente del sandinismo de Ortega, Mónica Baltodano, considera esta iniciativa como la herramienta idónea para criminalizar a cualquiera que “levante su voz para defender un derecho humano”.

En riesgo la libertad sindical

Ello pone en riesgo el derecho al trabajo, a la libertad sindical, a la consulta y la movilización ciudadana. Sería un retroceso de Nicaragua en materia de legislación y validaría el espionaje interno contra adversarios.

Más preciso es el diputado liberal Luis Callejas, quien cree que esta es un anillo al dedo para que el gobierno impida las marchas contra el canal interoceánico, de partidos políticos y de movimientos juveniles que cada miércoles demandan elecciones transparentes el próximo año.

El proyecto de ley cobró vida al momento que una comunidad entera en el occidente de Nicaragua, se enfrentaba a la policía que les impedía manifestarse por sus derechos contra una empresa minera canadiense.

Así mismo, mientras miles de campesinos, organismos de la sociedad civil y partidos políticos preparaban una marcha nacional en Managua, la capital, contra el proyecto de canal interoceánico que aún no arranca, pero que la discrecionalidad con la cual es manejada hace temer por el ambiente y el futuro de las familias donde pasaría la ruta.

A la Conferencia Episcopal de Nicaragua también le ha inquietado el proyecto de Ley de Seguridad Soberana, por la supuesta discrecionalidad que otorgaría al Ejecutivo en la materia.

“La vamos a analizar. Nosotros tenemos la reunión ordinaria cada año en noviembre, y ahí los obispos analizaremos un poquito”, dijo el cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, a periodistas.

El proyecto considera “amenazas a la seguridad soberana cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones”, así como la expansión de cualquier otro país sobre territorio nicaragüense, la delincuencia organizada trasnacional e ilícitos conexos, el ingreso y expansión de pandillas o maras, el terrorismo internacional y todo acto de financiación de organizaciones terroristas.

En estos últimos años Nicaragua enfrenta litigios limítrofes con Costa Rica y Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero en el caso del primer país, éste ni siquiera tiene ejército.

Además incluye como amenaza el genocidio, el espionaje, el sabotaje, la rebelión, la traición a la patria, la injerencia extranjera, los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación y de la navegación marítima, así como los ataques a la seguridad cibernética y a la infraestructura nacional.

Asimismo, acciones severas de impacto ambiental, catástrofes y “cualquier otro acto, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad”.

Cualquiera estará amenazado

Las acciones estarán bajo “observancia” del Sistema Nacional de Seguridad Soberana, compuesto por ocho instituciones que están bajo el Poder Ejecutivo, entre ellas el Ejército, la Policía y la Procuraduría.

Este aspecto incomoda a opositores y promotores de derechos humanos, al considerar que habrá un espionaje contra quienes no comulguen con el Gobierno, por lo tanto han rechazado el proyecto bajo el argumento de que permitirá al Ejecutivo interpretar cualquier acción como un atentado.

El diputado liberal Luis Callejas cree que esta ley es un anillo al dedo para que el Gobierno
impida marchas contra el canal y quienes demandan elecciones transparentes. (EFE)

Una ley es un instrumento de vigencia de mediano y largo plazo, y responde a las necesidades del país, frente a una situación real del país, un problema global, de amenaza del crimen organizado, transnacional. (Es) la responsabilidad del Estado de crear los mecanismos internos para preservar el orden del país, eso es totalmente válido”, manifestó Francisco Bautista, exsubdirector de la Policía Nacional, al diario La Prensa.

Las turbas sandinistas en acción

Mientras el Gobierno pretende castigar con ley las protestas populares, según la oposición, el sandinismo a través de sus turbas y la policía misma, agreden a quienes se manifiestan contra lo que atenta por sus derechos.

Así ocurrió en la reciente manifestación del 27 de octubre de miles de campesinos contra el canal. Al finalizar la protesta, una turba, en complicidad de la Policía, agredió al joven Darwin Jirón con un bate de béisbol.

Producto de la agresión el joven fue enviado a un hospital, pero su escena es una de tantas con las cuales el gobierno intenta amedrentar a la población para que no salga a las calles a manifestar su descontento.

Obstáculos a las marchas anticanal

En cada una de las marchas anticanal, el sandinismo ha puesto múltiples obstáculos desde negación de permisos a vehículos que transportan a los campesinos, hasta tranques policiales en carretera.

Pistoleros infiltrados en las marchas opositoras

También ha infiltrado en pistoleros en protestas opositoras, convoca a contra marchas y obstaculiza el paso de quienes se manifiestan a pie.

Pallais encontró que este proyecto de ley manda a la Fiscalía a supeditarse al poder militar, a través de su inclusión en el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, el cual estará bajo el mando del Ejército y el Gobierno.

Según el jurista, ello significaría más ruptura del estado de derecho al perder este órgano judicial su independencia y se convertiría en un elemento de represión al funcionar junto al órgano de inteligencia.

El Sistema Nacional de Seguridad Soberana, contemplada en el proyecto de ley, estará integrado por la Policía, el Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres, la Procuraduría General de la República, los Ministerios de Estado que tienen competencia en la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Servicios Aduaneros, la Unidad de Análisis Financiero, la Superintendencia de bancos y otras Instituciones Financieras.

Diario Las Américas

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