Publicado el: Sab, Abr 1st, 2017

Tribunal Supremo de Justicia no ha dado marcha atrás en su golpe al Parlamento

TSJ june
Por Juan Francisco Alonso/Diario Las Americas
Pese a los fallos de este sábado en los que “suprime” sus decisiones de despojar a los diputados de su inmunidad y de arrogarse todas sus competencias, juristas afirman que la Asamblea Nacional sigue anulada

Menos anulada que ayer, pero igual de anulada que a principios de esta semana. Así amaneció este sábado la Asamblea Nacional de Venezuela, pese a los fallos del Tribunal Supremo de Justicia que “suprimen” sus decisiones de despojar a los diputados opositores de su inmunidad parlamentaria y de arrebatarle todas las competencias, mientras no cumpla con sus sentencias y desincorpore a los tres legisladores de Amazonas que suspendió y reforme su reglamento interno.

Aunque el contenido de las resoluciones, anunciadas en forma de “aclaratorias”, aún no están disponibles para expertos en Derecho Constitucional las mismas no solucionan “el golpe” al Legislativo denunciado por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) ni “la ruptura al orden constitucional” señalada por la fiscal general de la República.

“Yo no veo en estas decisiones algo tan positivo como las autoridades han querido hacer ver, porque en la práctica suponen lo mismo, porque antes de las decisiones 155 y 156 (sobre la inmunidad y el despojo de las competencias) tenemos unas 54 sentencias más que han anulado a la AN y que por lo que se ve siguen plenamente vigentes. Tendría que haber una restitución plena y completa de las competencias de la AN, lo que implicaría anular todas las decisiones anteriores”, advirtió el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, José Vicente Haro, para quien los dictámenes “son un paliativo para salirle al paso a la dura reacción internacional que ha provocado este golpe”.

Para sustentar su tesis de que casi nada ha cambiado, el experto apuntó: “Si hubiera respeto a la inmunidad se liberaría a los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto y se le devolvería el pasaporte a Luis Florido. Si en realidad no se hubiera anulado al Parlamento entonces este podría legislar, podría citar a ministros y destituirlos si cree que incurrieron en faltas, podría aprobar créditos adicionales, pero nada de eso lo puede hacer y por ello sigue la ruptura del orden constitucional”.

En similares términos se pronunció el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, José Ignacio Hernández, quien aseguró que el TSJ no dio marcha atrás en realidad y calificó de inútiles los dos últimos fallos. ¿La razón? “Las sentencias 155 y 156 derramaron el vaso de agua, pero el vaso sigue lleno. Hoy la AN no puede legislar, no puede controlar, no puede designar rectores del Consejo Nacional Electoral ni revisar las designaciones de los magistrados del TSJ, tampoco puede aprobar contratos públicos, es decir sigue siendo un cascarón vacío”.

Tras aseverar que “pareciera que quisieran hacerle ver al mundo que lo ocurrido fue un pequeño error de la Sala”, el catedrático denunció: “Aquí lo que ha venido ocurriendo desde enero de 2016 es un golpe permanente de la Sala Constitucional contra la AN y contra la voluntad popular”.

Al descubierto

Para Hernández lo ocurrido en las últimas horas es una demostración de la falta de independencia y separación de los poderes públicos.

“Todos vimos cómo el TSJ y la Sala Constitucional siguen instrucciones del Gobierno, pero ahora lo vimos en televisión. Vimos en vivo y directo como el presidente Nicolás Maduro, en el Consejo de Defensa de la Nación que nada tenía que ver en este asunto, le daba órdenes al TSJ para que corrigiera sus decisiones y en cuestión de horas publicaron dos aclaratorias. Un tribunal independiente no aceptaría eso”, afirmó.

De la misma manera cuestionó el recurso utilizado para tratar de zanjar la crisis: Mediante dos aclaratorias y recordó que “ningún juez puede cambiar una sentencia después de que la dictó y por ello incurrieron en un error grave que debería conllevar a su destitución”.

Este señalamiento fue rechazado por el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, quien durante la rueda de prensa que al mediodía de hoy ofreció consideró que la aclaratoria era uno “de los recursos dispuestos en el ordenamiento jurídico” para revisar los dictámenes que han provocado la actual crisis.

Sin embargo, el funcionario parece que olvidó lo que establece el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual expresamente señala: “Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.

La propia Sala Constitucional también olvidó esto y además echó por tierra casi 18 años de jurisprudencia, en la cual de manera reiterada ha señalado el recurso de la aclaratoria “tiene como propósito (…) rectificar los errores materiales dudas u omisiones, que se hayan podido cometer en el fallo. Pero, con la advertencia, de que la facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste, sino a corregir las imperfecciones, que le resten claridad a sus declaraciones”.

Empero en este caso se suprimieron párrafos de sentencias ya emitidas.

Por último, el también constitucionalista Juan Manuel Raffali cree que lo ocurrido en las últimas horas amerita que se procese a los magistrados Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Lourdes Suárez, Luis Damiani, Calixto Ortega y al suplente de Gladys Gutiérrez, Federico Fuenmayor.

“Primero violaron la Constitución al despojarla de sus funciones y luego supuestamente corrigieron ese exceso o error o como lo llamen, pero no pueden creer que por hacer eso ya pueden irse tranquilamente a dormir”, señaló.

La petición del jurista ha sido respaldada por organizaciones como Fundeci, las cuales esperan que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, actúe.

Defensa del TSJ

Cabe recordar que la mañana de este sábado, la junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela indicó que no ha suprimido las funciones del Poder Legislativo, y que es solo responsabilidad del Parlamento “reasumir” sus funciones acatando las decisiones del Poder Judicial, señaló un cable de la agencia EFE.

“Es solo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio legal y legítimo de sus competencias constitucionales al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al estado de derecho”, informó el Supremo a través de un comunicado leído por el presidente del Poder Judicial, el magistrado Maikel Moreno.

El máximo tribunal sometió a revisión dos sentencias en las que limitaba la inmunidad parlamentaria y en las que asumía las funciones de la Cámara ante la persistencia del desacato del Legislativo en el acatamiento de varias sentencias del TSJ, luego de un exhorto del Consejo de Defensa de la Nación.

En el texto en el que fijó su posición, el TSJ sostiene que “no ha despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa con las limitaciones que establece el texto constitucional”.

Señala que las decisiones tomadas en resguardo del orden constitucional “implican la adopción de medidas destinadas a garantizar el funcionamiento eficaz de la institucionalidad democrática del Estado y la protección del Estado”.

Fuente:diariolasamericas.com

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