Publicado el: Mie, Mar 30th, 2016

Shiera, Rafael Isea y otros: desfalcos multimillonarios del chavismo (Parte II)

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Como la lista de desfalcos a la Nación es tan larga y sorprendente, incluso teatral como la mostrara el diputado Julio Montoya en la Asamblea Nacional, Clímax hace entrega de la segunda parte de esta investigación. ¿En dónde están los pingües ingresos petroleros durante los 17 años del chavismo? Lo que se sabe es que muchos millones están manchados de corrupción.

El diputado opositor Julio Montoya, recientemente, mostró en la Asamblea Nacional (AN) una lista inmensa de casos de irregularidades administrativas, promesas incumplidas, gastos millonarios por proyectos inexistentes, usos del poder para obtener beneficios personales. En realidad, es muy difícil conocer todo el dinero que se ha malgastado durante 17 años de Gobierno. Pero se pueden ofrecer algunas luces: en la entrega anterior, Los desfalcos multimillonarios de la era chavista (Parte I), en apenas seis hechos se sumaban 43.000 millones de dólares perdidos o utilizados con ineficiencia. En esta ocasión, se presentan seis casos más, con un total de 1.612 millones de dólares, 9 millones de euros y 384,47 millones de bolívares desviados o manchados por la corrupción.

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La cifra

84,91 millones de dólares

Los señalados

-Pablo José González Hernández, exgerente ejecutivo encargado de Fondos para el Desarrollo del Fondo Conjunto Chino Venezolano

-María de los Ángeles González, exgerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos de Banco de Desarrollo Económico y Social

-César Rafael Cortissoz Ospino, excoordinador legal del Fondo Chino

-María Gabriela Dona García, exanalista de Coordinación Legal del Fondo Chino

-Ángel Daniel Dávila Briceño, exanalista operacional del Fondo Chino

-Javier Elías Briceño Scott, exgerente de operaciones del Fondo Chino

-Javier Fernando González González, exanalista del Fondo Chino

-Hugo Rigel Hersen Martín, exasistente de la Gerencia de Operaciones del Fondo Chino

-María Gabriela Dona García, exanalista de la Coordinación Legal del fondo

-Dubravka Dojc, directora general adjunta de la empresa Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial

-César Augusto Romero, director general de Cámara Venezolana de Empresarios e Industriales del Mercosur (Cavemin).

-Lea Dojc, hija de Dubravka Dojc

-Roberto Pfeffer Almeida, administrador de Cavemin

-Dan Dojc, uno de los representantes legales de Cavemin en Suiza

El caso

A finales de 2012, Alfredo Ricardo Miranda, expresidente de la CVA Compañía de Mecanizado Agrícola y Transporte Pedro Camejo, envió un informe al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en el que solicitaba información sobre dos desembolsos irregulares a nombre de esa empresa estatal. Hugo Carvajal, que en ese entonces era viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal y que ahora es diputado en la Asamblea Nacional —también fue vinculado con el narcotráfico hace dos años—, comenzó las averiguaciones.

En 2013, cuando Maduro anunciaba una lucha feroz contra la corrupción, se dieron los primeros resultados: fueron acusados cuatro representantes de la empresa Cavemin —Dubravka Dojc, Lea Dojc, César Augusto Romero y Roberto Pfeffer— y también cinco trabajadores del Fondo Chino —Pablo González, César Rafael Cortissoz, Javier Fernando González, Ángel Daniel Dávila Briceño y María Gabriela Dona García, a quien se le ordenó arresto domiciliario pues estaba embarazada. Ese mismo año el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvieron a María de los Ángeles González por otro caso: recibió sobornos por 5 millones de dólares a cambio de beneficiar a corredores de bolsa de Estados Unidos para realizar trámites fraudulentos con bonos. El dos de julio de 2014, fue detenido en México Javier Elías Briceño Scott; justo por esas fechas, las autoridades costarricenses informaron sobre el paradero de Dan Dojc, y las españolas sobre el de Hugo Rigel Hersen.

¿Y qué fue lo que pasó? Como señala el expediente 2014-296 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) —en el que se decide la extradición de Hugo Rigel Hensen—, se hicieron dos desembolsos provenientes del Fondo Chino Venezolano: uno por 62,82 millones de dólares, que se destinó en junio de 2012 a la empresa Bismarck Consorcio Trading Corp.; y el otro por 22,09 millones de dólares, dirigido a la compañía Kelora S.A. en septiembre de 2012. De acuerdo con la investigación, los trabajadores del Fondo Chino dejaron pasar documentos fraudulentos. Hicieron creer que los dos contratos estaban en orden y que el dinero se utilizaría para adquirir 950 tractores del total de 3.422 maquinarias y equipos para el Plan Bienal de Producción de Alimentos 2011-2012, a cargo de la CVA Pedro Camejo. En realidad, no fue así.

Para ese proyecto, la empresa estatal firmó 54 contratos con compañías de Bielorrusia, Argentina y Brasil. Ni Bismarck ni Kelora formaban parte de la lista de empresas. A eso se suma que, de acuerdo con el expediente 2014-438 del TSJ, la persona jurídica beneficiaria del dinero recibido por Kelora era Cavemin, con sucursales en Suiza, Costa Rica y Venezuela, y con Dragan Dojc, Dubravka Dojc y César Augusto Romero como representantes. También se mencionó a Dan Dojc —identificado como uno de los representantes legales de la empresa— y Roberto Pfeffer como responsables por la falsificación de los contratos que llevarían a obtener las sumas millonarias.

Una investigación publicada en 2015 en el portal Armando.info, denominada Costa Rica no le confía ni un presunto estafador a Venezuela, señala que Dan Dojc fue localizado en 2014 y que el Gobierno venezolano solicitó de inmediato su extradición. El Tribunal Penal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José, indica el texto periodístico, aprobó el procedimiento en marzo de 2015, pero después de que la esposa de Dojc introdujera un recurso de Habeas Corpus, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese país negó la autorización. ¿La razón? No había pruebas suficientes que vincularan al acusado con el caso; además, se determinó que las fallas del sistema judicial venezolano no garantizaban un proceso justo. Por eso, aún quedan cabos sueltos. Y, de todos modos, el país se quedó sin tractores y con menos dinero.

Vea Artículo completo en el elestímulo.com

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