Publicado el: Vie, Mar 4th, 2016

Quiebre del orden constitucional

TSJ
FERNANDO FACCHIN B.

Estamos ante un golpe de estado judicial contra un poder legítimo y legal, electo por el voto popular y cuyas competencias son exclusivas y excluyentes conforme a la Carta Magna
El país en manos del “Cartel de las Togas”. El tiempo del madurismo es efímero, pero sus ruinas serán eternas.

¿Puede un TSJ coyuntural, no representativo de la voluntad popular y sumiso a Miraflores, “quebrar” el orden constitucional y violar la voluntad popular que eligió la AN? ¡Pues no!; eso está sucediendo con las decisiones recién dictadas; aberrantes e inconstitucionales sentencias aprobadas con la señal de costumbre por sedicentes “juristas”.
La SC/TSJ “determinó que la AN no está facultada para revisar o anular las designaciones de magistrados del máximo juzgado del país y menos cambiar su correlación de fuerzas.” Eso es autodefensa de los magistrados con una celeridad no propia de la sala, no permitir la revisión de su selección y designaciones como lo prevé la CRBV.

Se exonera de sus obligaciones ante el país a las autoridades administrativas, dándole carácter de “legalidad y legitimidad” a la corrupción, con una difusa y extensa sentencia contraria a los fundamentos del estado de derecho, anteriormente el diputado cabello había dado una orden al TSJ al decir: “… los intentos de la oposición para acortar el periodo de Maduro están condenados al fracaso. No tenemos ninguna duda que de cara a lo que viene ninguna iniciativa tendrá éxito.”; en consecuencia estamos ante un golpe de estado judicial contra un poder legítimo y legal, electo por el voto popular y cuyas competencias son exclusivas y excluyentes conforme a la Carta Magna,no sometidas a los nefastos caprichos judiciales.
Nos encontramos, pues, ante la anómala situación jurídico/política de una reforma constitucional encubierta, ejecutada mediante un fraude a la ley que quiebra frontalmente la legalidad constitucional, ignorando, exprofeso, la existencia del orden público constitucional; se ha derruido la estructura del edificio constitucional, tanto en su parte orgánica como en la dogmática. Esto es, no sólo se modifican sus bases fundamentales, sino que también se alteraran los principios, valores y derechos constitucionales esenciales para la pervivencia del ordenamiento jurídico, la “puntilla” que faltaba para el quiebre absoluto de la constitucionalidad.
Al pueblo no se le reconoce el derecho a su autodeterminación frente a la clase política dominante, la más violentamente destructiva de nuestra historia, la que ha corrompido y arruinado la institucionalidad, desde la justicia hasta las fuerzas armadas, convirtiéndonos en un “estado de desecho”.

El orden jurídico constitucional, trastorna al Presidente y sus carteles en su proyecto absolutista, por ello se pervierte la división de los poderes. El país reclama ya, una nueva composición política, honesta y eficiente.

Las instituciones fundamentales deben estar sometidas al imperio de la ley, sin que puedan situarse por encima del constitucional. Hay un proceso de envilecimiento político de la justicia. El país en manos del “Cartel de las Togas”. El tiempo del madurismo es efímero, pero sus ruinas serán eternas. Pío Gil decía: “Es necesario que nazca un Dante para que pueda narrar la historia infernal y lúgubre del acontecer político nacional”.

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