Published On: vie, Nov 2nd, 2018

Por delito de rebelión,Fiscalía de España solicita penas de hasta 17 años para exconsellers y líderes independentistas de Cataluña

Fiscalía española acusa de rebelión a líderes independentistas catalanes

El ministerio público español solicitó penas de hasta 16 años para los exconsellers y 17 para los líderes de las organizaciones sociales independentistas de Cataluña.

La Fiscalía española pidió hoy 25 años de prisión para el ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras y entre 16 y 17 años para otros ocho procesados por el referéndum independentista celebrado en la región en octubre de 2017.

El ministerio público considera que todos ellos cometieron un delito de rebelión, uno de los más graves del código penal español. En total, hay 18 acusados por el proceso independentista. A los otros nueve la Fiscalía los acusa de malversación o desobediencia grave.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el “procés” y le pide una pena de 11 años de cárcel, con el argumento que fue una “pieza clave” para “llevar a cabo el plan secesionista” catalán.

El ministerio público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.

En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien pide 4 años de prisión.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”.

Lo hicieron, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como “mandos subalternos”, lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.

En el caso de Laplana consideran que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad -lo que comportaría penas de hasta 15 años- sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años. Además de 4 años de prisión, a la intendente le piden 5 años de inhabilitación para ser mosso d’esquadra.

En el escrito de acusación, los fiscales les responsabilizan de haber consentido la celebración del 1-O y también de no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017. Mientras que a Trapero, Soler y Puig les imputan los dos hechos, a Laplana solo le atribuyen responsabilidad en el asedio a la Conselleria.

Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 “una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia”.

Fuente: DW

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