Published On: vie, Sep 28th, 2018

Parlamento canadiense pide retirar ciudadanía honoraria a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, por complicidad en represión contra los rohinyá

El Parlamento canadiense pide retirar la ciudadanía honoraria a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi

La medida denuncia la complicidad de la ganadora del premio en la represión contra los rohinyá.

El Parlamento de Canadá ha votado este jueves, por unanimidad, la anulación del título de ciudadana honoraria a Aung San Suu Kyi, la líder de facto de la antigua Birmania. El silencio de la Nobel de la Paz de 1991 por la persecución militar de su país, Myanmar, a los rohinyá ha sido considerado por los legisladores canadienses como una muestra de complicidad, razón suficiente, a su juicio, para privarla de esta distinción concedida en 2007.

Cientos de miles de personas pertenecientes a esta minoría musulmana se han visto obligados a huir a Bangladesh desde agosto del año pasado tras el “genocidio” al que, según Naciones Unidas, han sido sometidos por parte del Ejército de Myanmar. El 20 de septiembre, el Parlamento canadiense había mostrado de forma unánime el apoyo a un duro informe de la ONU sobre esta cuestión y había solicitado, de igual manera, a la Corte Penal Internacional que investigase y sancionase a los cuadros militares responsables de esta persecución. El título de ciudadanía es simbólico y no otorga a sus titulares derecho alguno. Hasta el momento solo lo ha recibido un reducidísimo grupo de personas, entre ellos Nelson Mandela, el Dalai Lama y Malala Yousafzai.

El Gobierno canadiense, comandado por Justin Trudeau, ha recibido en los últimos tiempos un buen número de peticiones para cancelar la ciudadanía de honor a Suu Kyi. “Un canadiense es un canadiense. No la anularemos”, respondió Chrystia Freeland, la canciller del país norteamericano, hace justo un año, en plena proliferación de voces críticas. Pero con el paso de los meses, el Ejecutivo ha dado su brazo a torcer, y 24 horas antes de la votación parlamentaria, Trudeau dejó entrever. “Creo que este es un tema que el Parlamento puede ciertamente analizar”, dijo en Nueva York, donde participaba en la reunión anual de Naciones Unidas. La retirada de la condecoración no será, sin embargo, inmediata: el Gobierno tendrá que poner ahora en marcha toda la maquinaria institucional para hacer cumplir el mandato de la Cámara Baja.

Gabriel Ste-Marie, diputado del Bloque Quebequés, fue quien presentó la propuesta, que recabó el apoyo tanto de sus compañeros de partido como de liberales, conservadores y neodemócratas. Ya de regreso en Ottawa, Trudeau subrayó este jueves que el hecho de que Suu Kyi “tenga o no la ciudadanía, es algo que no ayuda a los rohinyá en grado alguno”. “Estamos enfocados”, agregó, “en apoyar a estas personas que sufren en su suelo o como refugiados”. Por su parte, la oficina de la ministra Freeland informó a través de un comunicado que Canadá seguirá brindando ayuda humanitaria, imponiendo sanciones contra algunos generales y exigiendo que los responsables de los hechos rindan cuentas ante un tribunal internacional. En mayo de este año, Canadá autorizó un monto de 230 millones de dólares, repartidos en tres años, para apoyar a los rohinyá.

Trudeau se ha reunido en dos ocasiones con Suu Kyi: en Canadá en septiembre de 2017 y en Vietnam unas semanas después, en el marco de la visita de Trudeau al foro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El primer ministro le pidió intervenir en la crisis y su silencio molestó enormemente en Ottawa. A principios de septiembre de este año, Freeland reprobó la condena a dos periodistas de la agencia Reuters detenidos por las autoridades de Myanmar cuando investigaban sobre la situación de los rohinyá. Suu Kyi consideró que la sentencia no era un asunto relacionado con la libertad de expresión, sino una violación de secretos oficiales. El informe de las Naciones Unidas y el apoyo que recibió el documento por parte de los parlamentarios canadienses aumentaron la tensión. Hoy, la Nobel de la Paz está a un paso de perder el título concedido por el Estado canadiense.

Fuente: El País

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