Published On: vie, Abr 20th, 2018

Petro(des)información Editorial El Nacional 20-04-18

Petro(des)información

Si un turista curioso preguntase a un limpiabotas de Bogotá por el precio del café, el interrogado seguramente se explayaría explicando la diferencia entre un quintal de café pergamino y uno de café cereza, pues sus pesos difieren y ninguno de los dos representa el estándar convenido de 100 libras; y, de tratarse de un saco, le dirá que la cosa cambia, pues se da por sentado que se trata de 60 kilogramos netos o 132,27 libras GBE. Si inquiere sobre el significado de las siglas, se enterará que corresponden a Green Bean Equivalent.

Si ese viajero visitase Caracas y en uno de los poquísimos cafés con mesas al aire libre que van quedando en la ciudad se le ocurriese interrogar a un ciudadano que lee el periódico sobre cuál es el precio del petróleo venezolano en los mercados internacionales, lo más probable es que reciba por respuesta un rotundo “no tengo la menor idea”, a pesar de que algunos medios, incluso el mismo diario que está leyendo el interpelado, registren las subas y bajas del crudo cuando son significativas.

Y es que, de entrada, buena parte de los habitantes de este pobre país rico desconoce desde cuántos litros tiene un barril de petróleo hasta cuáles son nuestros principales compradores. Y no es culpa suya, sino de un gobierno adicto al secretismo, cuyos órganos de difusión son especialistas en desinformar mediante la manipulación, ocultamiento y maquillaje de cifras y el alcance de las políticas relacionadas con la industria de hidrocarburos.

Por eso, es mucho lo que ignoramos del tema de mayor interés nacional y ello explica que, salvo contadas excepciones, pocos medios hayan analizado las consecuencias del decreto número 44 del 12 de abril de 2018, dictado en el marco de una “emergencia económica” que constitucionalmente solo podía durar 120 días –Artículo 333 de la carta magna– y ya tiene más de 2 años de ilícita vigencia.

No es este espacio para una rigurosa autopsia de los mandatos del ucase, que son varios e inquietantes. Nos limitaremos a señalar que, entre otras discutibles disposiciones, se eliminan licitaciones y concursos para el otorgamiento de contratos con la estatal petrolera, y se delega en la alta gerencia la negociación directa con proveedores privados.

Es obvio que semejante decisión allana el camino al cobro de comisiones en la adquisición de insumos, el flete de embarcaciones, la contratación de servicios de exploración y perforación y una larga lista de actividades que, gracias precisamente a la desinformación aludida, resultan difíciles de enumerar.

Hay quienes afirman que mediante el bando presidencial en cuestión se está liquidando y no reorganizando a Pdvsa, pues el artículo 3° autoriza al ministro de Petróleo la creación y eliminación de empresas del sector, así como de sus órganos de dirección, administración y gestión.

¿Exageran los que así piensan? Quizás no, porque con los rojos nunca se sabe. Y como sostiene José Ignacio Hernández en el portal Prodavinci, el decreto reincide en prácticas que propiciaron la dramática caída de la producción, particularmente las referentes al control político de las operadoras. Más que alarmante, perturbador. ¿O no?

Fuente: El Nacional web

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