Published On: mar, Ene 28th, 2014

Venezolanos en Miami tratan de recuperar en las cortes cambios hechos en bolívares

Venezolanos buscan recuperar millones en cortes del sur de la Florida

Las restricciones que el gobierno de Venezuela ha impuesto desde hace años para el acceso a la obtención de divisas, ha llevado al florecimiento de una serie de operaciones para conseguir dólares que permitan financiar las importaciones que requiere la industria nacional.

Pero esta manera de actuar “a la sombra” también es caldo de cultivo para operaciones potencialmente fraudulentas, lo que ha llevado a que más de una decena de empresarios venezolanos estén recurriendo a las cortes del sur de la Florida buscando recuperar sus inversiones.

Es el caso de la demanda de la empresa venezolana All Factoring contra cinco hombres de negocios y otras cinco sociedades de Miami-Dade, Venezuela, las Islas Vírgenes Británicas, Curazao, Uruguay y Colombia.

All Factoring se define como una empresa que compra créditos que otros negocios tienen sobre sus clientes con un descuento para luego cobrar el monto total.

Edward Davis, uno de los abogados de All Factoring, dijo que la empresa sólo intentó obtener dólares para dar más facilidades a sus clientes.

“Esta transacción no era común para mi cliente”, dijo Davis.

“Creo que hay una tendencia de gente sin escrúpulos en Venezuela que se aprovechan de empresarios legítimos que intentan hacer negocios en circunstancias muy difíciles”, añadió.

La demanda afirma que All Factoring formalizó un acuerdo de préstamo a corto plazo con Atmosphere Fund, por el que All Factoring depositó 234 millones de bolívares en una cuenta de la sociedad venezolana Inversiones 01590 indicada en el contrato en diciembre del 2012. El préstamo le sería devuelto en cualquier moneda que All Factoring eligiera en 30 días o menos. Otros documentos indican que Atmosphere Fund iba a entregar a All Factoring $15.5 millones como devolución del préstamo.

Esto supone que All Factoríng iba a prestar 15 bolívares por cada dólar que le devolvieran, un precio más cercano al tipo de cambio paralelo de aquel momento –en torno a los 17 bolívares por dólar– que al más ventajoso tipo de cambio oficial de 4.3 bolívares.

Uno de los correos electrónicos presentados con la demanda, intercambiado entre un empleado de Amicorp Services, la empresa que administra Atmosphere Fund, y un corredor de una empresa de servicios financieros colombiana parece indicar que la intención de la operación era cambiar bolívares por dólares.

“Jorge es cliente nuestro y maneja una solución desde Miami a través de Atmosphere Funds, la cual puede ser ejecutada bajo el mismo precio que acordamos nosotros de 14.5 x dollar”, indica el correo.

CANCELAN LA TRANSACCION

Atmosphere Fund presentó a All Factoring una opinión legal atribuida al despacho de abogados Torres Paz & Araujo, incluida en la demanda, en la que se concluye que la operación es lícita.

“Mi cliente quiso asegurarse de que estaba cumpliendo con la ley. La empresa actuó de buena fe”, dijo Davis, quien no valoró la corrección de esa opinión legal y dijo que ni él ni sus clientes saben cómo el fondo pensaba obtener los dólares para devolver el préstamo.

Según la demanda, unos días después de formalizar el acuerdo, uno de los agentes de Atmosphere Fund envió a Francisco Martínez, gestor de All Factoring, una carta del fondo dirigida a JP Morgan dando instrucciones para transferir $15.5 millones, que nunca llegaron.

Unos días más tarde, Jorge Reyes, residente de Miami-Dade y quien se identificó como agente de Atmosphere Fund, según la demanda, les dijo que no podrían entregarles los dólares en 30 días, por lo que se rescindió la operación y All Factoring pidió que se le reintegraran los 234 millones de bolívares prestados.

Pero la cuenta en la que los demandantes depositaron los bolívares estaba controlada por Luis Wolkowiez, quien ni representaba ni gestionaba Atmosphere Fund, que de acuerdo con los documentos judiciales era propiedad del venezolano Armando Iachini.

La demanda sostiene que Wolkowiez sólo devolvió 104.6 millones de bolívares.

El abogado que defiende a Reyes, Etan Mark, afirmó que su cliente no es parte de ningún contrato, no controla las cuentas donde se depositó el dinero y no puede forzar a Wolkowiez a retornar el dinero.

“No hay ninguna evidencia que pruebe que Reyes ha hecho algo malo”, dijo Mark.

Alex F. Fox, uno de los abogados defensores de Wolkowiez, rehusó comentar sobre el caso.

Los demandados y el resto de los abogados defensores no respondieron a los emails y llamadas, rechazaron comentar o, en algún caso no pudieron ser contactados.

DEMANDAS PREVIAS

Wolkowiez había sido demandado previamente por no devolver $345,000 de los $500,000 que tenía que pagar en una cuenta de Miami-Dade por un préstamo que la empresa panameña New Grove Ventures le otorgó en bolívares (3.8 millones) entre octubre y noviembre del 2011, según la demanda.

