También contempla el poder de decretar normativas excepcionales para autorizarerogaciones con cargo al Tesoro Nacional u otras fuentes de financiamiento que no estén previstos en la Ley de Presupuesto.

De igual manera, el Ejecutivo podrá suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país.

Entre los considerandos, del mismo modo hace referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declara la “invalidez, inexistencia e ineficacia” de todos los actos de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el artículo 7 estipula que el Ejecutivo remitirá el decreto al Parlamento de conformidad con la Constitución.

Es la cuarta vez que el Gobierno extiende el decreto desde el 14 de enero de 2016.

Fuente: Efecto Cocuyo