Publicado el: Vie, Sep 25th, 2015

Suspenden imputaciones de cargos contra cúpula de las FARC

Fiscal General ordenó suspender todas la imputaciones de cargos contra la cúpula de las Farc
Esto debido al nuevo modelo de justicia transicional que se acordó este miércoles en la Habana (Cuba). “No habrá indultos para responsables de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett anunció que ordenó la suspensión inmediatas de la imputación de cargos en contra de los miembros del Secretariado de las Farc, esto mientras se adelanta el ajuste de la metodología frente al modelo de justicia transicional firmado en La Habana (Cuba) entre los negociadores del Gobierno y dicho grupo guerrillero en el marco de las negociaciones del proceso de paz.

El jefe del ente investigador aseguró que el modelo firmado de justicia transicional es muy diferente al sistema penal acusatorio, hecho que obliga a la Fiscalía a impartir el mismo en el modelo de investigación y juzgamiento para la cúpula de las Farc por violaciones a los derechos humanos. “Pese a que la Fiscalía sigue siendo el eje central de las investigaciones, se abre la posibilidad de una nueva jurisdicción, como acudir a otras fuentes de investigación en la violación de los derechos humanos”.

En esta nueva etapa la Fiscalía General tendrá que presentar informes ante la jurisdicción y el tribunal que se creará para la aplicación de esta nueva metodología de investigación. Se presentará un documento de contexto frente a las más graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las Farc durante el conflicto armado, como el tema de violaciones al DIH, secuestro, reclutamiento de menores, violencia de género, entre otros.

“En este informe la Fiscalía General no hará imputaciones ni acusaciones, ni a los miembros de las Farc ni a sus dirigentes sino que se limitará a presentar un informe descriptivo con las pruebas con las que cuenta por las violaciones a los derechos humanos por parte de la cúpula de las Farc y por todos los miembros de la insurgencia colombiana”, explicó Montealegre al señalar que no se calificará si es un delito de lesa humanidad, crimen de guerra u otro, esto lo hará el Tribunal Especial.

El mismo acudirá a otras fuentes distintas a la Fiscalía General y podrá recibir información recolectada por la Procuraduría General, investigaciones históricas e incluso se abre la posibilidad para que las víctimas del conflicto armado presenten sus propias acusaciones. “El hecho de suspender las imputaciones y las acusaciones no significas que se paralizarán los procesos, bajo ninguna circunstancia se suspenderán las investigaciones”.

Actualmente la Fiscalía investiga más de 38 mil hechos cometidos por las Farc durante el conflicto armado colombiano relacionados con la violación a los derechos humanos, reclutamiento de menores, violencia de género, secuestro, entre otros. Pero además hay una cifra adicional de 50 mil casos entre los que se encuentran el desplazamiento forzado durante el conflicto. “Estamos hablando de una cifra que podría ascender a 100 mil graves violaciones a los derechos humanos”.

El ente investigador tiene activos 11.269 procesos contra las Farc, y dentro de estos se investigan más de 16 miembros de dicho grupo armado subversivo. “El modelo de justicia transicional va a tener en cuenta las personas que han sido condenadas”, precisa el Fiscal General sobre el hecho que han sido emitidas 1.858 condenas contra sus integrantes.

“No habrán indultos para delitos de lesa humanidad”

El jefe del ente acusador reiteró que el acuerdo firmado en la tarde de este miércoles en La Habana (Cuba) se dejó en firme que no se emitirán ni indultos ni amnistías para aquellos responsables crímenes de lesa humanidad. Este beneficio jurídico solamente se aplicarán al delito de rebelión y conexos “excluyendo los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional”.

“Si quisiéramos dar una cifra de los delitos que serían amnistiados o indultados podríamos decir que serían más de 15 mil miembros de las Farc en Colombia”, explicó en rueda de prensa el Fiscal General al indicar que de los ya condenados podrían ser amnistiados o indultados más de 1.689 miembros de este grupo armado ilegales.

“Las obligaciones de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional es cumplir con el deber de investigar, juzgar y sancionar las más graves violaciones a los derechos humanos”, explicó al considerar que el modelo de justicia transicional establece una obligación de adelantar las pesquisas. El Tribunal estará conformado por magistrados colombianos y extranjeros “como sucedió en la Antigua Yugoslavia” que emitirán medidas restrictivas de la libertad.

Aseguró que el pacto firmado en La Habana implica que existirán sanciones restrictivas efectivas de la libertad. En este sentido indicó que el desarrollo que haga posteriormente el Congreso deberá establecer estas penas a la restricción del movimiento como “obligación de permanecer en ciertas zonas del territorio nacional” por lo que “las Farc no tendrán una posibilidad de libertad de movimiento”.

Los otros actores del conflicto

Montealegre Lynett llamó la atención frente al hecho que en este modelo de justicia transicional serán incluidos otros actores del conflicto armado interno como militares, miembros de la Fuerza Pública “que no son propiamente combatientes” así como el ELN. Hizo énfasis en que las bandas criminales no son protagonistas del mismo.

Señaló que el Congreso de la República será el encargado de determinar el futuro de los guerrilleros que se encuentran actualmente privados de su libertad pagando penas. “Lo lógico es que si estamos en el proceso de justicia transicional y entran en el marco del nuevo modelo e justicia la paz hay posibilidades que recuperen su libertad si se trata de rebelión y conexos”.

“Con la sola amnistía y el indulto por delitos de rebelión y conexos podrían quedar en libertad gran parte de los presos políticos en Colombia”, explicó al hacer la salvedad si el Congreso establezca causales de libertad especiales mientras se adelanta la justicia transicional. “La Constitución y tratados internacionales no prohíben que el narcotráfico sea considerado conexo con delitos políticos”.

El Espectador

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