Según el escrito judicial, Carlos Edery, ciudadano venezolano accionista de New Grove, depositó algo más de 2 millones de bolívares en una cuenta en Venezuela de Wolkowiez y entregó 1.6 millones a los padres y el hermano de Wolkowiez en Venezuela.

Wolkowiez le habría depositado $155,000 en la cuenta de New Grove en Miami Dade. Pero el cheque de $345,000 que completaría el pago fue devuelto por falta de fondos.

Según documentos judiciales, las partes llegaron a un acuerdo y el caso se cerró.

Wolkowiez también ha sido demandado por sus negocios de exportación de Estados Unidos a Venezuela.

En el 2012, José Rafael Barreto demandó a Wolkowiez porque éste no le envió desde Miami a Caracas 15 cuadriciclos Yamaha y algunos generadores por los que le había pagado $151,259.

El caso fue desestimado después de que las partes no siguieran con los trámites durante casi un año.

También Federico Pelham, quien residía en Venezuela, demandó a Wolkowiez por no enviarle un auto Toyota 4Runner por el que, según afirma la demanda, le pagó $43,932 a una cuenta bancaria de una empresa de Wolkowiez en Miami Dade, S.L.B. Investments.

Según la demanda, Wolkowiez le hizo creer a Pelham que gracias a sus relaciones comerciales con el Consulado de Venezuela en Miami y a un concesionario de Toyota, podría comprar un auto y realizar todos los trámites para exportarlo a Venezuela.

El caso sigue pendiente.

En el 2012, Wells Fargo demandó a Wolkowiez por librar un cheque sin fondos en nombre de S. L. B. investments. La respuesta a la demanda afirmaba que Wolkowiez había librado el cheque con la condición de que no fuera canjeado hasta que Wolkowiez recibiera un pedido de teléfonos celulares de forma satisfactoria. El escrito señala que los aparatos tenían el texto en árabe y no en español, y que por ello no le servían para venderlos en Venezuela u otros países latinoamericanos.

El caso sigue pendiente en la corte.

EL CASO DE SAMMY SOSA

En otro caso diferente, el empresario venezolano Julius Jessurun Arenas interpuso una demanda, que fue posteriormente retirada, contra INJEX 21 –empresa con sede en Fort Lauderdale del ex pelotero Sammy Sosa– el director ejecutivo de la compañía, Robert Miller, y contra otra empresa de Sosa, por la falta de pago de comisiones en dólares.

En la demanda y en la notificación previa a su interposición dirigida a Miller, se alega que a Arenas no le pagaron casi la mitad de una comisión de $815,000.

Este pago, afirma la notificación, se había acordado después de que Arenas consiguiera a finales del 2012 que una empresa del municipio venezolano de San Francisco –cuyo objetivo es el aseo urbano y la disposición y reciclaje de desechos sólidos– hiciera un pedido de inyectores sin aguja como los que se utilizan para inyectar anestesia o insulina a los diabéticos por valor de $2.3 millones.

La demanda o los otros documentos entregados como pruebas no explican cómo se financió el precio de la compra pero afirman que INJEX 21 cerró una segunda venta de inyectores a la misma empresa pública por valor de $4.4 millones, rompiendo la autorización exclusiva que le habían otorgado a la empresa de Arenas para distribuir los inyectores en Venezuela.

En la notificación previa a la demanda, el abogado de Arenas afirmó que si INJEX 21 no le entregaba a Arenas el dinero que le debía, notificaría a CVG International, empresa pública del estado venezolano que importa productos para empresas públicas e instituciones públicas de Venezuela.

En total, por las dos operaciones, Arenas le exigía a INJEX 21 el pago de $1.9 millones.

Miller no quiso realizar comentarios sobre el caso cuando una reportera de El Nuevo Herald acudió a las oficinas de INJEX 21 y se limitó a decir que Arenas era un mentiroso.

Después de que Arenas afirmara haber llegado un acuerdo con las empresas de Sosa, el abogado de Arenas, Brad Westerhold, envió a El Nuevo Herald una declaración bajo juramento del empresario, fechada dos días antes de que la demanda fuera retirada, en la que desmentía sus declaraciones.

Arenas había dicho el mismo día en el que retiró la demanda que los representantes de los demandados le estaban poniendo como condición para firmar un acuerdo que él se comprometiera a negar lo que había declarado previamente a El Nuevo Herald.

En la declaración jurada, Arenas niega sus afirmaciones de que INJEX 21 violó su acuerdo de ventas y sus derechos exclusivos a vender sus productos y, en general, todo lo que había declarado a una reportera de El Nuevo Herald.

Tanto Fox como Davis creen que hay muchos más casos de venezolanos que perdieron su dinero intentando conseguir dólares.

“La mayoría de ellos no llegan a la corte”, dijo Fox. “Mucha gente no tiene dinero para contratar a un abogado. Y si no hay posibilidad de recuperar dinero, para qué gastar”.

“Apostaría a que por cada caso de los que se tiene constancia, hay 8 o 10 que no han salido a la luz aún y que puede que nunca salgan”, dijo Davis.

 

El Nuevo Herald/María Pérez

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