Published On: lun, Sep 2nd, 2013

Venezuela de espaldas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

  -Se aparta de del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

-Incumplió 15 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Cuando la agente del Estado María Auxiliadora Monagas admitió ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de Venezuela por las desapariciones forzadas de personas durante la tragedia de Vargas, también ofreció disculpas a los familiares de las víctimas. Alejandra Iriarte, esposa de uno de los desaparecidos, le contestó: “Yo no quiero gestos, yo quiero justicia”.

A pesar del allanamiento del Estado, no se cumplió nada de lo dispuesto en la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2005: ni la exigencia de investigación y sanción efectiva a los responsables de los excesos policiales y militares, ni las reparaciones pecuniarias ni (lo más grave) las medidas para garantizar que no se repitan las violaciones de derechos humanos.

La contumacia se ha mantenido hasta el presente, con el agravante de que el 10 de septiembre entra en vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resuelta hace un año por el fallecido presidente Hugo Chávez. Venezuela se aparta del sistema regional de derechos humanos y se pierde la jurisdicción de la Corte Interamericana con una deuda por pagar a 265 víctimas que fueron amparadas por el máximo tribunal hemisférico, después de fracasar en el intento de lograr la reparación de los daños sufridos en los juzgados nacionales. Sólo por concepto de indemnizaciones establecidas en 13 de las 15 sentencias condenatorias, se deben $ 9.771.998,95.

La principal deuda está asociada a la impunidad. En todos los casos sigue pendiente el deber de investigar y sancionar a los responsables de los atropellos. En 11 de las 15 sentencias, la Corte Interamericana demostró la violación de los derechos a garantías y protecciones judiciales.

En seis fallos se condenó al Estado por violación de los derechos a la vida y la integridad personal. Los daños en casos de muertes son irreversibles, sin embargo, la reparación se orienta a evitar que se repitan los hechos lesivos mediante la adopción de medidas correctivas y preventivas. En esta materia el incumplimiento es total.

Ni siquiera los dos primeros casos (El Amparo y El Caracazo) han servido para que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste a los estándares internacionales, específicamente en el uso proporcional y progresivo de la fuerza.

En otros cuatro casos fue comprobada la violación de la libertad de expresión y en tres más la debilidad del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces venezolanos.

La única sentencia sobre violación de derechos políticos fue impulsada por el ex alcalde de Chacao Leopoldo López, a propósito de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Oídos sordos. El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, explica que la denuncia de la Convención Americana no tiene efectos retroactivos y que la Corte mantendrá intactas sus facultades de supervisión del cumplimiento de todas las sentencias que ha dictado sobre Venezuela: “Recibirá información de las partes, convocará a audiencias y emitirá resoluciones hasta que haya cumplimiento cabal y completo. El Estado venezolano no se puede desentender; ningún Estado lo ha logrado”.

Ayala Corao lidera las acciones que ha desarrollado el movimiento de derechos humanos en Venezuela para detener la denuncia de la Convención.

Solicitaron la suspensión de sus efectos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero esta no ha dado respuesta.

En un comunicado divulgado ayer, decenas de activistas y académicos alertan a la comunidad internacional: “La desvinculación de Venezuela de las disposiciones contenidas en la Convención debilita y en definitiva quebranta, en forma grosera, el derecho de petición de las personas ante órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo de sus derechos humanos, consagrado en los artículos 33 de la Convención y 31 de la Constitución venezolana”.

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello resume lo fundamental de las pérdidas: “Las víctimas ya no tendrán la posibilidad de ser escuchadas por un tribunal independiente donde ellas puedan decir su verdad. La madre de uno de los fallecidos en la masacre de El Amparo, una viejita que vivía en pobreza extrema, nos decía: `Yo no quiero plata, a mi hijo no me lo van a pagar como si fuera un becerro. Yo lo que quiero es que el Gobierno reconozca que mi hijo no era un guerrillero”.

Con informacion de El Nacional

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