Publicado el: Lun, Nov 20th, 2017

Proyectos de sustitución de cultivos ilícitos: ¿se están quedando en el papel?

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, entregó un balance sobre los avances en la implementación de los programas y medidas contemplados en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz que tienen como fin dar una solución al problema de las drogas ilícitas.

El Espectador/Marcela Osorio Granados / @marcelaosorio24

Si bien la estrategia de erradicación forzada que se encomendó a la Fuerza Pública para acabar con por lo menos 50.000 hectáreas de cultivos de coca (de las 100.000 sembradas en todo el país), ha sido presentada por el Gobierno como exitosa, dicha efectividad ha sido varias veces cuestionada desde diferentes sectores de la opinión pública que argumentan que no solo existen dinámicas de resiembra que no han sido consideradas, sino que además se trata de operaciones que generan altos costos y que han ocasionado múltiples conflictos con comunidades y pobladores que, en muchos casos, han sido tratados como enemigos.

Esa es una de las principales conclusiones que arroja el balance sobre la implementación de la política de sustitución de cultivos de coca, elaborado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz, que analiza los avances del punto 4 del Acuerdo Final de Paz suscrito entre Gobierno y Farc, denominado “solución al problema de las drogas ilícitas”. Señala el documento, por ejemplo, que si bien es cierto que lo acordado en La Habana tiene puntos específicos que merecen ser debatidos, también es una realidad que abrió una ventana de oportunidad para buscar respuestas innovadoras en todas las dimensiones del problema.

“En los pocos meses de implementación encontramos que en todas las regiones en las cuales las Farc tenían influencia y conexión con las economías cocaleras hoy hay un verdadero tsunami social buscando caminos de reconversión en economías legales. Y ese tsunami abarca también muchas otras zonas en las cuales no era importante la presencia de las Farc”, detalla el informe al explicar, además, que en los territorios se ha dado una recomposición violenta de los negocios ilegales y que es “evidente la confrontación entre la oferta veloz del narcotráfico para darle continuidad al flujo de cocaína y la lenta iniciativa desde la sociedad y el Estado que debería mostrar que desde la legalidad pueden ser mayores los horizontes de bienestar”

En dichas regiones, de acuerdo con Indepaz, hay actualmente una redefinición económica, social y de seguridad que concluirá en pocos meses y que dependerá en buena medida de la respuesta del Estado y las soluciones de fondo que se planteen a través de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

De ahí que para Indepaz sea un factor de preocupación el hecho de que la implementación de los acuerdos en materia rural y de política antidroga comenzará, según su análisis, con el pie equivocado. Una afirmación que sustentan al señalar que el Gobierno subordinó todos sus componentes a una estrategia militar y policial de control territorial. “La lógica de la estrategia parece ser entrar a controlar territorios cocaleros, laboratorios o rutas en donde antes era difícil por la protección armada de las Farc y neutralizar la llegada directa o fortalecimiento de agentes del narcotráfico, grupos armados organizados o bandas asociadas. Hacia ese objetivo de control territorial se orientaron 65.000 efectivos de la fuerza pública. Simultáneamente con esa operación se puso en marcha la ofensiva de erradicación forzada mediante ocupación de predios y cultivos por el Ejército y la Policía Antinarcóticos”, explica el documento.

Y aunque con la ocupación militar también comenzó la puesta en marcha del denominado Plan de Atención Inmediata (PAI), como fase preparatoria de los Planes Integrales de Sustitución, el problema estuvo en la respuesta estatal.

Hay acuerdos pero no recursos

De acuerdo con cifras recopiladas por Indepaz, en solo seis meses se lograron pactos colectivos y locales con 115.000 familias que buscaban una reconversión a economías legales y cuyas demandas excedieron la capacidad del Gobierno: “El tsunami a favor de los pactos voluntarios desbordó al gobierno y puso en evidencia la falta de recursos y la descoordinación interinstitucional con los Ministerios de Hacienda y Agricultura y las Agencias sucesoras del Incoder. Inicialmente se habló de llegar a 50.000 hectáreas sustituidas al 15 de noviembre de 2017 y en octubre ante a lentitud del programa se cambió la fecha para mayo de 2018. Los problemas no se han mostrado sólo en las metas sino en la desconexión de los Pactos de Sustitución Voluntaria concretados en Planes de Acción Inmediata con el conjunto de la política de reforma rural integral, los planes de desarrollo con enfoque territorial y los Planes Integrales de Sustitución (PNIS)”.

En el balance Indepaz señala que las cuentas del Gobierno para cubrir lo prometido, no cuadran. Sólo para atender a las 100.000 familias que están cubiertas por los acuerdos firmados y a las otras 100.000 que están a la espera de ser incluidas, el PAI tendría un valor de $24 billones, de los cuales $12 billones corresponderían a los aportes por familia y la otra mitad a las inversiones complementarias. “La sola cifra muestra la dificultad de un programa semejante para ser ejecutado antes de terminar el actual gobierno. Pero los problemas del esquema son aún más evidentes cuando se tiene el compromiso de poner en marcha de inmediato decenas de miles de proyectos productivos de ciclo corto, cortísimo o largo plazo”, explica el texto.

Eso se traduce, en últimas, en que aunque es probable que se logre la meta de 50.000 familias acogidas a algún acuerdo de sustitución voluntaria para mediados de 2018, serán muy pocos los beneficiados que habrán iniciado proyectos productivos de ciclo corto: “ En esas condiciones las familias utilizarán el apoyo para pago de deudas y gastos urgentes y un porcentaje importante de ellas seguirá vendiendo coca o pasta básica acumulada y resembrando monte adentro”, concluye el documento insistiendo en que la única forma de que dichos pactos tengan futuro es si se redefinen las metas y se retoman los supuestos del Acuerdo Final que “hace depender el éxito de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo de programas mayores de reforma rural y de opciones inmediatas y a mediano y largo plazo para las poblaciones atrapadas hoy en las redes de producción de insumos para el narcotráfico”.

Fuerza Pública vs. comunidades

A eso se suma, según Indepaz, que la estrategia de erradicación forzada generó una nueva guerra del Estado contra las comunidades. Por ejemplo, según el informe del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos e Indepaz, de las 147 veredas en las que se realizaron operaciones de erradicación forzada entre enero y septiembre de 2017, en 107 hubo protestas de campesinos o intentos de las comunidades por bloquear la erradicación, y en 49 casos la situación terminó en enfrentamientos violentos con cocaleros y acciones de represión por parte de la Fuerza Pública.

Con un componente adicional, el 30% de los cultivos en los que se realizó erradicación forzada, hacían parte de pactos de sustitución voluntaria. “El Ejército y la Policía que son los encargados de llegar con el garrote a las comunidades, en lugar de ser la avanzada de la paz y de la llegada del Estado Social a zonas que han sido azotadas por la guerra, se presentan como la nueva amenaza y los encargados de una nueva ola de desplazamiento masivo y criminalización a gente pobre”, refiere el texto al recordar los hechos sucedidos el pasado 5 de octubre en la vereda El Tandil, de Tumaco (Nariño) donde fueron asesinados siete campesinos en hechos confusos que involucraron a la Policía.

El balance sugiere que lo sucedido en Tumaco puso sobre la mesa la necesidad de realizar una profunda caracterización de las comunidades cocaleras y las zonas específicas que han sido declaradas objeto de erradicación forzosa, sobre todo porque la justificación en estos casos ha sido que las acciones militares están dirigidas a atacar grandes cultivos y redes de narcotraficantes.

Aun así, para Indepaz es imposible sostener “que las 42.000 hectáreas que aparecen como erradicadas entre enero y octubre de 2017 sean cultivos industriales o que correspondan a cultivos con más de 3,8 hectáreas que es la cifra a partir de la cual algunos entes del Estado dicen que dejan de ser de pequeños productores para pasar a ser inversiones directas de narcotraficantes. Es más probable la hipótesis de que la inmensa mayoría de la coca erradicada era de cultivadores pobres que ahora deambulan por esos territorios intentando sobrevivir”.

En el análisis de los diferentes hechos en lo que se han presentado enfrentamientos entre comunidades y Fuerza Pública, Indepaz encontró que la mayoría de dichas manifestaciones surgieron de forma espontánea y solo en casos especiales tuvo peso la presión de grupos ilegales presentes en la zona.

En cualquier caso, los procesos de erradicación tienen altos costos sociales y políticos: “para la población es la continuidad de la guerra y la desgracia en el pos acuerdo y para la fuerza pública es ser llevada a la ingrata tarea de una represión inútil. Por cada 100.000 hectáreas erradicadas forzadamente, muchas de ellas apenas soqueadas o parcialmente dañadas, se pronostica una resiembra de 50.000 hectáreas. La desconfianza de la población con el Estado se hace mayor y en cambio las mafias narcotraficantes y narcoparamilitares encuentran un terreno abonado para llegar con ofertas de pagos inmediatos y de recomposición del negocio bajo otros términos”.

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